ESPAÑA DE PANDERETA
Periódicos.
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Se filtra un borrador policial a un diario (EL MUNDO).
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Se filtran otros varios borradores (posibles informes de inteligencia
criminal) a otro diario (EL PAIS).
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El diario EL MUNDO publica algunos datos del borrador que parecen
contrastados y que nadie ha desmentido, con indicios que deberían hacer actuar
a la justicia de inmediato, y que sin duda lo haría en cualquier país europeo o
democrático donde impere el Estado de Derecho y la igualdad de todos ante la
ley.
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El diario EL PAIS considera que los informes que tiene están elaborados por
policías “emboscados”, que actúan sin control y con fines políticos (contra
políticos independentistas catalanes) y niega que los policías puedan
investigar nada si no es con mandato expreso de un juez.
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Diarios catalanes como La Vanguardia se oponen a cualquier investigación y
consideran las noticias publicadas de “trama policial”, “manipulación”, actuación
ilegal de “salvapatrias”, etc. La Generalitat subvenciona considerablemente a
todos los medios de comunicación en Cataluña., muchos de los cuales no podrían existir
sin esa subvención que sale de los impuestos de los ciudadanos.
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El SUP rebate al diario EL PAIS señalando que los policías si pueden
investigar, que lo hacen todas las policías y todos los días, y aporta datos
concretos (denuncias por twitter de puntos de venta de droga, escrito de la
fiscalía anticorrupción rechazando investigación penal sobre la propiedad del
ático de Marbella pero señalando que se puede realizar una investigación
policial).
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El diario EL PAIS ataca al SUP en una editorial, y a los diarios EL MUNDO y
La GACETA. Al SUP por hablar, considerando que debe estar callado y no opinar
(se supone que porque no coincide lo que dice el sindicato con lo que opinan en
EL PAIS), y pide al director general actuaciones contra los sindicalistas y lo
que ellos llaman “policías emboscados”. A los diarios porque los considera miembros
de “la caverna”, por publicar noticias sobre el enriquecimiento de la familia
Pujol.
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El diario EL MUNDO informa de que una venta de locales de PRISA, editora de
EL PAIS, por importe de unos 300 millones de euros (2008) fue llevada a cabo
por uno de los hijos del clan Pujol, que al seguir arrendados los locales al
diario son inquilinos de dicho vástago.
Testigos.
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Dos testigos se desplazan a Madrid a prestar declaración. No quieren
hacerlo en Cataluña. Aunque procedería que fuesen testigos protegidos, el
diario EL MUNDO conoce sus declaraciones e identidades y las publica (es la
obligación de un medio de comunicación, como la de la Policía es preservar la
identidad de los testigos).
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La Udef de la comisaría general de Policía Judicial, la misma que dijo que
el informe primero no se había realizado en dicha Unidad (desmentido después por
el informe de la Unidad de Asuntos Internos) remite dichas declaraciones sin
una sola gestión, sin un solo informe ampliatorio al juzgado de Instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional. Sobraron muchos informes complementarios en
el “caso Gurtel” y han faltado en este.
El juez.
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El juez Ruz, tras preguntar al fiscal y pese al informe favorable del mismo,
rechaza tomar declaración a una de las testigos alegando falta de competencia,
y lo remite al juzgado de Instrucción 43 de Madrid donde ya se llevaban otras
diligencias. Antes, el juez Ruz archivó dos denuncias de un abogado y de un
sindicato de funcionarios sobre este mismo asunto.
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El juez Ruz, además de alegar falta
de competencia, señala que la Policía no ha hecho su trabajo, que tras
recibir las declaraciones no ha hecho ni una sola indagación al respecto, con
lo que nos da la razón al SUP y se la quita al diario EL PAIS, y no podía ser
de otra manera porque es así como se ha hecho siempre. “Gurtel” es un buen
ejemplo de ello.
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El juez podía haber decidido otra cosa: tomar declaración y abrir una
investigación, encargando a la Policía que hiciera aquello que se queja que no
haya hecho. El juez “se la coge con papel de fumar”, sin duda porque sabe que
esa investigación le sometería a presiones de todo tipo, y debería explicar cómo
puede la Policía, con una simple declaración, investigar el patrimonio de
alguien en el extranjero sin cobertura judicial y porqué él no asume la dirección
de esa investigación. Si la Policía, en base a esa declaración, puede
investigar ¿no puede encargar el juez esa misma investigación? Sí puede, pero
no quiere. Este juez es el que ha imputado en el “caso Faisán” a dos policías
dejando fuera al director general, secretario de Estado, ministro de Interior,
vicepresidenta y presidente del Gobierno de la época, que todos tendrían que
responder por ello. Pero Thatcher solo hubo una (la que dijo cuando su servicio
secreto mató a 4 terroristas del IRA desarmados en Gibraltar: “yo los maté, yo
dispare”).
