Carme Forcadell i
Lluís
Presidenta del
Parlamento
de Cataluña
Señora:
Desde una
organización contra la corrupción con la que colaboro me han trasladado la
convocatoria de comparecencia remitida por Ud. a su domicilio social, para que
lo haga el próximo 18 de julio a las 17 horas, ante la Comisión de Investigación
sobre la operación Cataluña en ese Parlamento. La sede social de dicha organización
no es mi domicilio y no recibe mi correspondencia personal.
El día 18 de julio no podré acudir a su convocatoria por razones de inexcusable atención por mi parte. Si consideran convocarme para fecha posterior -a partir de octubre es muy posible que hayan desaparecido las circunstancias que me impedirán acudir ahora- lo haré, siempre que ello sea posible, atendiendo a las consideraciones que le expondré a continuación.
El día 18 de julio no podré acudir a su convocatoria por razones de inexcusable atención por mi parte. Si consideran convocarme para fecha posterior -a partir de octubre es muy posible que hayan desaparecido las circunstancias que me impedirán acudir ahora- lo haré, siempre que ello sea posible, atendiendo a las consideraciones que le expondré a continuación.
Cualquier citación
dirigida a mí puede tramitarse a través de la Dirección General de la Policía.
Soy policía en situación de segunda actividad sin destino, sujeto a los mismos principios
básicos de actuación y régimen disciplinario que en situación de Activo. No
facilitarle mi dirección particular no es un capricho; he aparecido cuatro
veces en listas como objetivo de ETA,
que aunque ya no mata sigue teniendo elementos violentos; he recibido amenazas
de muerte en redes sociales por personas anónimas con esteladas (con especial
insistencia el año 2014 por realizar manifestaciones contrarias al referéndum
ilegal del 9N), y en mis años de actividad policial y sindical he formulado denuncia
contra policías corruptos que han cumplido largas condenas de cárcel, lo que justifica
mantener cierta reserva sobre mi domicilio.
Sería conveniente
también que se extremara el cumplimiento de los requisitos legales en la
siguiente citación, si se produce, dada la calidad del escrito que he recibido
y que puede ser fácilmente falsificado (fotocopiado, borroso y con una firma no
autenticada debajo del texto en catalán, que no entiendo, y sin firmar debajo
del texto en castellano), evitando que deba realizar comprobaciones sobre la
veracidad de la convocatoria que puedan demorar mi comparecencia.
Señala Ud. en el
escrito que con mi testimonio aporte “…los conocimientos que tenga, o la
participación que haya podido tener en relación con la existencia de la
denominada Operación Cataluña, u otras operaciones policiales o de los
servicios de seguridad del Estado en relación con el proceso político que está
viviendo Cataluña estos últimos años, y sobre si en el marco de estas
operaciones se han efectuado escuchas, seguimientos, informes y dossiers sobre
personas con actividad política en Cataluña, partidos políticos u
organizaciones y entidades, y cuál ha sido el alcance y contenido de estas
actuaciones, así como sobre los conocimientos que tenga sobre los informes
anónimos de la UDEF”.
Estar sometido al
secreto profesional impide facilitar cualquier información que pueda ser
conocida con motivo de mi desempeño profesional; a tal efecto, haber sido
secretario general del sindicato mayoritario durante más de 20 años no me exime
de expedientes disciplinarios, querellas ni sanciones como le explico
seguidamente.
El ex director
general de la Policía, Ignacio Cosidó, me invitó a comer el 22 de abril de 2012,
junto con un miembro del PP que había ocupado cargo relevante en Interior en el
pasado, para “convencerme” de que dejara de denunciar la existencia de un ático
sospechoso en Estepona, alquilado, según unos, propiedad por comisiones
ilegales, según otros, del entonces vicepresidente de la comunidad de Madrid
Ignacio González. Mi negativa y posterior denuncia judicial sobre las sombras
de dicho ático dieron lugar a tres querellas y cuatro expedientes (el último
con propuesta de 45 días de sanción todavía pendiente) en mi último año de
mandato como secretario general, que concluyó en junio de 2013.
