En el verano de 1990, los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo, de 53 y 58 años, provistos de escopetas, comenzaron a disparar en esta localidad pacense contra los miembros de la familia Cabanillas y acabaron disparando contra cualquier ciudadano. Después huyeron al monte donde fueron localizados y detenidos por la Guardia Civil. En total 9 personas muertas (dos de ellas los dos primeros guardias civiles que fueron a detenerlos) y varios heridos. Las hermanas de los autores de la matanza, Luciana (62 años) y Ángela (49 años), fueron acusadas como inductoras de los crímenes pero resultaron absueltas, aunque fueron recluidas en un centro de asistencia por tener mermadas sus facultades mentales. Antes, un miembro de la familia Izquierdo había provocado la muerte de un miembro de la familia Cabanillas de una puñalada y existían disputas familiares por lindes de tierras. El detonante de la última agresión de los Izquierdo contra los Cabanillas parece ser el incendio, que pudiera ser intencionado y del que estos culpaban a los Cabanillas, de la vivienda de los Izquierdo, donde murió la madre de familia.
Salvando todas las distancias, temporales, de número de víctimas y de entorno social, algo así se ha reproducido en León con el asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP provincial, Isabel Carrasco. Para no añadir ni una coma al historial de la víctima copio lo que dice de ella Wikipedia:
"En el XI Congreso Provincial del Partido Popular leonés, que tuvo lugar en diciembre de 2004, fue elegida Presidenta, siendo la primera mujer en asumir este cargo en el PP de León. Su fuerte carácter y su poca tolerancia respecto a aquellos que la contradecían provocó multitud de problemas internos con sus compañeros de partido, por ejemplo con la baja de más de doscientos militantes en la comarca de El Bierzo o en San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cistierna y Astorga, donde disolvió las juntas locales para colocar a personas de su confianza, por lo que varios militantes populares se dieron de baja y se presentaron en sus localidades bajo otra candidatura.
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A lo largo de su carrera política fue protagonista de distintas polémicas. Fue condenada en los tribunales por el presunto amaño de unas oposiciones en la Diputación de León y acusada de pasar kilometraje no realizado al erario público. Fue también polémico su aumento de sueldo (un 13% en julio de 2011), y se le acusó de pagar tratamientos de belleza con dinero público. Llegó a ocupar 13 cargos:
- Presidenta del PP de León.
- Concejala del Ayuntamiento de León.
- Presidenta de la Diputación Provincial de León.
- Presidenta del Consorcio del Aeropuerto de León.
- Presidenta del Instituto Leonés de Cultura.
- Presidenta del Consorcio Provincial de Turismo.
- Presidenta de Gersul.
- Consejera de Tinsa.
- Consejera de Caja España.
- Consejera de la Asamblea General de Caja España.
- Consejera de Viproelco.
- Consejera de Inmocasa.
- Vicepresidenta de Invergestión."
De lo que se conoce hasta ahora sabemos que los disparos que acabaron con la vida de Isabel Carrasco sobre las 17,15 horas del 12 de mayo fueron efectuados por María Monserrat González, de 55 años, en venganza por desavenencias respecto a la carrera política y el trabajo de su hija, Monserrat Triana Martínez González, de 35 años, expulsada de las listas del PP de Astorga y despedida de la diputación provincial del puesto de trabajo que ocupaba como Ingeniero de Telecomunicaciones (año 2011), lo que había provocado diversos pleitos, alguno aun pendiente en los tribunales.
Con arma ilegal, la autora se acercó por detrás y disparó en la cabeza -a cañón tocante- y después, una vez la víctima estuvo en el suelo, otros dos disparos en la espalda; su hija presenciaba la escena a unos 100 mts, y a unos 400 mts. de ésta se encontraba la policía local Raquel Gago, imputada de los mismos delitos que la madre y la hija pero que seguramente verá rebajada la acusación de alguno de los delitos que se le imputan conforme vaya avanzando la instrucción judicial.
Como sobre los hechos se ha escrito profusamente no reiteraré aquí lo de sobra conocido. Algunos datos que se están publicando no parecen tener mucha consistencia, como que se acuse a la policía local de haber puesto en contacto a madre e hija con un toxicómano asturiano al que compraron las dos armas, cuando el marido, inspector jefe, había estado destinado algunos años en Avilés y más de 20 en Gijón, con lo que en principio la hipótesis más lógica es que el conocimiento del mundo de la delincuencia en dichas zonas sea más accesible a la madre y la hija que a la policía local leonesa.
Dato anecdótico es que todas las protagonistas de esta historia, para bien y para mal, sean mujeres: las tres detenidas, la víctima, la jefe de la UDEV que investiga, la comisaria provincial, la fiscal y la jueza. Y aunque no tienen ningún protagonismo en el asunto, la secretaria general del SUP y la secretaria de Organización de León son mujeres. Un asunto de mujeres como el de Puerto Hurraco fue una venganza típica de hombres, que si queremos ver en positivo, hay que interpretar como una evidencia del avance de los derechos de la mujer en todos los aspectos de la sociedad, incluso en los que se refieren a ejecutar venganzas personales, investigarlas y juzgarlas, actos que durante muchos siglos fueron patrimonio exclusivo de los hombres. Constatar esta evidencia es lo único positivo del crimen de León.
