Sras.
y sres. Invitados, sr. secretario general de CCOO y demás miembros y amigos de
la organización que nos acompañan, compañeros de AUGC, AUME, SIPE…
El 17 de diciembre de 1976, hace ya 37 años, unos 400 miembros del Cuerpo de
Policía Armada, de la Guardia Civil y del Cuerpo General de Policía se
manifestaron ilegalmente en la plaza de Oriente de Madrid y después, en grupos
de cuatro, caminaron hasta la Puerta del Sol donde se produjo un incidente
violento con un general militar que prestaba servicio en la Policía.
Las causas del malestar existente que provocó dicha manifestación eran
reales, por el maltrato que recibían los policías de las escalas más bajas y
sus familias en la sanidad militar que entonces atendía a los miembros del
Cuerpo, pero la fecha de la celebración no parece casual, porque 2 días antes
se había celebrado el referéndum para la reforma política que abría la puerta a
la llegada de la democracia.
Con lo que quizás no contaron los instigadores de aquel acto, sin duda
dirigido a avisar a los prebostes del régimen de que no era posible la
transición, es con que, tras el encarcelamiento, traslados, encierros,
sanciones y expulsiones que siguió a la manifestación ilegal, un grupo de 5
policías de Sevilla decidió a partir de entonces que la Policía debía acompañar
a la sociedad española en su tránsito hacia la democracia, y tras un año de
debatir el asunto, el 28 de febrero de 1978, en la vivienda de Guillermo Gómez,
en la calle Madreselva de Sevilla, levantaron el acta fundacional del SUP, figurando
además de Guillermo los otros 4 fundadores José Osorno, José López, Manuel
Tapada y Carlos Jiménez; cinco valientes que querían una policía civil,
democrática y al servicio del pueblo, como acuñaron en un lema que fue la
bandera de los policías demócratas durante muchos años y que hoy sigue
plenamente vigente.
Tras ese paso vinieron años de clandestinidad, de miedo, de sanciones, de
apoyos y traiciones internas y externas, que prosiguieron tras la legalización
del sindicato el 21 de noviembre de 1984.
Nuestra legalización coincidió con el proceso de elaboración de la ley
orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aprobada en marzo de 1986, y fuimos
el único sindicato policial que se opuso a la misma por diversas razones, la
primera y principal por la denominación de instituto civil armado que nos
recortaba derechos como, entre otros, el de libre afiliación a cualquier
sindicato, incluidos los de clase, que sigue siendo una distinción restrictiva
de derechos respecto a todos los cuerpos de policía civiles de los países de
nuestro entorno, de todas las policías de la civilización occidental. La
Policía civil española no nació como las de los países democráticos europeos
sino en una zona de nadie, un híbrido entre lo civil y lo militar, como se está
poniendo ahora de manifiesto con las decisiones adoptadas el último año que son
evidentes retrocesos hacia un tiempo y una organización que en nada mejoran la
eficacia y el servicio que prestamos a la ciudadanía.
Ningún político de los que hizo la ley, ni de los posteriores de distintos
partidos sabe explicarnos la razón por la que los policías españoles podemos
estar afiliados a partidos políticos y no a sindicatos de clase. O no la hay, o
si la hay no la saben, y si la saben, los que la sepan no lo quieren o no lo
pueden decir.
Quizás pesó mucho el discurso de los mandos militares quienes aseguraban
que la policía sin estructura y carácter militar no funcionaría, perdería
disciplina y con ello eficacia, pero los hechos han demostrado que se
equivocaban o mentían porque pasamos de ser militares y trabajar de media 338
horas al mes a ser civiles y trabajar 150 horas mensuales, y nadie puede hoy
mantener que la Guardia Civil militar sea más eficaz ni más disciplinada que el
Cuerpo Nacional de Policía. Y si alguien lo dice, como los militares de los
tiempos citados, o miente o se equivoca.
Tal vez también influyó en el gobierno socialista que tomó la decisión de
unificar los dos Cuerpos policiales, uno civil y otro militar, la persistencia
del terrorismo de ETA. Tal vez el gobierno del PSOE pensó que con su llegada al
poder ETA desaparecería porque un país donde tras una dictadura militar
fascista gobierna la izquierda es porque ha llegado la democracia, sin entender
que ETA no luchaba contra Franco por traer la democracia sino por construir una
dictadura en el País Vasco, y por conseguirlo ETA siguió matando y mató mucho
más contra la democracia que contra la dictadura.