Para la primera de
dichas sanciones se utilizó como excusa la remisión al juzgado y difusión a
medios de comunicación del “informe UDEF”. Dicho informe nos llegó de forma
anónima y tras su análisis y coincidir con las críticas que desde años atrás
recibíamos de quienes estaban en esas tareas de investigación judicial, concluimos
que no era un documento oficial pero refería hechos que se habían y se estaban
investigando en la UDEF, donde existía un gran malestar por la dispersión de
sumarios que, según nos informaban, formaba parte de una estrategia premeditada
para no acumular en un solo caso las prácticas corruptas que se llevaban a cabo
en la administración catalana, pretendiendo con ello diluir la magnitud de la
corrupción de la que se tenía conocimiento.
Sobre el informe UDEF
se ordenó una investigación a la unidad
de Asuntos Internos en la que a mí no me tomaron declaración; el jefe de UDEF,
ascendido después a jefe superior de Policía de Galicia, Manuel Vázquez López, mantuvo
ante el juzgado que no era un informe oficial, y Cosidó dispuso la apertura de
un expediente disciplinario contra mí que cerró con una sanción de suspensión de
45 días de empleo y sueldo, siendo el primero de los varios que tuve tras su
amenaza por no retirar la denuncia del ático. Recurrida la sanción ante la
autoridad judicial competente, la misma consideró que se trataba de vulneración
del secreto profesional y ratificó la sanción graduada con 30 días en vez de
45, considerando que primaba la condición profesional sobre la libertad
sindical, por lo que la condición de responsable sindical no era eximente,
ignorando que al no ser un documento oficial no podía existir vulneración de secreto.
Ahorro cualquier comentario sobre la fiscalía de Madrid (Manuel Moix) y su
funcionamiento en ese periodo, y sobre presiones políticas a los jueces. Con este
antecedente, entenderá Ud. que mientras esas normas no se cambien hay poco margen
de maniobra para contar nada, ni en esa Comisión de Investigación ni en ninguna
otra, salvo que sean hechos delictivos o irregulares de los que tenga pruebas,
único caso en que podría manifestarlo en esa Comisión y que, en caso de haberse
producido tal circunstancia, ya habría
denunciado ante la autoridad judicial competente. Le ahorro detalles de otras
sanciones recibidas en ese periodo 2012-2013, pero sirva de ejemplo una condena
a multa de 60€ por injurias leves (despenalizada) por querella de otro mando
policial afín a Cosidó, que el director general y su mano derecha Antonio
Rodríguez, (que sigue ocupando el mismo cargo hoy, subdirector General de
Recursos Humanos), consideraron que merecía un reproche disciplinario de 20
días de suspensión de empleo y sueldo; para que se apreciara su capacidad
discrecional de graduar la sanción, el expediente fue presentado en la misma
reunión del Consejo de Policía donde se vio otro expediente a un comisario
destinado en Canarias a quien por dos delitos graves, uno de ellos con riesgo
para la vida de la ciudadanía, le imponían cinco días de sanción por cada uno
de ellos; una falta leve por actividad sindical se sanciona con 20 días, dos
delitos graves, con riesgo para las personas, con 10 días.
Los informes anónimos de UDEF, como Ud. bien
dice, son anónimos, llegaron a la sede sindical en dos tandas, primero uno que
se estaba difundiendo en medios de comunicación, y en fechas posteriores otros
varios más, sin que se sepa la identidad del autor/autores del envío ni de la
elaboración. Los sobres que los contenían fueron guardados en la sede para
entregarlos a la unidad de Asuntos Internos, puesto que inmediatamente se
anunció una investigación de dicha Unidad, pero a nosotros nadie nos tomó
declaración al respecto ni nos solicitó que aportáramos ni los sobres ni los
informes recibidos. Parece como si supieran quien los había hecho o no les
interesara saberlo. Desconozco si los sobres siguen custodiados en el sindicato y
podrían ser objeto de alguna prueba pericial; dejé la secretaría general en
junio de 2013 y la presidencia de honor en junio de 2014. Dudo que sigan allí porque
la personación como acusación popular que realizamos en octubre de 2012 en el
caso del ático del vicepresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González,
y que tanto molestaba a los mandos políticos del Gobierno, fue retirada por el
sindicato una vez abandoné la presidencia de honor. No parece que tengan
interés por colaborar en descubrir corruptos. La actual secretaria general,
Mónica Gracia, era vicesecretaria general cuando se recibieron los informes,
aparece conmigo y otros tres miembros de la dirección nacional en la rueda de
prensa convocada para entregarlo, y desconozco si ha tenido alguna noticia
posterior sobre el asunto que pueda ayudar a la identificación de los autores
del informe.
