Dos policías
decentes, víctimas de la basura política que nos inunda
Ayer se conoció que el fiscal general del Estado, Eduardo
Torres-Dulce, había ordenado a la fiscalía de la Audiencia Nacional que
incorporara en el conocido como caso
Faisán la acusación de colaboración con banda armada a la de revelación de
secreto que pesa sobre los dos policías encartados, el comisario Enrique Pamiés
y el inspector jefe José María Ballesteros.
El fiscal general,
un agente político.
Es la primera vez en democracia, al menos que se haya
hecho público, que un fiscal general ha ordenado a los fiscales encargados del
caso que modifiquen su criterio. Y se ha producido para acusar de colaboración
con banda armada al comisario que más brillante historial tiene en la lucha contra
el terrorismo, con la detención de 50 comandos y 500 miembros de ETA en su
trayectoria profesional dedicada íntegramente a combatir a los terroristas.
¿Por qué ha decidido el fiscal general intervenir en este
sentido en el caso citado? Nunca se sabrá a ciencia cierta, pero sí que podemos
pensar que es debido a su relación con determinado medio de comunicación con un
locutor extremista, o a que le han “ordenado” desde el Ministerio
correspondiente (Justicia, pero puede que Interior), que reactive ese caso por
razones políticas, porque el PP había hecho bandera del mismo en la oposición.
Los hechos y pruebas no suelen importar a los políticos mezquinos, -que en este
Gobierno y en el PP abundan, como abundaban en el Gobierno socialista anterior-
y alguien ha debido pensar que esto podía distraer la atención de la situación
política, de la estafa de las preferentes, de los desahucios, los escraches, de
la soledad del Gobierno, o de los papeles de Bárcenas que evidencian la
corrupción imperante en la dirección nacional del PP. Alguien ha pensado que
esto bien podía ser una cortina de humo, que distrajera a la opinión pública de
la lamentable situación económica y política en la que nos encontramos.
No hay ninguna razón para pensar que el fiscal general
del Estado, ante los múltiples casos de corrupción que están pendientes en
distintos juzgados, coincide con la posición que mantiene la fiscalía en todos
y cada uno de ellos excepto en el que nos ocupa. Por ejemplo, el fiscal general
del Estado coincide con la decisión de la fiscalía anticorrupción de
convertirse en abogado de defensor de la hija del Rey –aunque es muy posible
que haya “inspirado” esa posición- pero ha considerado que era fundamental para
el estado de Derecho y la justicia que se incluyera la acusación de
colaboración con banda armada contra dos policías cuya dignidad está muy por
encima de la del fiscal general y muchos políticos de este y el anterior
Gobierno, que juegan con la vida y el honor de los policías acostumbrados a
malvender el suyo por un plato de lentejas. Estos personajes no conocen el
honor y su podredumbre moral es inversamente proporcional al cargo que ocupan.
El fiscal general del Estado no representa al Estado sino al PP.
Los hechos.
El caso Faisán
se remonta al 4 de mayo de 2006. Había un dispositivo de seguimiento en el bar
Faisán, de Irún, considerado desde años atrás como uno de los lugares donde se
recaudaba el impuesto revolucionario. Un lugar donde había dispositivos
policiales más o menos intensos de la Policía, La Guardia Civil y la
Ertzaintza, con determinados elementos técnicos instalados de forma permanente
o esporádica desde hacía 6 años, y que estaba proporcionando a los
investigadores de los tres Cuerpos (más el CNI) información importante para
llevar a cabo seguimientos a “recaudadores” del “impuesto revolucionario”, así
como de los meandros por los que el dinero llegaba a las arcas de la
organización terrorista. No era por lo tanto una investigación novedosa ni era
el núcleo central de la financiación de ETA; es más, la sospecha de algunos
investigadores es que se recaudaba poco y la mayor parte del dinero se lo
quedaban los ancianos que la dirigían, aprovechando su pasado en la
organización terrorista, como el fundador de ETA Julen Madariaga.