Políticos.
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sin necesidad de fusilar a nadie, los políticos españoles, desde Franco
hasta ahora, nunca han apoyado a los policías que arriesgan sus vidas en las
cloacas del Estado (sin las cuales la mierda llegaría a todos los palacios y
ministerios del país) o en actuaciones muy delicadas en las que han arriesgado
su profesión y su libertad. ¿Se imaginan a policías vendiendo explosivos a ETA para
seguirlos y llegar al almacén? Pues se ha hecho y la primera vez se perdió la pista
del explosivo. En la siguiente se consiguió el objetivo ¿Han cometido un delito
los que han arriesgado su integridad haciéndose pasar por traficantes en un país
extranjero, sin ninguna protección? ¿Los apoyarían los políticos que estaban en
Interior o en el Gobierno si se descubre? ¿los apoyaría Aznar, presidente del
Gobierno en ese momento? No los apoyaría nadie aunque todos corrieron a ponerse
medallas (Aznar y Zapatero como antes González), cuando caían comandos fruto de
esa localización.
La Policía.
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¿Y qué hace la Udef y la Comisaría General de Policía Judicial? ¿no son
capaces de hacer una mínima comprobación, un mínimo informe respecto a la
declaración de los testigos? ¿también les pesa, como al juez, la importancia de
las personas a las que pueden descubrir? ¿Se limitan a ser secretarios de
declaraciones, simples transmisores al juez? Ahora se empieza a entender por qué
dos comisarios de policía fueron a ver a los fiscales anticorrupción de
Cataluña el 29 de noviembre. Por cierto, sería muy interesante conocer el
documento que llevaron porque con muchos menos datos se han organizado
detenciones, registros y portadas de diarios muy importantes en el “caso Gurtel”.
Claro que en la Comunidad Valenciana no había veleidades separatistas ni se
trataba de un político nacionalista, aliado de unos y otros, derecha e
izquierda según convenga, y por lo tanto su importancia política era nula desde
esa perspectiva, pero si era además del partido político que hacía la oposición
al Gobierno central, en la politizada policía española, miel sobre hojuelas.
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La ley o es igual para todos o no hay Estado de Derecho. Ante la ley y la
Policía la familia Pujol debe tener el mismo trato de actuación, respetuosa con
sus derechos pero en busca de la verdad y las ilegalidades cometidas que con un
vulgar ratero de barrio o con los implicados en la trama “Gurtel”. No vale que
se hable de personas con cargos institucionales muy importantes en altas
jefaturas del Estado que puedan aparecer con cuentas en el extranjero en estas
investigaciones porque eso no debería sino exacerbar la actuación de la
justicia y la Policía para combatir la corrupción empezando por los más importantes
personajes implicados.
Periódicos, juez,
políticos, policías…
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EL PAIS, El juez Ruz, el fiscal general del Estado, la fiscalía
anticorrupción, La Policía, la comisaría general de Policía Judicial y la Udef,
los que filtran los documentos, todos, estamos contribuyendo a que España sea
un país de pandereta contra la corrupción.
El sindicato.
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Y una impresión última: los filtradores de los documentos pueden haber
tenido la intención de arrojar luz sobre un asunto en el que hay personas muy
poderosas empeñadas en que no se avance, o justo la contraria, que esta información
se convierta en una cortina de humo que impida centrarnos en lo sustancial:
investigar si ha habido enriquecimiento ilícito de miembros de una familia
cometiendo delitos. Si fuera un clan de venta de drogas en la Cañada Real de
Madrid y hubiésemos tenido un par de declaraciones de testigos seguro que las
cosas se harían de otra manera. La seguridad de que esto es así es lo que nos
refuerza en nuestra actuación dirigida a que se investigue si hay o no prácticas
corruptas en Cataluña, como en el ático de Marbella, como en el uso indebido de
los aviones de la Policía por los directores generales del PP y del PSOE o si
se han cobrado comisiones ilegales por obras y material adquirido en la Policía.
En todos estos casos tenemos presentadas denuncias ante los tribunales excepto
en el del enriquecimiento en Cataluña. Posiblemente, si esto se paraliza tengamos
que hacerlo pronto en tribunales de España o ante el FBI norteamericano, el GBR
mejicano y el AFIP argentino, para ver si es posible romper el muro de obstáculos
que impide en este país que todos seamos iguales ante la ley.
Seguiremos informando
José Manuel Sánchez Fornet
Secretario general del SUP