De actuaciones
policiales en Cataluña he oído hablar en determinados círculos policiales desde
mediados de la década de los 80. Desde el caso Banca Catalana, donde tenía un
cargo de responsabilidad el expresidente Pujol, ya se decía que el Gobierno
(entonces presidido por Felipe González) les permitía prácticas corruptas para
que fueran políticamente moderados. No tengo documentación ni prueba alguna que
pueda acreditar que eso sea cierto. Ese rumor se amplió en la década de los 90
con motivo del nombramiento como vocal del Consejo General del Poder Judicial,
a propuesta de CiU, del juez Luis Pascual Estevill, condenado y expulsado de
dicho órgano en 1996, siendo condenado también en el mismo caso el abogado Juan
Piqué Vidal, que lo fue del Sr. Pujol en el caso Banca Catalana, por delitos de
soborno, chantaje, alzamiento de bienes, detención ilegal, cohecho continuado y
prevaricación, entre otros, comentándose en determinados círculos policiales
que tanto el juez como el abogado eran delincuentes protegidos por la
corrupción política catalana, lo que les permitía actuar impunemente y ocupar
cargos de alta responsabilidad con la complicidad del Gobierno de España. Se
comentaba también que el CESID elaboraba seguimientos y notas sobre las
personas que iban a acceder a esos cargos de alta responsabilidad, extremo que
no puedo confirmar que sea cierto.
Rumores y comentarios
siempre han existido respecto de la impunidad con la que se cometían delitos en
Cataluña; durante los últimos años de mi mandato como secretario general existía
el convencimiento en personas que trabajaban en las unidades de investigación
especializadas, que cuando se recibían denuncias que pudieran afectar a políticos
catalanes cercanos a Pujol se impedía su investigación. De eso se quejaban
miembros de la UDEF, contando que algunos de ellos habían pedido la baja porque
les modificaban sus informes, y que cuando pretendían establecer relación entre
varios casos de prácticas corruptas en Cataluña que afectaban a políticos del
gobierno catalán se paralizaban o se tramitaban como asuntos por separado,
impidiendo conocer la magnitud de la corrupción a investigar en dicho territorio.
Lo que conozco de la operación Cataluña es eso, lo mismo que de la operación
Madrid, si a las acciones policiales en los casos Púnica, Gürtell, Lezo… contra
presuntos delincuentes alguien quisiera darle ese nombre y pretender que es un
ataque político contra miembros del PP en Madrid.
Lo que hicimos con
los papeles de UDEF en el SUP es exactamente lo mismo que hicimos con el caso
del ático: remitir los datos que teníamos a los juzgados correspondientes y a
los medios de comunicación, uno en Barcelona que llevaba el caso Palau y otro
en Estepona, a quien correspondía por la localización del ático. Y lo mismo que
hicimos durante años en casos similares con otras denuncias, por ejemplo de irregularidades
en la adquisición de robots del TEDAX, en el servicio de arquitectura y obras
(en trámite judicial), en la adquisición de vehículos, etc., siempre que existieran
unos indicios suficientes sobre los hechos a denunciar.
Considero que para
facilitar datos en una Comisión parlamentaria o en sede judicial hay que tener indicios
sólidos, pruebas o datos concretos que puedan arrojar luz sobre el asunto en
cuestión, y no es el caso. Mis opiniones, creencias, conocimientos,
conversaciones… en las que haya oído cualquier tipo de comentario o información
no serán vertidas en ninguna Comisión ni ante ningún organismo oficial porque
no lo considero procedente sin disponer de las pruebas que así lo avalen.
Lo que sé de lo que
se llama operación Cataluña es, además de por comentarios y conversaciones
privadas, por los medios de comunicación. Conozco que hay diligencias
judiciales abiertas por la acusación contra el sr. Trias, por la que está
imputado el exDirector Adjunto Operativo, Eugenio Pino (quien al parecer mantiene
la veracidad de dicha información), y he leído en los medios de comunicación
que el sr. De Alfonso manifestó haber visto un pantallazo de la presunta cuenta
del Sr. Trías mostrada en su teléfono por el sr. Fuentes Gago.
