lunes, diciembre 26

Los "mini-guantanamos" de detención temporal preventiva en España

A raíz de una decisión del juzgado de instrucción nº 6, responsable de garantizar el cumplimiento de la ley en el C.I.E. de Madrid, de un informe de la ONG Pueblos Unidos, y de la muerte hace unos días por meningitis de una persona ingresada, se ha vuelto a hablar de las condiciones de residencia en los mismos de los presos (sí, es lo que son, presos, personas privadas de libertad por aplicación de una ley y sin tutela judicial).

Los CIES son una vergüenza para todos los ciudadanos del país donde existan, pero más para sus responsables políticos, y más aún si pregonan la solidaridad, el hermanamiento de la humanidad, como hacen los socialistas, responsables de la indignidad que como sociedad soportamos todos los españoles por el trato que se dispensa a los irregulares.

Siempre que surgen noticias sobre los CIES algún periodista, o algunos medios de comunicación, se “despacha” contra la Policia y contra algún policía sin decir nada del Gobierno de turno ni del parlamento que aprobó la ley que nosotros aplicamos. Por eso, una vez más, conviene decir que los CIES son “agujeros negros” creados por gobiernos presuntamente socialistas (en tiempos de Felipe González), donde, por ejemplo, se podía mantener al miembro del GAL Rogerio Carvalho Da Silva internado sin que nadie se enterara existiendo una orden internacional de busca contra él emitida por el juez Garzón. O del que escapó Jamal Ahmidán “El chino”, con otros 5 internos, meses antes del 11-S dejando una carta al director y una fotografía de Osama Bin Laden. Si pasan esas cosas ¿qué no puede pasar en dichos centros? 

Una sociedad donde los distintos Cuerpos de seguridad realizan unos 8 millones de identificaciones a ciudadanos, muchos extranjeros pero la inmensa mayoría nacionales, vulnerando las disposiciones legales que limitan esa intervención policial, donde se han realizado redadas de inmigrantes en comedores sociales, o se han establecido controles en intercambiadores para identificar y detener a personas que viajaban, posiblemente para trabajar explotados limpiando el culo a nuestros abuelos, y los detenemos mientras sus hijos quedan en casa con una amiga o vecina ¿de qué se extraña?.

Estamos hartos los policías de la hipocresía moral de los responsables políticos, singularmente de los socialistas, que pregonan una cosa y hacen la contraria, pero nunca dan a la cara para defender el resultado de sus actuaciones. Si hay redadas contra inmigrantes, millones de actuaciones arbitrarias e ilegales, y unos CIEs deplorables que atentan contra la dignidad mínima exigible para cualquier ser humano, es porque así lo ha querido el gobierno socialista, el Gobierno del PSOE, y son responsables desde Zapatero hasta Velázquez (el último director general de la Policía y la Guardia Civil), pasando por Alonso, Rubalcaba y Camacho.

Y también tienen responsabilidad por omisión los medios de comunicación, todos sin excepción, (de PRISA, Unedisa, Vocento, Planeta, Godó, Mediapró…) porque nunca les ha interesado esto de los derechos civiles y los derechos humanos de los ciudadanos…salvo que sea para intentar meter en la cárcel a un policía.

El policía que trate a un inmigrante con insultos es un miserable que no merece vestir este uniforme, y no digamos si hay más que palabras. Pero si eso ocurre en los CIES, además del miserable autor del maltrato el siguiente responsable es el director del Centro, normalmente un miembro de la escala ejecutiva nombrado por libre designación. El jefe del Centro de Aluche debía haber sido relevado hace años, muchos años, pero el Gobierno y los mandos policiales han querido que siga ahí. Si un policía miserable y malnacido maltrata a un inmigrante, que lo expedienten, pero cómo hace eso un gobierno que nombra a un director del centro y lo mantiene a cualquier precio, y que instiga las identificaciones indiscriminadas, masivas e ilegales para así encubrir su política xenófoba y racista, que es en definitiva en lo que ha convertido la ley de Extranjería, con una circular ilegal (la 1/2010), a la que tampoco han prestado atención desde la oposición política ni las instancias jurídicas.

Desde antes venimos hablando de los derechos civiles que no son respetados en este país; Desde el año 2007 lo venimos diciendo pero en enero de 2009 todos los sindicatos de policía denunciamos al fiscal general del Estado, a la Defensora del Pueblo, a los grupos parlamentarios y al ministro del Interior lo que estaba pasando…y no hubo respuesta. Y esas lluvias traen estos lodos. El policía que actúa contra un inmigrante detenido puede cometer una falta disciplinaria o un delito y el director del Centro es el responsable de impedirlo. El director del Centro es nombrado por libre designación por el Comisario General de Extranjería y Documentación, que es nombrado por libre designación por el director general, que es nombrado por el ministro, que es nombrado por el presidente. La ley de inmigración se presentó por el Gobierno del PSOE y se aprobó por el Parlamento. Centrar el problema en un mal policía es querer ver la espuma y no el océano que la provoca.  Culpar de lo que ocurre a la Policía es un problema de sectarismo porque la Policía tiene alguna responsabilidad pero bastante menos que el Gobierno.

Sería interesante saber cuántos de los internos de dichos centros son finalmente expulsados a sus países, y a lo mejor ahora con el nuevo Gobierno se acaba la política censora y opaca que en esta y otras materias ha llevado a cabo el gobierno de pijorojos socialistos. Y si deben existir los CIES, estaría bien que se dote económicamente a los policías que estén allí destinados para que no sea el peor destino, y que se les forme con cursos sobre Derechos Humanos y sensibilización.

Para que el estado funcione hay quienes deben arremangarse y hundir los brazos en mierda hasta los codos. Pero no vale que haya gente tan sectaria que acuse permanentemente a la Policía de cumplir la ley (¿podemos hacer otra cosa?) porque es como acusar a los basureros de sucios porque limpian nuestra mierda. La situación de los CIES es culpa del Gobierno, y que se produzcan excesos de malos policías también porque el responsable del centro debería impedirlo. Unos y otros han contado siempre con la complicidad de los responsables políticos.

Madrid, 26 de diciembre de 2011

SECRETARÍA GENERAL