sábado, febrero 8

MEAPERROS


Su estrategia.
 
Esta es la palabra, “meaperros”, por la que celebramos un juicio ayer por un presunto delito de injurias graves con publicidad, en el que asumí la responsabilidad del sindicato, como en otras ocasiones anteriores, sin escudarme en decisiones colegiadas de la Comisión Ejecutiva Nacional.

La CEP, Confederación Española de Policía, presentó denuncia, ejerció la acusación particular y señaló al juez de instrucción nº 11 de Madrid (donde, por casualidad, cayó la instrucción de esta denuncia) cinco párrafos donde se les calificaba como herederos de los meaperros, barrecuarteles, limpialetrinas… de ANP, ANPU y AMPU, (que se oponían a los derechos sindicales y defendían una profesión policial de soldados sin derechos).

Casualmente, o no, en el último escrito del abogado del SUP entregado en el juzgado de Estepona en el proceso de investigación del ático del presidente de la Comunidad de Madrid, se ha solicitado a la jueza que solicite copia de las diligencias 6480/2009, que fueron archivadas en este juzgado nº 11 de Madrid, por existir en las mismas informaciones de transferencias de dinero que podrían tener relación con el dinero que llegó a Coast, empresa que adquirió el ático de Marbella. Además, la CEP no utilizó a sus abogados sino que contrató un bufete concertado por el sindicato de mandos, el SPP, - Fuster-Fabra&Ponte- para la dirección de estas actuaciones jurídicas.

La denuncia contra el SUP se presenta en abril de 2011 y la citación para declarar llega rápidamente, 2 meses después, para seis días antes de las elecciones sindicales al Consejo de Policía (el 13 de junio), lo que permitió a los dirigentes de CEP, el sindicato heredero de los que acogieron a los “meaperros” (AMPU y ANPU), usar dicha citación para intentar obtener réditos electorales.

El objetivo.

En esa fecha en el SUP ya se conocía mi decisión de dejar la secretaría general en 2013, al cumplirse más de 20 años de mi elección para la misma, pero ellos no tenían por qué saberlo, y la estrategia que adoptaron era, en coordinación con algunos políticos, mandos policiales y otros sindicatos (el SPP, y seis meses después de las elecciones sindicales se sumó la UFP) de más calado que unas simples elecciones: habían decidido que había que neutralizar mi actividad sindical a cualquier precio.

No es casualidad que se hayan repetido denuncias y querellas por escritos de crítica legítima, en el marco de la libertad de expresión, por distintos mandos policiales, todos del entorno del actual director general de la Policía y de su sindicato de mandos, el SPP, al que acompaña dócilmente la actual ejecutiva de la CEP.

En estos dos últimos años han presentado denuncias contra el SUP (de las que ya he dicho que respondí sin derivar responsabilidad alguna a la Comisión Ejecutiva Nacional), distintos mandos de la órbita de Cosidó: el actual comisario general de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio (cuando era jefe de Formación), que fue cesado cuando era responsable del DNI, al ser sorprendido por Asuntos Internos cuando iba a una reunión con una empresa privada portando un maletín con miles de fichas del DNI; el comisario provincial de San Sebastián, Fernando Saiz Merino (que era el jefe de una unidad con 6.000€/mes de fondos reservados de libre disposición); el comisario Alfonso María Sánchez Nuñez, jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid; el jefe superior de Policía de Sevilla, Miguel Rodríguez Durán, y ha amenazado con hacerlo Ricardo Toro, comisario de la UDYCO amigo de alguno de los antes citados. También amenaza con querellarse Federico Trillo, actual embajador en Gran Bretaña, donde eligió para que lo acompañara como agregado de Interior al comisario Félix Álvarez Saavedra, otro de los “amigos” del SUP. Y es posible que alguna se haya quedado en el tintero porque escribo esto de memoria sin consultar la base de datos del servicio jurídico. Las críticas sobre Federico Trillo se realizaron defendiendo a los compañeros acusados del “caso Faisán”, junto con otras vertidas hacia el fiscal general del Estado, por el uso partidista que han hecho de este caso, buscando la condena de dos policías para usarla como arma política contra otro partido sin importarles si eran culpables o inocentes.