Supongo que ya sabrán, porque además de en
comentarios entre policías se ha publicado en distintos medios, que se creó una
Brigada en el seno de la Unidad de Asuntos Internos para hacer “investigaciones
delicadas” cuando dicha unidad estaba dirigida por el comisario principal
Marcelino Martín-Blas Aranda. Que Martín-Blas viajó en noviembre de 2012 a
Barcelona, acompañado del ex jefe de UDEF José Luís Oliveras, para, según
informaciones periodísticas, tratar de convencer al fiscal del caso Palau,
Sánchez Ulled, de algún asunto relacionado con la investigación del caso Palau,
investigación con la que nada tenía que ver la Unidad de Asuntos Internos que
él dirigía. Al parecer estuvo también presente en dicha reunión el fiscal
Bermejo, si bien todo esto que expongo es de conocimiento a través de medios de
comunicación y no directamente por los citados u otras personas implicadas. Informaciones
de terceras personas cuya veracidad no he podido contrastar, dicen que el señor
Martín-Blas llevaba un documento de varios folios a la referida reunión con los
fiscales, con argumentos (y párrafos completos me dijeron) idénticos a algunos
contenidos en el informe UDEF. No sé si el cotejo de ambos documentos puede
aportar alguna luz sobre el particular. Por otra parte en la Policía funciona
la Junta de Gobierno, en la que están los comisarios generales, subdirectores,
DAO, jefes de División y director general de la Policía, que posiblemente
puedan aportar más datos que yo sobre esta operación Cataluña. Varios miembros
de la Junta de Gobierno de la Policía nombrada por Cosidó siguen ocupando los
mismos u otros cargos de la misma en la actualidad.
En relación con
informes, dossier, etc., no conozco ninguno que haya sido elaborado con datos
falsos para perjudicar a ningún político, salvo lo que he conocido por medios
de comunicación, como en el del antes señalado como “caso Trías”, que el ex DAO
defiende y se está tramitando en los tribunales, y sobre el conocido como
“informe PISA” que, según criterio general en medios de comunicación, policías,
jueces y fiscales que lo han leído (yo no), es una evidente manipulación propia
de una policía política dirigido contra el secretario general de Podemos, Pablo
Iglesias. Respecto a este informe PISA he leído en algunos medios de comunicación
que el entonces jefe de UDEF, Manuel Vázquez López, trató con algunos jueces y
fiscales para que se iniciara una investigación judicial sobre dicho informe,
lo que solo es posible si era un documento oficial, (es el mismo mando que negó
que el informe UDEF hubiese salido de dicha unidad); si bien esas gestiones no
puedo confirmarlas por evidencia empírica que tenga en mi poder, se ha
publicado en distintos medios de comunicación y no se ha producido
rectificación.
Me permito señalar
que, a expensas de otros datos, dossiers o información que existan en poder de
las señorías que trabajan en la referida comisión, busquen el origen del
informe PISA, a través del entonces jefe de la UDEF antes citado o por otras
vías, porque si existía operación Cataluña y policía política, quien elaboró
ese engendro seguro que no es ajeno a quienes hacían otros informes falsos y
otro tipo de maniobras ilegales.
Dos consideraciones
finales.
Primera, que si
deciden que puedo aportar algo personalmente en la Comisión y me vuelven a
citar (a través de la Dirección General de la Policía), con la citación me
hagan llegar, por el medio y forma que estimen oportuno, la dieta de
manutención correspondiente para el desplazamiento desde Sevilla a Barcelona y
la estancia, alojamiento y billete de transporte de ida y vuelta, porque no voy
a adelantar ni un euro de mi modesto salario para esa comparecencia.
Segunda, que en la
citación, si se produce, solicito conste información sobre el partido o
partidos políticos que propusieron y decidieron mi comparecencia, pues según
que sean partidos que respetan las leyes del Estado español o sean independentistas,
que han decidido no cumplirlas por considerarse patriotas de Cataluña, decidiré
sobre mi asistencia o no a dicha Comisión asumiendo las consecuencias legales
que de ello puedan derivarse. Si hay políticos que consideran por su
sentimiento patriótico que pueden dejar de cumplir las leyes del Estado, como patriota
español –y policía, socialista y jacobino- decidiré en conciencia si acudir o
no a la convocatoria de ese Parlamento, que no es el mío, y sobre el que nunca
he podido votar. Apelar al reglamento del parlamento de Cataluña, que ni
conozco ni me importa (porque soy andaluz), o al Código Penal, que forma parte
de la legalidad que no reconocen salvo para aplicármela a mí y exigirme su
cumplimiento, es de una hipocresía política y de una catadura moral que no
califico para no ofender innecesariamente.
Atentamente,
Fdo.: José Manuel Sánchez Fornet
