Hace unos días se ha desatado una
polémica en Madrid por una desavenencia profesional entre un bombero que estaba
apagando un contenedor incendiado, y un policía que al mando de un subgrupo de
la UIP se disponía a pasar por esa misma calle hacia otra zona donde se estaban
produciendo más daños en el mobiliario público.
Las imágenes del encuentro de
ambos dejan en evidencia un, al menos, intento de agresión del bombero, con el
casco puesto, contra policía actuante. Según el bombero el policía se dirigió a
él con malos modos y exigencias innecesarias porque los coches policiales
podían pasar sin necesidad de retirar la manguera y mi compañero dice que no
podían pasar los vehículos policiales con el despliegue de los bomberos.
La razón podía estar en
cualquiera de las dos partes pero el intento de agresión del bombero, si tenía
alguna, le hizo perderla. Se produjo una detención que considero ajustada a
derecho y puesta a disposición judicial del bombero y la jueza del caso ha solicitado
visionar la cinta del momento de la presunta agresión para tener más elementos
de juicio.
Hasta el intento de agresión y
posterior detención todo podía haber quedado en una de las numerosas incidencias
entre distintos Cuerpos que se producen cuando concurren en un asunto, sean policías
con guardias civiles, policías locales, autonómicas y, en menor medida,
bomberos.
El “reparto de papeles” parece
estar bien entendido por todos. Cuando hay un incendio, derrumbe, u otra
circunstancia que exige su actuación, los bomberos dirigen el dispositivo y
nosotros los auxiliamos evacuando o acotando la zona, y cuando son ataques al
mobiliario público ellos acuden, bajo protección policial si es preciso, a
apagar el incendio.
Porque no es la primera vez que
un contenedor prende varios coches y si no se apagan los coches no es
descabellado pensar que pueden sufrir daños los edificios cercanos, y hasta en
caso extremo, extenderse el fuego a los mismos.
Después del momento del incidente
entre el policía y el bombero todo ha sido un continuo despropósito. El
Ayuntamiento de Madrid y los compañeros del bombero a través de sus sindicatos
(al menos se han pronunciado CCOO y UGT) han hecho una defensa cerrada de su
actuación, a pesar de lo que parece un evidente intento de agresión.
Desde el lado del policía, el
SUP, otros sindicatos policiales y la delegada del Gobierno han defendido al
policía, pero el director general de la Policía no ha abierto la boca. Está
midiendo si le interesa o no a su carrera política pronunciarse y no quiere
equivocarse por defender a un policía.
El despropósito continúa cuando
se conocen los antecedentes del bombero, y tras la lógica indignación por la
filtración, anuncian los bomberos que no acudirán a ningún fuego hasta que no
se vaya la Policía del lugar. Esta mal
que se conozcan los antecedentes, pero la jueza los iba a tener y desde luego
tenerlos por violencia hacia un familiar y contra dos policías locales en dos
asuntos distintos no dicen mucho del ánimo templado del profesional en cuestión,
y hacen más creíble lo que parece observarse en las cintas existentes del
conflicto, esto es, que perdió los papeles y propinó o intentó un cabezazo. Otras
muchas cuestiones colaterales se han comentado en las redes sociales pero
entiendo que cuando un dispositivo policial se desplaza por una calle y va
hacia una zona concreta para prevenir incidentes los bomberos no pueden decir
que esperen a que se acabe de apagar el contenedor porque pudiera ocurrir que
por llegar tarde ardan más contendedores.
Ahora habrá que esperar a ver qué
hacen los bomberos la próxima vez que haya contenedores ardiendo en la vía pública,
si acuden o no, y después actuar en consecuencia, con la ley en la mano, aunque
a veces denunciar a quien por negligencia ha provocado que se incendie tu coche
no parece suficiente en un país con la justicia como está en el nuestro. Lo que
creo que no debe hacer nunca la Policía es abandonar el lugar donde se estén
produciendo actos violentos. La Policía es la garante de la seguridad y el
brazo del Estado en cada calle, y aunque a veces las funciones encomendadas son
difíciles de llevar a la práctica y más aun de entender, sin la Policía llegaría
el caos.