La estrategia jurídica va acompañada del uso por el director general de la Policía del régimen disciplinario, por ejemplo, por difundir en rueda de prensa los documentos de la UDEF sobre corrupción de políticos en Cataluña, documentos que un juez consideró válidos al desestimar la querella de Jordi Pujol contra los periodistas de EL MUNDO que habían difundido partes del mismo, y que la Unidad de Asuntos Internos estimó como un documento policial de la UDEF. Y acierta Asuntos Internos: los documentos fueron hechos por personal muy cualificado de la UDEF cuya identidad conozco pero nunca diré, ni aunque me hubieran preguntado los de Asuntos Internos, que no lo hicieron.  Dos mandos policiales intentaron que los fiscales anticorrupción de Cataluña solicitaran el registro de la sede de Convergencia con un informe donde muchos de sus datos coincidían con el Informe de la UDEF. Este expediente disciplinario está de momento en suspenso por decisión de la autoridad judicial ante la que recurrimos, como recurriremos los otros dos expedientes posteriores (los tres por falta grave, lo que abre otras posibilidades de sanción de separación del servicio, por ejemplo, que es en definitiva lo que se pretende).

Lo que la verdad oculta.

Pero volviendo al juicio oral de ayer, allí comparecieron cuatro miembros de la CEP, tres de la dirección nacional y uno del comité de Madrid, que plantearon un panorama dantesco, poco menos que con riesgo de depresión masiva entre ellos y sus afiliados, simplemente porque el SUP les recordaba en el carné x puntos, como respuesta a sus mentiras, manipulaciones e infamias, que ellos eran herederos de la organización que protegía y defendía a los pelotas, barrecuarteles, meaperros, limpialetrinas, etc.

Y es curioso que todos tuvieran muchos problemas para recordar que la CEP tiene su origen como organización sindical en la AMPU (Asociación de Mandos de Policía Uniformada); ellos llegaban hasta el año 2003, cuando la ANP y el SPPU se fusionaron en la CEP; pero les costaba recordar que la ANP tuvo antes una “U”, y que antes de la “N” tuvieron una “M”. Y que eran un sindicato que no querían llamarse sindicato (eso significa defender determinados derechos de sus miembros a los que nunca ha llegado la CEP en ninguna de sus diferentes siglas anteriores).

El panorama que pintaron los cuatro era terrible: muchas bajas de afiliados, otros que no se afiliaban por no tener claro que era eso de “meaperros”, exigencia de sus afiliados de que desmintieran lo que decía el SUP… incluso el de asuntos jurídicos nacional llegó a decir que algunos conocidos le preguntaban que dónde se iba a meter, en alusión a su nueva responsabilidad en asuntos jurídicos, como si el carné x puntos hubiera sido portada de todos los telediarios y programas de máxima audiencia todos los días durante un mes. Es evidente que exageraron y mintieron buscando una condena, pero lo que más en evidencia quedó es que todo ese cambio de siglas no ha sido casualidad sino una decisión estratégica para ocultar sus orígenes a las nuevas generaciones. Como el PCE dejó de comparecer ante la ciudadanía como marca electoral y lo hizo dentro de IU, o como la AP fundada por el ministro de la dictadura pasó a ser el PP simulando ser lo que no es, y ahí están algunos de sus cachorros exhibiendo el águila que identificaba la bandera de la dictadura anterior para recordar que lo que se dice que se hace es una cosa y lo que de verdad se hace, otra.

Solo llevé un testigo: Francisco López Antonio, jubilado, miembro del SUP en la clandestinidad en Zaragoza y secretario de Organización de la primera Comisión Ejecutiva Nacional elegida en la legalidad en enero de 1985, quien declaró por videoconferencia desde Tarragona. No necesité más. Su testimonio fue tan contundente que solo por oirlo valía la pena estar en el juicio.