En los ocho años que van desde 1985 hasta 1992 el SUP estuvo inmerso en
divisiones internas que condujeron a celebrar 5 congresos, y ello porque además
de la inexperiencia de sus dirigentes se produjeron injerencias políticas, para
utilizarnos, injerencias de la UGT, para dirigirnos, y también intervención de
mandos policiales para impedir o retrasar el crecimiento del SUP, para que no consiguiéramos
afiliados y capacidad suficiente de defender nuestros derechos. Y todos
fracasaron.
Desde 1993 en que superamos las divisiones internas la organización no ha
dejado de crecer y ratificar su posición como primera fuerza sindical, pionera,
defensora de los derechos de los policías teniendo siempre como referencia que nuestros
derechos solo existen en este régimen político, en la democracia, en un
contexto social de respeto a los valores constitucionales, a los derechos
fundamentales de la ciudadanía y en una policía civil. No existe modelo de
policía cuyos miembros disfruten de derechos civiles salvo en las democracias
occidentales. Y es una solemne estupidez, aunque en este colectivo algunos la
practican, pretender que los policías tengamos todos los derechos y los
ciudadanos ninguno, que los policías tengamos protección jurídica cuando
actuamos y a la vez justificar que se pueda dar una patada en la cabeza a un
ciudadano caído en el suelo en una manifestación. Esta aberración se defiende
hoy en este colectivo por algunas organizaciones y no les pasa nada.
El SUP es el único sindicato policial que en sus Estatutos incluye un Código
Ético en el que defendemos los valores de respeto a la ciudadanía basados en
normas internaciones como la Declaración Universal de Derechos Humanos, o
nacionales, como la Constitución Española o los principios básicos de actuación
de la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que traducimos a la práctica
diaria del sindicato pasando de las palabras a los hechos.
Cuando en Ávila nos dirigíamos a los alumnos les decíamos que el SUP
garantizaba su protección si en una intervención cometían un error aunque
costase la vida a un ciudadano o a un compañero porque no somos infalibles, pero en cambio, si alguien robaba un euro o
cometía alguna falta intencionada contra los principios que debe guiar su
actuación profesional haría mejor en estar afiliado a otros sindicatos.
Por cierto esto de dirigirnos a los alumnos es una de las cosas que ya no
podemos hacer, uno de los muchos derechos recortados en este regreso a las
catacumbas del último año, sobre el que los tribunales deberán pronunciarse
pues está recurrido como un atentado al ejercicio de la actividad sindical y
por lo tanto, como protección de los derechos fundamentales.
Al SUP nos han colgado una etiqueta de afinidad con alguna ideología o
partido político, que algunos malos políticos y periodistas poco informados han
creído, por diversas razones, pero entre ellas sin duda por nuestro propio
origen, por nacer clandestinos en un Cuerpo militar y defendiendo la
desmilitarización y la democracia, que en aquellos tiempos eran la misma cosa, y
por supuesto también por lo que hemos defendido siempre y seguimos defendiendo
hoy, estos valores universales de respeto a los derechos cívicos y libertades
públicas de la ciudadanía que son señas de identidad de las democracias en
occidente y que todavía hoy, a pesar de ser principios que defienden teóricamente
desde el PP a IU pasando por el PSOE, un sector del Cuerpo, algunos periodistas
y algunos políticos de las especies antes citadas de malos y desinformados,
identifican con una ideología política.
La realidad objetiva que se constata con hechos es que hemos aplicado
siempre el mismo rasero a gobiernos del PP y del PSOE, que hemos llegado a
acuerdos y movilizado con gobiernos de uno y otro signo y que los demás
sindicatos, antes o después, siempre han acabado sumándose a nuestros acuerdos
o apoyando nuestras movilizaciones.
Pasando del pasado al presente lo cierto es que hoy llegamos a este
congreso cuando nuestros salarios son más bajos que los que teníamos hace
cuatro años y tenemos menos derechos laborales, sindicales y profesionales, lo
que hace innecesario explicar las razones por las que tenemos declarado un
conflicto colectivo de trabajo desde el pasado año que sigue esperando la
voluntad negociadora del Gobierno para resolverlo.