En esa investigación, con distintos cuerpos policiales
cruzados y con los cambios en la Audiencia Nacional de los jueces instructores,
más la implicación en el asunto de investigadores que habían actuado siempre
con poco rigor (Carlos Germán, entonces en la Brigada de Información y
encargado después de investigar el “chivatazo” tras pasar a la unidad de
Asuntos Internos) se producen errores y actuaciones que provocan el conocido
como caso Faisán.
Nunca se ha explicado, ni nadie podrá explicar, por qué
se produce una presunta filtración a cómplices de ETA y se encarga de la
investigación a quienes tenían un dispositivo desplegado sobre el terreno y
llevaban la investigación. Nunca se ha explicado por qué cuando el comisario
José Cabanillas, jefe de la UCI (Unidad Central de Inteligencia) dice en
declaración al juez Grande-Marlaska, que consta en el sumario, transcurrido un
mes desde el inicio de la investigación que Carlos Germán (el que tenía el
dispositivo montado y que fue encargado después de la investigación) le insiste
en que hay que hacer desaparecer la grabación del “chivatazo” no se le toma
declaración y se aparta a Carlos Germán y su equipo de la investigación.
Nunca se ha explicado por qué no se investigaron las
llamadas realizadas ese día desde Madrid por Carlos Germán, y por qué a partir
de determinada hora de la mañana su teléfono permanece apagado (aunque constan
llamadas desde y a la Audiencia Nacional, donde estuvo reunido con
Grande-Marlaska), ni tampoco se investigaron las realizadas a través de
operadores de telefonía con repetidores instalados en Francia. Tampoco se ha
explicado dónde está la grabación original del “chivatazo”, cuyo ordenador no
fue debidamente custodiado por el equipo investigador.
Las razones por las que se producen este cúmulo de irregularidades
y son permitidas desde el Gobierno del PSOE, con Rubalcaba y Camacho a la
cabeza, nunca se conocerán, pero que el hombre de confianza política en la
Policía, subdirector general operativo Fernández-Chico tenía depositada toda su
confianza en Carlos Germán es evidente. Si se hubiese actuado como indica la
lógica, apartando de la investigación al responsable del dispositivo policial
desplegado en Irún cuando se produjo el “chivatazo” se podrían haber
investigado las llamadas que hizo y recibió ese día, él y su equipo, y
controlar también las antenas de Moncloa y Ferraz, de donde creemos que hay más
posibilidades de que saliera la orden del chivatazo que de García Hidalgo.
La instrucción
judicial
Tras lo anterior no es necesario decir que la instrucción
está viciada desde su origen, que la hoja de servicios de Enrique Pamiés y
Ballesteros los avala (el primero es el policía con más detenciones en la
historia contra ETA y el segundo persona de su confianza) y ese día estaban
organizando un encuentro con un miembro de ETA, confidente, en dicha zona. Tal
vez el conocimiento por terceras personas de ese hecho les permitió actuar para
utilizarlos como chivos expiatorios si algo fallaba, como falló. Ni Garzón, ni
Grande-Marlaska, ni Ruz han sido capaces de levantar la vista del sumario y
enfrentarse a la búsqueda de la verdad aunque hubiera que investigar las
llamadas desde la sede del PSOE o desde Moncloa. Les han señalado un señuelo y
han picado.
Por otra parte, el fiscal del asunto ha pasado de pedir a
Garzón el archivo a considerar que había revelación de secreto y ahora, colaboración
con banda armada tras la orden del fiscal general del Estado. El pleno de la
Sala de lo Penal resolvió por unanimidad en septiembre de 2011 devolver la
instrucción al juez Ruz y emplazarle para la práctica de nuevas diligencias, al
no observar pruebas suficientes para mantener el procesamiento de los policías
imputados, y aunque ninguna prueba nueva ha sido aportada se mantiene e
incrementa la acusación contra los policías.
Son inocentes.
A la vista de las pruebas que constan en la instrucción y
del conocimiento de las pruebas descartadas y nunca practicadas no tenemos
ninguna duda de la inocencia de los dos encartados y así vamos a mantenerlo en
cualquier circunstancia y con todas las consecuencias. Este proceso está
politizado desde su origen, por el Gobierno y el PSOE de una parte y por el PP
de otra; al PP nunca le importó si los policías imputados eran o no inocentes
sino que buscaban condenas de policías con las que poder acusar a los políticos
socialistas. Ese es el hilo conductor que nos lleva a la injerencia del fiscal
general del Estado en el procedimiento siguiendo órdenes políticas del
Gobierno. Estamos ante una acusación política contra dos policías por un Gobierno
que quiere una condena para arrojarla contra el partido que gobernaba cuando se
produjeron los hechos. Un comportamiento moralmente miserable y políticamente
despreciable.