Desde el nacimiento de AMPU y SPPU, defendiendo intereses de los mandos de Policía Nacional y con apoyos de la Inspección General militar de Policía Nacional respectivamente, su misión fue obstaculizar el crecimiento de un sindicato independiente que defendía a los policías y sus derechos; que no aceptaba el papel de miles de pelotas que trabajaban 4 horas al día de lunes a viernes haciendo la compra a las señoras de los oficiales militares, o barriendo los patios de los cuarteles, o sacando a pasear sus perros o vaciando los orinales de los jefes. Eso existió hasta 1986 y ocupaba a miles de policías, y a partir de dicha fecha se fueron eliminando esos servicios poco a poco; quienes se oponían a esa policía militar estaban en el SUP, y los que se oponían al SUP por denunciar eso estaban en otras organizaciones (AMPU luego ANPU y ANP; SPPU; SNP luego UFP…)

Resulta evidente que las nuevas generaciones que llegaron a la policía después de 1986 es imposible que puedan haber sido meaperros, pero es una verdad histórica que ninguna sentencia podrá cambiar, que esta CEP es la heredera sindical de aquella organización que nació sin permitir a los policías ni su afiliación porque solo era de mandos y esos eran los únicos intereses que defendía. Un mes después de aprobarse la ley orgánica 2/86, una vez que habían defendido sus derechos en la posición que ocuparían en las escalas ejecutiva y superior en la integración con los procedentes del otro cuerpo policial, decidieron abrir la afiliación a las escalas básica y de subinspección para usar su número como fuerza de infantería, y al mismo tiempo, en una estrategia de camuflaje para ocultar sus orígenes, pasaron por todas esas siglas para llegar a la actual CEP.

Por ello lo que hoy les molesta no es que crean que llamamos “meaperros” a sus afiliados, porque saben que no es esa la cuestión y de hecho la lectura de nuestras informaciones lo deja bastante claro, sino que les quitemos la máscara del cambio de siglas y descubramos que siguen siendo hoy en su práctica sindical como aquellos del origen, entregados a una determinada visión ideológica del modelo policial que no defiende plenos derechos ni sindicales, ni civiles, ni profesionales para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

Y están en una estrategia orquestada con otros mandos y políticos del Gobierno tratando de callarnos. Un único dato aunque podríamos citar unos cuántos: el comisario cesado en Marbella, trasladado y sancionado con diez días de suspensión por investigar el ático de Marbella era afiliado de CEP. Todavía está por ver que hagan una declaración o acto en su defensa. El inspector del grupo de Información y algunos policías de la escala básica que investigaban el asunto, a los que el ministro amenazó con expedientes en el Senado, eran del SUP; esos expedientes no se han abierto (ni se pueden abrir ya por estar prescritos) y nuestra denuncia en su defensa sobre la propiedad del ático sigue investigándose, a pesar de las múltiples trabas que puso en primera instancia la fiscalía anticorrupción y después el director general de la Policía, cesando a los comisarios que querían investigar. Es la diferencia entre un sindicato como herramienta para defender a los policías, a las personas que lo integran, o como instrumento al servicio de causas políticas o de políticos y mandos con poder a las que se subordina siempre el interés de los afiliados, de cualquier escala.

Hoy podemos afirmar que la estrategia de la CEP de atacar al SUP y sus representantes por todos los medios que han llevado a cabo por oleadas desde 2005 ha fracasado, y especialmente la del último periodo que comprende los años 2011-2013. Y ello con independencia del resultado de la causa penal, porque sea cual sea se recurrirá por una u otra parte y por lo tanto le queda un largo recorrido. Dejarse utilizar por políticos y mandos como ariete contra el SUP soñando con colocarse como la primera fuerza sindical por número de afiliados les ha supuesto que hoy, dos años después, están como tres mil afiliados más lejos del SUP que cuando comenzaron en 2011.

Meaperros del siglo XXI.

Han pasado muchos años desde el nacimiento del SUP y la creación para contrarrestarlo de otras asociaciones, pero hoy también se puede distinguir entre quienes son conscientes de su condición de funcionarios, trabajadores de la seguridad pública, que precisan una herramienta que los proteja en caso de necesidad y defienda sus intereses, y quienes, como los meaperros de entonces, consideran que los sindicatos no sirven para nada y dedican todos sus esfuerzos a atacarlos. Una crítica recurrente es la de los liberados sindicales (66 en el SUP con 30.000 afiliados para toda España), crítica que realizan al tiempo que callan ante los abusos de sus mandos. Critican que haya un compañero elegido para atender sus problemas, recursos jurídicos y múltiples circunstancias, pero difunden los mensajes de los liberados del sindicato de mandos, que no los consideran compañeros ni para estar afiliados, o de sus representantes no liberados porque tienen un cómodo despacho desde el que dedicar todas las horas de su tarea profesional a hacer proselitismo y defender a los de su clase. Ese policía presuntamente buen profesional que critica a los sindicatos y a los sindicalistas pero que nunca habrá denunciado al mando por la incomparecencia del mismo en un servicio, o porque le obliga a hacer exceso de horas, o porque use el coche oficial para viajes particulares dejando al grupo sin vehículo; esos que son extremadamente críticos con quienes dedican ocho o más horas al día a estar vigilantes de sus derechos y cumpliendo lo que puede considerarse una especialidad transversal tan honrosa como es la defender los derechos profesionales de todos desde un sindicato, pero muy comprensivos con los abusos del mando esos son los meaperros del siglo XXI del Cuerpo Nacional de Policía. No sacan físicamente a mear el perro de su jefe pero sí actúan con servilismo para obtener una palmadita en la espalda que les permita sentirse importantes. Así son ellos. Hoy, como entonces, son pocos, muchos menos que los buenos profesionales, pero a veces se camuflan bien con sus discursos y llegan a anunciar que viene la primavera profesional cuando ellos solo proliferan en el frio invierno.

En cualquier empresa donde un representante de los trabajadores en su máximo órgano de representación, el Consejo de Policía, esté en un puesto de libre designación de asesor del director operativo de la empresa, viajando cada 15 días con dietas ese sindicato tiene una grave crisis de afiliación; si otro representante está en una embajada cobrando 4 veces más los próximos cinco años, también; si otro cesa en el sindicato y 24 horas después es nombrado asesor del secretario de Estado (circunstancias que afectan a dirigentes del SPP, CEP y UFP respectivamente), dichas organizaciones tendrían muy pocos afiliados. Pero aquí no ocurre. Y algo debe pasar para que así sea. Quizás estamos dejando que los meaperros nos confundan con sus cortinas de humo y sea preciso más claridad y contundencia.

La Policía, los policías.

Hay quien confunde su trabajo con la Institución. Hay quien por ser policía, funcionario, se cree que es la Policía, institución. Solo cuando la Institución lo trata injustamente, lo sanciona, o no lo ampara y defiende como merece, o no reconoce su trabajo, o concede una condecoración a un enchufado por ser “hijo” o “amigo de” se indigna, pero pronto vuelve al redil y ya se encarga el sistema imperante, y algunos “sindicatos” de dirigir su malestar hacia los sindicatos en general que es como decir hacia el SUP.