Además de estos retrocesos nos preocupa la conflictividad que vivimos, que
se sustenta en un lógico malestar de la ciudadanía pero que nos coloca en el
epicentro del conflicto por cumplir nuestro trabajo a las órdenes de quienes están
legitimados para darlas porque han sido elegidos para hacerlo.
Algunos colectivos minoritarios y sectores radicales pretenden criminalizar
nuestra tarea; parece como si disolviéramos a palos cualquier manifestación que
se celebra cuando la verdad es que hay incidentes en una de cada 1.000 y
siempre se producen cuando grupos emboscados en manifestaciones pacíficas
aprovechan para ejercer la violencia contra nosotros o contra bienes públicos o
privados. Creemos que hay que actuar en esas situaciones con firmeza pero sin
excesos, porque tenemos que ser escrupulosos en el uso de la fuerza y que ésta sea
la imprescindible para resolver cualquier conflicto; no queremos una Policía
cuyos miembros tengan que ocultar su profesión, como en los tiempos de la
dictadura, queremos que nuestros hijos, familiares y vecinos conozcan nuestra
profesión y que podamos decir alto y
orgullosos que somos policías.
Pero tampoco es posible que se considere como un derecho democrático apedrear
o golpear a los policías porque en ninguna norma, ni constitucional, ni de
derechos humanos, civiles y políticos viene recogido ese presunto derecho. Desde
el punto de vista legal es un delito y como tal debe perseguirse y desde el
punto de vista sindical es una agresión a nuestros afiliados, a los trabajadores
de la seguridad pública, y por lo tanto estaremos siempre denunciado y actuando
contra los autores o instigadores de dichas agresiones sean quienes sean, de
cualquier partido, sindicato, organización o medio de comunicación.
Con la misma firmeza que defendemos las libertades públicas y los derechos
civiles de la ciudadanía defendemos nuestros derechos como trabajadores de la
seguridad pública porque no son posibles los unos sin los otros y a nosotros,
al SUP, nadie nos puede dar lecciones de defensa de los derechos y libertades
públicas de la ciudadanía.
Y un claro ejemplo de defensa de libertades públicas y derechos de los
policías lo tenemos con nuestra denuncia, desde hace años, de la presión ilegal
a los policías para que lleven a cabo identificaciones indiscriminadas a
cualquier ciudadano en la calle para ver si cae algún delincuente, alguien con
busca y captura, o si lleva un trozo de hachís para consumo propio levantar un
Acta, que le cueste una multa de 300€ a un joven en paro; en definitiva, presumir
la culpabilidad de todos para poder actuar sobre unos cuantos y justificar
estadísticamente una labor que nada aporta a la seguridad ni a la eficacia.
Desde que en 1992 se aprobó la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana
se ha ido produciendo un lento pero imparable deterioro de los principios que
inspiraron dicha norma que han acabado convirtiéndola en un riesgo potencial
para todos, policías y ciudadanía.
Los libros registro que creaba dicha ley existen, están en las comisarías,
pero esa revisión cada dos meses que debía llevarse a cabo por fiscalía, 21
años después de su entrada en vigor aún no han comenzado. El Tribunal
Constitucional sentenció la legalidad conforme a la Constitución de las
identificaciones y el Tribunal Supremo las acotó señalando que pueden hacerse en
dos supuestos, cuando al policía le resulte sospechosa una persona de haber
cometido un delito o le resulte sospechosa de que puede cometerlo, pero esos
supuestos son sistemáticamente vulnerados por órdenes ilegales que generan un
riesgo para la seguridad jurídica de los policías.
El incremento de la presión sobre los policías para que practiquen
identificaciones indiscriminadas sobre los ciudadanos, principalmente jóvenes y
extranjeros llegaron a suponer el año 2009 casi 10 millones de identificados,
lo que llevó a todos los sindicatos policiales a denunciar dicha situación en
escritos dirigidos a los grupos parlamentarios, fiscal general del Estado,
ministro del Interior y defensor del Pueblo sin que produjeran ningún resultado.
Esas órdenes de identificaciones masivas son un atentado a las libertades
públicas y los derechos civiles de la ciudadanía porque si en una democracia
cualquier persona no tiene derecho a pasear por las calles, plazas, medios de
transporte y parques sin ser identificado sin ninguna razón esa es una
democracia de muy baja calidad, si es que es democracia.
No estamos hablando de identificaciones en concentraciones no comunicadas o
conflictos sino en cualquier parque donde haya un grupo de jóvenes charlando, o
en la puerta de un local de ocio, o en cualquier otro lugar donde un policía se
vea obligado a cumplir la orden de identificar indiscriminadamente a
ciudadanos, aplicando torticeramente una norma para impedir represalias
profesionales.
En este asunto como en tantos otros siempre hemos tomado partido, nunca
hemos disimulado mirando al horizonte cuando defender nuestros derechos y las
libertades públicas forman parte de la cuestión. Somos un sindicato
comprometido con la defensa de los derechos de los policías y de la ciudadanía.
En este congreso fijaremos nuestra postura sobre el modelo policial, las
garantías jurídicas en el ejercicio de nuestra función, el fin del terrorismo
de ETA, sobre el chivatazo o sobre medidas para combatir la corrupción, entre
otras, que seguro habrá quien comparta y quien no, pero serán argumentadas y
elaboradas desde la defensa de los principios constitucionales, la defensa de
los intereses y derechos de los policías y respetando como marco donde deben
encajar las mismas el interés general de la ciudadanía.
Desde la clandestinidad, la herramienta que más ha utilizado el SUP para la
consecución de sus objetivos ha sido la denuncia pública, la información a la
ciudadanía, traspasar el muro de los cuarteles y abrir las ventanas de las
comisarías para que el aire y la luz de la democracia penetrara hasta sus
últimos rincones, transmitiendo que defendíamos una policía con derechos para
garantizar sus derechos.
Y eso mismo seguimos haciendo en la actualidad, preservando las
informaciones cuya difusión puedan generar problemas legales o perjudicar al
interés general pero acabando con esa permanente opacidad tan apreciada por unos
y tan despreciada por nosotros, y ello a pesar de querellas, denuncias y
expedientes disciplinarios porque esa fórmula no vale contra nosotros. A más
querellas y expedientes más denuncias, porque desgraciadamente en este país y
en este Cuerpo nunca nos faltarán motivos para hacerlo.
La democracia es un régimen de opinión pública y por lo tanto intervenir en
el debate público, en los medios de comunicación es una herramienta fundamental
para remover obstáculos, para cambiar comportamientos, para que no se pueda
actuar desde parámetros no aceptados en este modelo de sociedad que es la
democracia. El SUP ha hecho y seguirá haciendo un uso intensivo de la denuncia
y la libertad de expresión porque sin ella se produciría una notable reducción
de la capacidad del sindicato para influir en la defensa de los derechos
salariales, laborales y profesionales de sus miembros.
En nuestro acervo cultural como organización sindical profesional no
existen debates sobre nada que no sea derechos profesionales, modelo policial o
de prácticas operativas, de seguridad jurídica y de cómo actuar en cada
supuesto teniendo claro que nuestra decisión como sindicato no viene
determinada en función de ideologías, de izquierdas o derechas, sino de
comportamientos, de honrados y chorizos, decentes y corruptos, una división ésta
que la aplicamos también para nosotros, para los policías y los sindicatos
policiales.
Cada año votamos en el Consejo de Policía a favor de entre 20 y 30
expulsiones de policías, sean o no afiliados, por prácticas corruptas o
delitos; en fechas recientes un inspector jefe de Cádiz ha sido condenado por
el Tribunal Supremo a varios años de cárcel e inhabilitación tras denuncia del
SUP, y otra denuncia nuestra se está investigando contra otro inspector por prácticas
ilegales incompatibles con los derechos de los ciudadanos consagrados en
nuestras leyes.
Si todas las profesiones, políticos, jueces, notarios, registradores,
abogados, empresarios etc. actuaran igual estaríamos en una situación social
distinta y mucho mejor de la que estamos.
En esta sociedad corroída por la corrupción en la que todo parece que se
compra y se vende para el SUP hay algunas cosas que no se compran, ni se
venden, ni se negocian: defender y proteger a los policías en el ejercicio de
su trabajo y defender y proteger las libertades públicas y los Derechos Humanos
de la ciudadanía; Estos principios ni están en venta ni tienen precio.
FIN