Nuestra opinión, ya expresada con anterioridad, es que
quienes informaron a Elosua de que no llevara a cabo su operación ese día
fueron otros; pero también en ese caso, suponiendo que fueron miembros de las
fuerzas de seguridad, estamos seguros de que ese “aviso” no fue realizado para
favorecer a ETA sino para combatirla, porque se trataba de preservar una fuente
de información que durante años había dado frutos importantes a las fuerzas
policiales que iba a ser desmantelado a mayor gloria de un juez ávido de fama.
Y desde luego, en la hipótesis, que los hechos objetivos
desmienten, de que Pamiés y Ballesteros hubiesen actuado como se les acusa, con
más razón cabría aplicar el párrafo anterior teniendo en cuenta que estamos
ante el policía con la mejor hoja de servicios en la historia de la lucha
contra ETA. Sin “gal”, sin fondos reservados, sin cientos de policías a sus
órdenes, sin “guerra sucia”, su trayectoria hace palidecer la de cualquier otro
mando de la Policía o la Guardia Civil sin excluir a nadie.
Otros “chivatazos”
Hay quienes creen que la lucha contra el terrorismo la
han protagonizado los políticos, titulares de prensa o manifestaciones
ciudadanas. Y está bien que lo crean, pero la tarea más ingrata e importante la
han llevado a cabo miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Sí, muy por encima
de la Guardia Civil y el CNI que han actuado conjuntamente hasta marzo del
pasado año, con medios materiales, técnicos y profesionales muy por encima de
los del Cuerpo Nacional de Policía; solo hay que ver las estadísticas del
número de terroristas y miembros de KAS detenidos y condenados para descubrir
el error al que ha conducido una extraordinaria política propagandística del
cuerpo militar.
La lucha contra el terrorismo la han protagonizado policías,
hombres y mujeres que han pasado meses y años trabajando como barrenderos, camareros,
comerciales, o integrados en comandos de ETA a los que nunca se reconocerá su
trabajo y el riesgo que asumieron en cumplimiento del deber. Como se produjo
una filtración respecto a su tarea, y en fechas recientes una periodista ha
contado su caso en un libro, solo citaremos el caso de esa compañera (M.E.T.B.)
que estuvo infiltrada en un comando etarra durante varios meses, conviviendo
con dos asesinos, y que vio meses después cómo localizaban el domicilio de sus
padres en La Rioja y su identidad, sin que el comisario responsable de la
operación haya dado nunca cuentas de cómo pudo producirse dicha filtración que
puso en riesgo su vida y la de su familia.
Aquí siempre hemos añorado a políticos que dieran la cara
en estos asuntos de Estado. Nunca lo han hecho. Dan las órdenes y se si las
cosas salen mal, se esconden. Margaret Tatcher, la controvertida primer
ministra británica recientemente fallecida, al menos en el apoyo a sus fuerzas
de seguridad dio ejemplo cuando, muertos a tiros 4 activistas del IRA en
Gibraltar que iban desarmados, ella manifestó “yo disparé”, asumiendo la
responsabilidad de la actuación de su policía. Eso aquí no ha pasado ni pasará,
y los políticos se esconden cuando están en el Gobierno, y buscan la condena de
servidores públicos para arrojar sus cabezas contra el otro partido cuando
están en la oposición. Miserables unos y otros, y esperamos que el tiempo y los
acontecimientos nos permitan desenmascarar a estos personajes tan tóxicos para
la ciudadanía.
Concluimos con los enlaces del carné por puntos de
septiembre y octubre del pasado año. Lean lo relativo a los hechos acontecidos
en Francia y juzguen si hubo o no “chivatazos” con el Gobierno de Rajoy a
comandos de ETA que siguen en libertad. Seguiremos informando.
Madrid, 20 de abril de 2013
COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL
