Su estrategia.
Esta es la palabra, “meaperros”, por la que celebramos un
juicio ayer por un presunto delito de injurias graves con publicidad, en el que
asumí la responsabilidad del sindicato, como en otras ocasiones anteriores, sin
escudarme en decisiones colegiadas de la Comisión Ejecutiva Nacional.
La CEP, Confederación Española de Policía, presentó
denuncia, ejerció la acusación particular y señaló al juez de instrucción nº 11
de Madrid (donde, por casualidad, cayó la instrucción de esta denuncia) cinco
párrafos donde se les calificaba como herederos de los meaperros,
barrecuarteles, limpialetrinas… de ANP, ANPU y AMPU, (que se oponían a los
derechos sindicales y defendían una profesión policial de soldados sin derechos).
Casualmente, o no, en el último escrito del abogado del
SUP entregado en el juzgado de Estepona en el proceso de investigación del
ático del presidente de la Comunidad de Madrid, se ha solicitado a la jueza que
solicite copia de las diligencias 6480/2009, que fueron archivadas en este
juzgado nº 11 de Madrid, por existir en las mismas informaciones de
transferencias de dinero que podrían tener relación con el dinero que llegó a
Coast, empresa que adquirió el ático de Marbella. Además, la CEP no utilizó a sus
abogados sino que contrató un bufete concertado por el sindicato de mandos, el
SPP, - Fuster-Fabra&Ponte- para la dirección de estas actuaciones
jurídicas.
La denuncia contra el SUP se presenta en abril de 2011 y
la citación para declarar llega rápidamente, 2 meses después, para seis días
antes de las elecciones sindicales al Consejo de Policía (el 13 de junio), lo
que permitió a los dirigentes de CEP, el sindicato heredero de los que
acogieron a los “meaperros” (AMPU y ANPU), usar dicha citación para intentar
obtener réditos electorales.
El objetivo.
En esa fecha en el SUP ya se conocía mi decisión de dejar
la secretaría general en 2013, al cumplirse más de 20 años de mi elección para
la misma, pero ellos no tenían por qué saberlo, y la estrategia que adoptaron
era, en coordinación con algunos políticos, mandos policiales y otros
sindicatos (el SPP, y seis meses después de las elecciones sindicales se sumó
la UFP) de más calado que unas simples elecciones: habían decidido que había
que neutralizar mi actividad sindical a cualquier precio.
No es casualidad que se hayan repetido denuncias y
querellas por escritos de crítica legítima, en el marco de la libertad de
expresión, por distintos mandos policiales, todos del entorno del actual
director general de la Policía y de su sindicato de mandos, el SPP, al que
acompaña dócilmente la actual ejecutiva de la CEP.
En estos dos últimos años han presentado denuncias contra
el SUP (de las que ya he dicho que respondí sin derivar responsabilidad alguna a
la Comisión Ejecutiva Nacional), distintos mandos de la órbita de Cosidó: el
actual comisario general de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio
(cuando era jefe de Formación), que fue cesado cuando era responsable del DNI, al
ser sorprendido por Asuntos Internos cuando iba a una reunión con una empresa
privada portando un maletín con miles de fichas del DNI; el comisario
provincial de San Sebastián, Fernando Saiz Merino (que era el jefe de una
unidad con 6.000€/mes de fondos reservados de libre disposición); el comisario
Alfonso María Sánchez Nuñez, jefe de la Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana de Madrid; el jefe superior de Policía de Sevilla, Miguel Rodríguez
Durán, y ha amenazado con hacerlo Ricardo Toro, comisario de la UDYCO amigo de
alguno de los antes citados. También amenaza con querellarse Federico Trillo, actual
embajador en Gran Bretaña, donde eligió para que lo acompañara como agregado de
Interior al comisario Félix Álvarez Saavedra, otro de los “amigos” del SUP. Y
es posible que alguna se haya quedado en el tintero porque escribo esto de
memoria sin consultar la base de datos del servicio jurídico. Las críticas sobre
Federico Trillo se realizaron defendiendo a los compañeros acusados del “caso
Faisán”, junto con otras vertidas hacia el fiscal general del Estado, por el uso
partidista que han hecho de este caso, buscando la condena de dos policías para
usarla como arma política contra otro partido sin importarles si eran culpables
o inocentes.
La estrategia jurídica va acompañada del uso por el
director general de la Policía del régimen disciplinario, por ejemplo, por difundir
en rueda de prensa los documentos de la UDEF sobre corrupción de políticos en
Cataluña, documentos que un juez consideró válidos al desestimar la querella de
Jordi Pujol contra los periodistas de EL MUNDO que habían difundido partes del
mismo, y que la Unidad de Asuntos Internos estimó como un documento policial de
la UDEF. Y acierta Asuntos Internos: los documentos fueron hechos por personal
muy cualificado de la UDEF cuya identidad conozco pero nunca diré, ni aunque me
hubieran preguntado los de Asuntos Internos, que no lo hicieron. Dos mandos policiales intentaron que los
fiscales anticorrupción de Cataluña solicitaran el registro de la sede de
Convergencia con un informe donde muchos de sus datos coincidían con el Informe
de la UDEF. Este expediente disciplinario está de momento en suspenso por
decisión de la autoridad judicial ante la que recurrimos, como recurriremos los
otros dos expedientes posteriores (los tres por falta grave, lo que abre otras
posibilidades de sanción de separación del servicio, por ejemplo, que es en
definitiva lo que se pretende).
Lo que la verdad
oculta.
Pero volviendo al juicio oral de ayer, allí comparecieron
cuatro miembros de la CEP, tres de la dirección nacional y uno del comité de
Madrid, que plantearon un panorama dantesco, poco menos que con riesgo de depresión
masiva entre ellos y sus afiliados, simplemente porque el SUP les recordaba en
el carné x puntos, como respuesta a sus mentiras, manipulaciones e infamias, que
ellos eran herederos de la organización que protegía y defendía a los pelotas,
barrecuarteles, meaperros, limpialetrinas, etc.
Y es curioso que todos tuvieran muchos problemas para
recordar que la CEP tiene su origen como organización sindical en la AMPU
(Asociación de Mandos de Policía Uniformada); ellos llegaban hasta el año 2003,
cuando la ANP y el SPPU se fusionaron en la CEP; pero les costaba recordar que
la ANP tuvo antes una “U”, y que antes de la “N” tuvieron una “M”. Y que eran
un sindicato que no querían llamarse sindicato (eso significa defender
determinados derechos de sus miembros a los que nunca ha llegado la CEP en
ninguna de sus diferentes siglas anteriores).
El panorama que pintaron los cuatro era terrible: muchas bajas
de afiliados, otros que no se afiliaban por no tener claro que era eso de
“meaperros”, exigencia de sus afiliados de que desmintieran lo que decía el
SUP… incluso el de asuntos jurídicos nacional llegó a decir que algunos
conocidos le preguntaban que dónde se iba a meter, en alusión a su nueva
responsabilidad en asuntos jurídicos, como si el carné x puntos hubiera sido
portada de todos los telediarios y programas de máxima audiencia todos los días
durante un mes. Es evidente que exageraron y mintieron buscando una condena,
pero lo que más en evidencia quedó es que todo ese cambio de siglas no ha sido
casualidad sino una decisión estratégica para ocultar sus orígenes a las nuevas
generaciones. Como el PCE dejó de comparecer ante la ciudadanía como marca
electoral y lo hizo dentro de IU, o como la AP fundada por el ministro de la
dictadura pasó a ser el PP simulando ser lo que no es, y ahí están algunos de
sus cachorros exhibiendo el águila que identificaba la bandera de la dictadura
anterior para recordar que lo que se dice que se hace es una cosa y lo que de
verdad se hace, otra.
Solo llevé un testigo: Francisco López Antonio, jubilado, miembro del SUP en la clandestinidad en Zaragoza y secretario de Organización de la primera Comisión Ejecutiva Nacional elegida en la legalidad en enero de 1985, quien declaró por videoconferencia desde Tarragona. No necesité más. Su testimonio fue tan contundente que solo por oirlo valía la pena estar en el juicio.
Solo llevé un testigo: Francisco López Antonio, jubilado, miembro del SUP en la clandestinidad en Zaragoza y secretario de Organización de la primera Comisión Ejecutiva Nacional elegida en la legalidad en enero de 1985, quien declaró por videoconferencia desde Tarragona. No necesité más. Su testimonio fue tan contundente que solo por oirlo valía la pena estar en el juicio.
Desde el nacimiento de AMPU y SPPU, defendiendo intereses
de los mandos de Policía Nacional y con apoyos de la Inspección General militar
de Policía Nacional respectivamente, su misión fue obstaculizar el crecimiento
de un sindicato independiente que defendía a los policías y sus derechos; que
no aceptaba el papel de miles de pelotas que trabajaban 4 horas al día de lunes
a viernes haciendo la compra a las señoras de los oficiales militares, o barriendo
los patios de los cuarteles, o sacando a pasear sus perros o vaciando los
orinales de los jefes. Eso existió hasta 1986 y ocupaba a miles de policías, y
a partir de dicha fecha se fueron eliminando esos servicios poco a poco; quienes
se oponían a esa policía militar estaban en el SUP, y los que se oponían al SUP
por denunciar eso estaban en otras organizaciones (AMPU luego ANPU y ANP; SPPU;
SNP luego UFP…)
Resulta evidente que las nuevas generaciones que llegaron
a la policía después de 1986 es imposible que puedan haber sido meaperros, pero
es una verdad histórica que ninguna sentencia podrá cambiar, que esta CEP es la
heredera sindical de aquella organización que nació sin permitir a los policías
ni su afiliación porque solo era de mandos y esos eran los únicos intereses que
defendía. Un mes después de aprobarse la ley orgánica 2/86, una vez que habían
defendido sus derechos en la posición que ocuparían en las escalas ejecutiva y
superior en la integración con los procedentes del otro cuerpo policial,
decidieron abrir la afiliación a las escalas básica y de subinspección para
usar su número como fuerza de infantería, y al mismo tiempo, en una estrategia
de camuflaje para ocultar sus orígenes, pasaron por todas esas siglas para
llegar a la actual CEP.
Por ello lo que hoy les molesta no es que crean que
llamamos “meaperros” a sus afiliados, porque saben que no es esa la cuestión y
de hecho la lectura de nuestras informaciones lo deja bastante claro, sino que
les quitemos la máscara del cambio de siglas y descubramos que siguen siendo
hoy en su práctica sindical como aquellos del origen, entregados a una determinada
visión ideológica del modelo policial que no defiende plenos derechos ni sindicales,
ni civiles, ni profesionales para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Y están en una estrategia orquestada con otros mandos y
políticos del Gobierno tratando de callarnos. Un único dato aunque podríamos
citar unos cuántos: el comisario cesado en Marbella, trasladado y sancionado con
diez días de suspensión por investigar el ático de Marbella era afiliado de
CEP. Todavía está por ver que hagan una declaración o acto en su defensa. El
inspector del grupo de Información y algunos policías de la escala básica que
investigaban el asunto, a los que el ministro amenazó con expedientes en el
Senado, eran del SUP; esos expedientes no se han abierto (ni se pueden abrir ya
por estar prescritos) y nuestra denuncia en su defensa sobre la propiedad del
ático sigue investigándose, a pesar de las múltiples trabas que puso en primera
instancia la fiscalía anticorrupción y después el director general de la Policía,
cesando a los comisarios que querían investigar. Es la diferencia entre un
sindicato como herramienta para defender a los policías, a las personas que lo
integran, o como instrumento al servicio de causas políticas o de políticos y
mandos con poder a las que se subordina siempre el interés de los afiliados, de
cualquier escala.
Hoy podemos afirmar que la estrategia de la CEP de atacar
al SUP y sus representantes por todos los medios que han llevado a cabo por
oleadas desde 2005 ha fracasado, y especialmente la del último periodo que
comprende los años 2011-2013. Y ello con independencia del resultado de la causa
penal, porque sea cual sea se recurrirá por una u otra parte y por lo tanto le
queda un largo recorrido. Dejarse utilizar por políticos y mandos como ariete
contra el SUP soñando con colocarse como la primera fuerza sindical por número
de afiliados les ha supuesto que hoy, dos años después, están como tres mil
afiliados más lejos del SUP que cuando comenzaron en 2011.
Meaperros del siglo
XXI.
Han pasado muchos años desde el nacimiento del SUP y la
creación para contrarrestarlo de otras asociaciones, pero hoy también se puede
distinguir entre quienes son conscientes de su condición de funcionarios,
trabajadores de la seguridad pública, que precisan una herramienta que los
proteja en caso de necesidad y defienda sus intereses, y quienes, como los
meaperros de entonces, consideran que los sindicatos no sirven para nada y
dedican todos sus esfuerzos a atacarlos. Una crítica recurrente es la de los
liberados sindicales (66 en el SUP con 30.000 afiliados para toda España), crítica
que realizan al tiempo que callan ante los abusos de sus mandos. Critican que
haya un compañero elegido para atender sus problemas, recursos jurídicos y
múltiples circunstancias, pero difunden los mensajes de los liberados del
sindicato de mandos, que no los consideran compañeros ni para estar afiliados, o
de sus representantes no liberados porque tienen un cómodo despacho desde el
que dedicar todas las horas de su tarea profesional a hacer proselitismo y
defender a los de su clase. Ese policía presuntamente buen profesional que critica
a los sindicatos y a los sindicalistas pero que nunca habrá denunciado al mando
por la incomparecencia del mismo en un servicio, o porque le obliga a hacer
exceso de horas, o porque use el coche oficial para viajes particulares dejando
al grupo sin vehículo; esos que son extremadamente críticos con quienes dedican
ocho o más horas al día a estar vigilantes de sus derechos y cumpliendo lo que
puede considerarse una especialidad transversal tan honrosa como es la defender
los derechos profesionales de todos desde un sindicato, pero muy comprensivos
con los abusos del mando esos son los meaperros del siglo XXI del Cuerpo
Nacional de Policía. No sacan físicamente a mear el perro de su jefe pero sí actúan
con servilismo para obtener una palmadita en la espalda que les permita
sentirse importantes. Así son ellos. Hoy, como entonces, son pocos, muchos
menos que los buenos profesionales, pero a veces se camuflan bien con sus
discursos y llegan a anunciar que viene la primavera profesional cuando ellos
solo proliferan en el frio invierno.
En cualquier empresa donde un representante de los
trabajadores en su máximo órgano de representación, el Consejo de Policía, esté
en un puesto de libre designación de asesor del director operativo de la
empresa, viajando cada 15 días con dietas ese sindicato tiene una grave crisis
de afiliación; si otro representante está en una embajada cobrando 4 veces más los
próximos cinco años, también; si otro cesa en el sindicato y 24 horas después
es nombrado asesor del secretario de Estado (circunstancias que afectan a
dirigentes del SPP, CEP y UFP respectivamente), dichas organizaciones tendrían muy
pocos afiliados. Pero aquí no ocurre. Y algo debe pasar para que así sea. Quizás
estamos dejando que los meaperros nos confundan con sus cortinas de humo y sea
preciso más claridad y contundencia.
La Policía, los
policías.
Hay quien confunde su trabajo con la Institución. Hay
quien por ser policía, funcionario, se cree que es la Policía, institución.
Solo cuando la Institución lo trata injustamente, lo sanciona, o no lo ampara y
defiende como merece, o no reconoce su trabajo, o concede una condecoración a
un enchufado por ser “hijo” o “amigo de” se indigna, pero pronto vuelve al
redil y ya se encarga el sistema imperante, y algunos “sindicatos” de dirigir
su malestar hacia los sindicatos en general que es como decir hacia el SUP.
Ese error por ignorancia, deformación profesional, mala
formación profesional, que ha llevado a un corporativismo muy pernicioso para
los buenos profesionales y para la calidad del servicio que se presta es un
problema que puede ser el nudo gordiano a desenrollar por el sindicalismo
independiente en el futuro. Y seguro que el sindicato al que pertenezco, el
SUP, está ya manos a la obra. Un policía es un funcionario, trabajador de la
seguridad pública, y su empresa, la Policía, es utilizada por los políticos y
el Gobierno de turno, que te paga mal, te deja sin apoyo jurídico, te sanciona
injustamente, concede recompensas a los enchufados, te descuenta el salario si
estas de baja… por eso hay que defender derechos laborales y profesionales y
una institución con unas determinadas reglas y protocolos y no a la Policía institución
sea como sea o haga lo que haga; hay que defender a los profesionales que
cumplen las normas y actúan con congruencia, proporcionalidad y respetando las
leyes y los derechos de la ciudadanía, y no a un policía que en una discusión
en la calle dé un cabezazo a un bombero; o a un policía detenido por apuñalar a
una mujer en un asalto de un grupo nazi; o a un policía que amenace en las
redes sociales con facilitar nombres de bomberos que apagan las barricadas de
protesta para que los que las han incendiado puedan ir a ajustar cuentas. Ah,
no, que esos no han sido policías… Algunos malos profesionales, usados como
altavoces por los “sindicatos” que nunca lo han sido, pretenden que el SUP se
suicide llevando a cabo una defensa a ultranza de malos comportamientos que
afortunadamente cometen muy pocos compañeros.
Veamos como ejemplo el caso más reciente, el del
compañero de Valladolid que se extralimita en el uso de la fuerza (es mi
opinión personal, insisto como tantas otras veces, y es un honor que el sector
más radical, antidemocrático y violento de la Policía me señale como su gran
enemigo); ese policía, que afortunadamente no es afiliado al SUP, de haberlo
sido habría tenido derecho a la defensa jurídica sindical porque ese es un
servicio concertado, un derecho contractual que tiene por ser afiliado, por la
cuota sindical que paga, porque nadie en este país puede ser acusado ni
enjuiciado sin derecho a la defensa. Pero lo que no tendría ese compañero es
una declaración del SUP diciendo que lo hizo bien simplemente por ser
compañero, porque eso ofende, insulta el trabajo de una inmensa mayoría que
nunca habría actuado de la misma forma. Esto es lo que han hecho algunos
sindicatos con el bombero del cabezazo, o el de las amenazas en redes sociales
y eso hace un flaco favor a su profesión, perjudica a todos la defensa de un
mal profesional, como lo haría a la nuestra justificar como bien hecho lo que
es un evidente error. Esto tan elemental hay quien no lo entiende y todavía hay
por ahí circulares llamándome enemigo de tal unidad o unidades por actuar así,
y lo firman esos mismos que ahora, con la denuncia contra el bombero, han
suscrito con el SUP, sin que se les caiga la cara de vergüenza, una circular
criticando que los sindicatos de bomberos hagan lo mismo que han hecho ellos en
más de una ocasión desprestigiando a la Policía y a los buenos profesionales
por apoyar a los que no lo son.
Mientras las cosas estén así, la lucha, la denuncia, el
SUP, serán más necesarios que nunca, y mi voz, desde fuera porque no tengo
ningún cargo ejecutivo, estará acompañando a los que quieren una policía
profesional, no politizada y con derechos.
Mantener una posición de defensa de una ética profesional
policial de un país democrático, de respeto a los derechos de la ciudadanía, es
la razón de tanto odio de los herederos de los meaperros de entonces y de los meaperros
de hoy, que pueden estar afiliados a cualquier organización; aunque en el SUP,
desde Ávila, ya se les expone cuales son los principios por los que se rige
esta organización gráficamente: si tienes un error y ocasionas la muerte de
alguien cuando pretendías cumplir con tu deber, te apoyaremos; si robas un euro
para lucrarte no vengas al SUP.
Y esos principios de actuación están recogidos en los
Estatutos del SUP y han sido ratificados en el último congreso hace ocho meses, por
lo que solo queda perseverar en el discurso y mantenernos firme ante los nuevos
meaperros del siglo XXI y las organizaciones que los dirigen. A veces la historia se repite, en otras circunstancias,
pero desembocando en el mismo sitio. El SUP defiende una policía democrática y
profesional, apolítica, al servicio del pueblo, como desde la clandestinidad, y
otros defienden un modelo de policía más politizada, endogámica, obediente al
mando y de espaldas a los derechos de la ciudadanía. Tengo suerte de estar con
muchos y muy buenos compañeros/as compartiendo esta trinchera del SUP.
José Manuel Sánchez Fornet
Presidente de honor del SUP