Ese error por ignorancia, deformación profesional, mala formación profesional, que ha llevado a un corporativismo muy pernicioso para los buenos profesionales y para la calidad del servicio que se presta es un problema que puede ser el nudo gordiano a desenrollar por el sindicalismo independiente en el futuro. Y seguro que el sindicato al que pertenezco, el SUP, está ya manos a la obra. Un policía es un funcionario, trabajador de la seguridad pública, y su empresa, la Policía, es utilizada por los políticos y el Gobierno de turno, que te paga mal, te deja sin apoyo jurídico, te sanciona injustamente, concede recompensas a los enchufados, te descuenta el salario si estas de baja… por eso hay que defender derechos laborales y profesionales y una institución con unas determinadas reglas y protocolos y no a la Policía institución sea como sea o haga lo que haga; hay que defender a los profesionales que cumplen las normas y actúan con congruencia, proporcionalidad y respetando las leyes y los derechos de la ciudadanía, y no a un policía que en una discusión en la calle dé un cabezazo a un bombero; o a un policía detenido por apuñalar a una mujer en un asalto de un grupo nazi; o a un policía que amenace en las redes sociales con facilitar nombres de bomberos que apagan las barricadas de protesta para que los que las han incendiado puedan ir a ajustar cuentas. Ah, no, que esos no han sido policías… Algunos malos profesionales, usados como altavoces por los “sindicatos” que nunca lo han sido, pretenden que el SUP se suicide llevando a cabo una defensa a ultranza de malos comportamientos que afortunadamente cometen muy pocos compañeros. 

Veamos como ejemplo el caso más reciente, el del compañero de Valladolid que se extralimita en el uso de la fuerza (es mi opinión personal, insisto como tantas otras veces, y es un honor que el sector más radical, antidemocrático y violento de la Policía me señale como su gran enemigo); ese policía, que afortunadamente no es afiliado al SUP, de haberlo sido habría tenido derecho a la defensa jurídica sindical porque ese es un servicio concertado, un derecho contractual que tiene por ser afiliado, por la cuota sindical que paga, porque nadie en este país puede ser acusado ni enjuiciado sin derecho a la defensa. Pero lo que no tendría ese compañero es una declaración del SUP diciendo que lo hizo bien simplemente por ser compañero, porque eso ofende, insulta el trabajo de una inmensa mayoría que nunca habría actuado de la misma forma. Esto es lo que han hecho algunos sindicatos con el bombero del cabezazo, o el de las amenazas en redes sociales y eso hace un flaco favor a su profesión, perjudica a todos la defensa de un mal profesional, como lo haría a la nuestra justificar como bien hecho lo que es un evidente error. Esto tan elemental hay quien no lo entiende y todavía hay por ahí circulares llamándome enemigo de tal unidad o unidades por actuar así, y lo firman esos mismos que ahora, con la denuncia contra el bombero, han suscrito con el SUP, sin que se les caiga la cara de vergüenza, una circular criticando que los sindicatos de bomberos hagan lo mismo que han hecho ellos en más de una ocasión desprestigiando a la Policía y a los buenos profesionales por apoyar a los que no lo son.

Mientras las cosas estén así, la lucha, la denuncia, el SUP, serán más necesarios que nunca, y mi voz, desde fuera porque no tengo ningún cargo ejecutivo, estará acompañando a los que quieren una policía profesional, no politizada y con derechos.

Mantener una posición de defensa de una ética profesional policial de un país democrático, de respeto a los derechos de la ciudadanía, es la razón de tanto odio de los herederos de los meaperros de entonces y de los meaperros de hoy, que pueden estar afiliados a cualquier organización; aunque en el SUP, desde Ávila, ya se les expone cuales son los principios por los que se rige esta organización gráficamente: si tienes un error y ocasionas la muerte de alguien cuando pretendías cumplir con tu deber, te apoyaremos; si robas un euro para lucrarte no vengas al SUP.

Y esos principios de actuación están recogidos en los Estatutos del SUP y han sido ratificados en el último congreso hace ocho meses, por lo que solo queda perseverar en el discurso y mantenernos firme ante los nuevos meaperros del siglo XXI y las organizaciones que los dirigen. A veces la historia se repite, en otras circunstancias, pero desembocando en el mismo sitio. El SUP defiende una policía democrática y profesional, apolítica, al servicio del pueblo, como desde la clandestinidad, y otros defienden un modelo de policía más politizada, endogámica, obediente al mando y de espaldas a los derechos de la ciudadanía. Tengo suerte de estar con muchos y muy buenos compañeros/as compartiendo esta trinchera del SUP.

José Manuel Sánchez Fornet
Presidente de honor del SUP