Policías en los desahucios
Siempre ha habido desahucios pero ahora el nivel de
tolerancia social es distinto, menos permisivo con esa práctica. Se tiende a
ver eso de los desahucios ahora como si fuera una gravísima condena (que lo es)
por la situación económica que atravesamos, y en cambio los desahucios llevados
a cabo durante los años anteriores han pasado desapercibidos. Un desahucio es
un drama siempre, con o sin crisis económica, y por eso lo primero que hay que
pedir es una solución con efecto retroactivo, que permita a quienes han perdido
su vivienda por circunstancias sobrevenidas recuperarla de las garras del
banquero que se la quedó.
Circunstancias sobrevenidas son aquellas con las que no
se cuenta y que hacen imposible que cumplas los compromisos adquiridos, porque
chorizos que viven del cuento y llevan muchos años alquilando y no pagando, y
llevan 3, 5 o 8 desahucios también los hay y a esos no hay que protegerlos. Y
dicho esto, dado que la crisis económica deja en posibilidad de desahucio a
muchas más personas, bienvenido sea ahora este clima de crispación contra los
mismos.
Un desahucio es una de las tareas más ingratas que
desarrolla cualquier miembro de los cuerpos de seguridad, sea del Estado,
autonómico o local. Debe tenerse en cuenta a esos efectos que un desahucio es
siempre una resolución judicial y que incumplir una orden expresa, una
resolución judicial, puede ser considerado desacato, entre otras figuras del
Código Penal, que pueden acabar con el policía expulsado para siempre de su
profesión y puede que hasta encarcelado.
Es habitual recibir llamadas de los ciudadanos (ahora con
las redes sociales más) pidiendo que los policías no cumplan su obligación en
un desahucio sin conocer las consecuencias de ello, y nosotros siempre hemos
defendido que un policía no puede hacerse el “harakiri” porque con eso no
consigue más que perjudicarse a sí mismo y su gesto sería olvidado al día
siguiente, luego sería una actuación estéril. Los responsables de los
desahucios son, en primer lugar, los políticos que hacen las leyes; en segundo
lugar, los jueces, que las aplican y pueden interpretarlas; en tercer lugar,
los bancos, que impulsan los desahucios; y en algunos casos también los
propietarios que no estando en situación de necesidad simplemente han querido
vivir por encima de lo que su economía le permitía, casos que también se dan.
Culpar a un policía es como culpar al enterrador de la muerte del difunto.
La crisis y el crecimiento de los desahucios ha provocado
un cambio en el clima social y ya el Gobierno, los partidos políticos, los medios
de comunicación, los jueces, los sindicatos… están exigiendo una solución para
ello, y es en este momento cuando, queriendo contribuir a que se haga justicia
y se proteja a quienes más lo necesitan, el SUP puede decir que abonaremos el
sueldo y garantizaremos una defensa jurídica a cualquier compañero que se
oponga a realizar un desahucio. Es nuestra manera de tomar posición en defensa
de quienes más lo necesitan. Es el momento porque ha habido varios casos de
suicidios, esto ha provocado una alarma social, y es posible que algún compañero sienta que de
acudir a un desahucio ello le puede acarrear problemas morales y de conciencia
que perturben su estabilidad emocional, y por ahí comenzaríamos los argumentos
de su defensa ante el expediente disciplinario y los posteriores recursos ante
los tribunales de justicia. La situación creada permite un argumento de defensa
que hace un año era imposible. Hay quien incluso critica a los policías que no hayamos
hecho nada antes y cuenta solo uno de los cinco muertos que se han producido -según
mis informaciones- en los últimos meses; así que, si esta persona tan
preocupada y que tanto nos exige a nosotros no se ha enterado de quienes se han
quitado la vida agobiados por la situación, habría que ver la repercusión que
tendría que un policía se negara y fuera expedientado y expulsado. Ni una línea
en un medio de comunicación ni posibilidad de defensa porque nadie prestaría
atención a eso, como no se ha prestado atención a los cientos de miles de
familias desahuciadas los últimos años. Hay expertos en exigir a los demás que
hagan cosas y arriesguen su profesión y hasta la cárcel desde la comodidad de
su ordenador o teléfono, pero habría que ver si alguna vez han hecho algo por
alguien y han puesto en juego algo tan valioso siempre y mucho más hoy como su
trabajo.
Con la declaración realizada hemos querido señalar, de
una parte, que estamos con quienes han perdido el trabajo y ahora los quieren
echar de su casa, y exigimos al Gobierno que legisle para resolver esta situación
o será responsable por omisión. Una posición coherente con la trayectoria de
esta organización. Y de otra parte, que el compañero que anímicamente considere
que intervenir le puede ocasionar problemas personales sepa que contará con
nuestro apoyo.
Esto de defender los derechos de los policías desde
planteamientos de respetar la ley y los derechos, libertades y seguridad de los
ciudadanos obliga a veces a complejos procesos de análisis de la situación y
circunstancias en que es posible hacerlo todo sin contradicciones. Creo que con
esta postura actuamos en coherencia con todos esos principios. Porque siendo
cierto que un policía cuando se coloca el uniforme debe ignorar cualquier consideración
individual, idea personal o ideología, aquí estamos en lo que podría ser una
causa de objeción de conciencia, pero como eso nos está prohibido a los policías
(como tantos otros derechos) es nuestra obligación, creo yo, buscar las
formulas que permitan compatibilizar el cumplimiento de la ley con la dignidad
personal de quien la hace cumplir.
La ley te exige intervenir en todo tiempo y lugar si se
está cometiendo un delito o si hay riesgo para la vida de una persona pero es
al policía a quien corresponde decidir si arriesga más o menos su vida (por cierto,
en lo que va de año tenemos cuatro muertos en acto de servicio, tres en A
Coruña y uno en Conil, en misión de auxilio en el mar), y no se puede reprochar
a nadie que intente un rescate, no lo consiga y que no persista hasta perder la
vida. Salvando todas las distancias, un policía, por muy profesional y asumido
que tenga que es una herramienta del Estado y la ley y que debe actuar como tal,
es una persona que en la situación actual puede considerar que su trabajo no
llega hasta expulsar a una familia de su casa porque eso es condenarla a una
muerte lenta por depresión y miseria, que puede conducirle a él a una situación
inestable mentalmente y por lo tanto objeta negándose a hacer ese trabajo
sucio.
Quienes sigan actuando tendrán nuestro apoyo también
porque es un problema que deben resolver otros y no nos es exigible que
resolvamos problemas que nos son ajenos, pero sí hay que decir que alguna
imagen de un funcionario vestido de robocop, alto, corpulento, joven, con una
defensa cogida por las dos manos y golpeando a la altura del percho a ancianos
y ancianas no es propio de una policía democrática y deberían impedirse. Quién
actúa así no lo hace en cumplimiento del deber sino con un carencia de profesionalidad
y ética personal propia de una dictadura sanguinaria y que no tiene cabida en
una sociedad democrática de ciudadanos con derechos.
Madrid, 10 de noviembre de 2012
José Manuel Sánchez Fornet
Secretario general del SUP