La ciudadanía entiende –algunos no-
que la policía cumple órdenes de quien ellos han elegido, y que si actúa mal
hay que cambiar a los que dan las órdenes, los políticos. Y si estamos ante
casos de desahucio, lo que hay que hacer es votar a políticos que cambien las
leyes que los jueces se ven obligados a aplicar y nosotros a cumplir. Hay gente
que por las redes sociales piden a los trabajadores de la seguridad pública,
los policías, que se nieguen a cumplir esas órdenes. Da igual si ello supone un
delito por desacato a una orden judicial o si la consecuencia para el policía
es la pérdida del puesto de trabajo. Quien dice esto es posible que sea muy
escrupuloso en tener al día sus pagos fiscales no vayan a multarlo (no lo
expulsarán del trabajo ni lo condenaran penalmente por ello) y puede que hasta
sea un obediente pelota de su jefe que lo maltrata sin que sea capaz de
defenderse dignamente. Y están también los que hablan en nombre del pueblo,
esos que dicen “somos el pueblo, hacednos caso”, sin caer que eso es
exactamente lo que se hace obedeciendo a quienes los ciudadanos han decidido
que impartan dichas órdenes. La Policía actúa por delegación del pueblo, que ha
elegido libremente a sus mandos políticos.
Por si sirve de algo a esos
sindicatos que apoyan al bombero y que exigen que se retire la Policía antes de
llegar ellos, que no creo, les diré que en mi opinión la función pública en
democracia tiene ventajas y servidumbres y hay que aceptarlas unas y otras. Y
los servicios de emergencia, como el caso que nos ocupa, con mucha más
profesionalidad.
Los policías no tenemos derecho
de huelga, ni de medidas sustitutivas de la misma, ni derecho a la negociación
colectiva, y únicamente existe un órgano mediador cuyas decisiones no son
vinculantes, luego es inútil, y formado a partes iguales por la Administración
y los sindicatos, que cada cuatro años eligen a sus vocales. Este órgano, el
Consejo de Policía, es inútil como órgano solucionador de conflictos, que no
como elemento de participación y debate pues, aunque en los últimos años
bastante menos, en el mismo se han aprobado normas que mejoran la situación de
los miembros de la Policía.
El SUP, desde la clandestinidad,
siempre exigió que se reconociera el derecho de huelga –que la Constitución no
nos prohíbe- y arbitrar un mecanismo de negociación que garantizara la defensa
de los intereses de sus miembros a cambio de renunciar al ejercicio de ese
derecho de huelga (limitado o prohibido en la práctica totalidad de las policías
estatales del mundo). El Gobierno no pensó lo mismo e incluso nos recortó
derechos que tienen policías estatales de todos los países democráticos, como
es estar afiliados a cualquier sindicato, mientras aquí solo podemos estar y
crear sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía. Quizás esta situación con un
sindicato de policías estatales, bomberos, locales, etc. no se habría
producido. Los derechos sindicales de los policías civiles estatales españoles
no están al mismo nivel que los de las policías de otros países.
A pesar de estas trabas legales y
limitaciones de derecho, en mi opinión, y así lo expliqué muchas veces cuando
era secretario general del SUP, es imposible conjugar el derecho de un policía
a hacer una huelga por una mejora salarial o más medios profesionales mientras
con su abstención laboral provoque crímenes, violaciones, agresiones y robos. No
es esa la idea de democracia que teníamos en el SUP y que yo aprendí en el
sindicato. Siempre mantuvimos que con plenos derechos sindicales y un mecanismo
de negociación vinculante, que estableciera organismos a los que recurrir (y
que en Francia conceden la última palabra al presidente de la República cuando
hay conflicto sindicatos policiales-Gobierno, que no ha hecho uso nunca de esa
prerrogativa de decidir quién tiene razón y que debe ser aceptado por las
partes), se garantizaba mejor la estabilidad y la paz social con los policías.
Por eso no entiendo que
sindicatos de clase aconsejen o decidan que sus afiliados no acudan a apagar un
fuego que puede provocar daños a bienes de ciudadanos que pagan su salario con
los impuestos. Eso se escapa a mi capacidad de entendimiento. No hay ningún
derecho ilimitado, todos tienen un límite en las leyes y en los derechos de
otras personas, porque de lo contrario esta sociedad presuntamente democrática se
convertiría en un pulso corporativo para ver quién tiene más capacidad de
imponer sus decisiones al Gobierno elegido por el pueblo sin limitación alguna;
los bomberos no apagarían fuegos, los policías dejaríamos a los vándalos
destrozar calles y quemar coches, y el ejército podría también manifestarse con
sus tanques pidiendo que se acabe la semiesclavitud a la que tienen sometido a
sus rangos jerárquicos inferiores.
Un policía que ante una llamada
de auxilio de un ciudadano no acude en su apoyo no merece ser policía, y un
bombero que ante un incendio no acude a apagar un fuego no merece ser bombero.
Unos y otros, policías y
bomberos, no somos nada si no es por el servicio que se presta a la ciudadanía.
Pues sigámoslo haciendo más allá de un lamentable incidente.
José Manuel Sánchez
Fornet