Considero que sería conveniente reflexionar sobre lo que debe haber ocurrido en la relación entre la víctima, su verdugo y la cómplice para que una señora de clase media alta, militante del PP, esposa del inspector jefe de una comisaría local, de acuerdo con su hija y sin que el padre y esposo se entere de nada, sea capaz de cometer este crimen tras años de premeditación y siga manteniendo hoy con absoluta frialdad que haría lo mismo una y mil veces.
Si el crimen de Puerto Hurraco nos llevó a la España profunda de los pueblos, la lucha por las lindes de las tierras y el encono de familias, este nos lleva a la España de la política y la corrupción, del poder sin limites, de la ambición y de saber que con apoyos políticos desde un entramado institucional alguien puede acabar viviendo el resto de su vida de la política y de un puesto de trabajo sin posiblemente merecer ni uno ni otro. Alguien que ha tocado ese "paraíso" de bienestar y posición social, de un buen trabajo en institución pública más una carrera política y de la noche a la mañana se ve expulsada del mismo (y si es un hijo, tal vez desestabilice más) puede llegar a engendrar el mismo odio irracional que el que se puso de manifiesto en Puerto Hurraco hace ya 24 años.
Este asunto debería hacer pensar a la clase política para variar drásticamente el rumbo de la cosa publica en este país, con esta democracia tan deficiente, con tantos déficits democráticos en todos los aspectos, y para abordar reformas profundas del entramado político-institucional y de sus prácticas, que aunque aquí se han asumido como habituales no dejan de ser gravemente corruptas.
En muchos lugares de España determinados cargos institucionales tienen el mismo poder que el antiguo cacique o señor feudal, gracias al entramado de intereses ilegales o alegales en que se ha convertido este sistema y que nada tiene que ver con la declaración de derechos que reconoce la Constitución, plasmados también en otras normas supranacionales. Si los políticos en general se preocuparan de resolver eso que cada día percibimos la inmensa mayoría de trabajadores, funcionarios y el común de la ciudadanía estarían saneando esta enfermiza, por podrida, democracia.
Un ejemplo sin citar, de momento, el ayuntamiento. Es de una ciudad andaluza donde muchos vecinos se refieren a un concejal conocido con el apodo de un instrumento de música, y se preguntan cómo si pasó hace 25 años de ser yesero a ser concejal ha podido acumular una vivienda grande y en el centro del pueblo, un chalet en la playa y viviendas para sus hijos a los que no se conoce profesión continuada y suficientemente remunerada; y hacen cuentas con lo que dicen que cobran los concejales, manteniendo una familia de 3 hijos sin trabajar la esposa y según estas cuentas de la vieja no podría haber adquirido ni la primera vivienda en la zona en la que reside. Este concejal es del PSOE pero los hay de todos los partidos y lo peor es que la ciudadanía lo ve y lo asume como normal del sistema, que si está "por donde pasa el dinero" algo se ha quedado para él.
Que se hayan desahuciado en este país a 50.000 familias el pasado año gracias a las leyes a favor de los bancos y contra las familias hechas por PP y PSOE y votadas por otros muchos grupos debiera ser una señal de alerta roja, motivar una suspensión de la campaña a las elecciones y convocar reunión extraordinaria del Congreso de los diputados en sesión permanente y continua, sin descanso ni para mear, hasta que salgan con una ley que impida que esto pueda pasar. Mientras no hagan esto, la clase política sigue perdiendo credibilidad a chorros si es que todavía le queda alguna.
Los políticos que sigan en su burbuja que esto es lo que vemos la inmensa mayoría de la ciudadanía, y convendría por ello que actuaran para que nadie que declare haber cobrado 600.000€ en diez años pueda amasar en ese mismo tiempo un patrimonio inmobiliario de varios millones de euros y un ritmo de vida que solo para esto último hubiera precisado más de dicha cantidad. Nos toman por tontos, pero antes o después la desesperación ante el agravio y la injusticia pueden provocar reacciones individuales o colectivas que desencadenen hechos violentos como el aquí citado.
Las ideologías definen el modelo de sociedad que se quiere, pero ser honesto o corrupto es un elemento personal, de comportamiento cívico previo a la posición ideológica. Nadie que sea corrupto tiene legitimidad para plantear ningún modelo de sociedad porque la corrupción es la pena de muerte de la democracia. La honestidad individual trasladada a norma de comportamiento y asumida por los partidos políticos es imprescindible para que exista democracia, justicia, libertad, derechos... Y no conocemos -al menos yo no- en los 36 años de existencia de la democracia a ningún partido que haya denunciado a un corrupto en sus propias filas, porque los casos escasos que existen (Alonso Puerta, PSOE en Madrid) acaban siendo expulsados del partido los que denuncian, no los corruptos. Por eso dan vergüenza ajena cuando se andan denunciando unos a otros, porque todos sabemos que eso mismo que denuncian en otro partido lo encubrirían en el propio.
Madrid, 21 de mayo de 2014
