Madrid, 30 de julio de 2013
De la lengua y los
derechos de las personas.
El día 24 de julio un tren Alvia procedente de Madrid descarrilaba
en la curva de A Grandeira, a poco más de tres kilómetros de Santiago de Compostela.
Mucho se ha escrito ya, y se escribirá en el futuro, sobre las causas y responsabilidades
del accidente a pesar de que el maquinista haya asumido como propia una parte
importante de la misma; y está bien que así sea si sirve para detectar lagunas
en la seguridad y se pueden adoptar medidas que impidan en el futuro nuevos
accidentes como este, que hasta la fecha ha arrancado la vida a 79 personas y hay
22 más que están en estado crítico.
Aquí no voy a escribir sobre las
responsabilidades, si debe haber un sistema distinto de seguridad, o si en vez
de uno deben ir dos maquinistas en estos trenes que no tienen la tecnología de
la alta velocidad; tampoco del buen trabajo de mis compañero/as, ya expuesto en
otros medios, sino de un hecho que pudo pasar desapercibido pero que puede ser
un síntoma de algunas cosas graves que están pasando en este país y que afectan
al interés general de la ciudadanía, de nuestro camino y rumbo como sociedad.
La noche del día 24, cuando ya la
cifra de muertos superaba los cincuenta, el presidente de la Xunta de Galicia
Alberto Nuñez Feijóo se dirigía en su lengua materna, el gallego, exponiendo la
información que tenía al respecto a la TVG, y debido a la más que deficiente
cobertura que hicieron del accidente otras cadenas nacionales (las más vistas),
y en especial la pública, algunas cadenas menos vistas pero también de cobertura
nacional y alguna autonómica pública enlazaron en directo con la televisión
pública de Galicia, por lo que transmitían además de a Galicia al resto de
España las palabras, en gallego, del presidente de la Xunta.
Poco después comenzó el rumor y
al día siguiente la crítica básicamente en la red social twitter, respecto al
hecho de que Nuñez Feijóo se hubiese manifestado en gallego y no en castellano
o español. Leí algunos tuits a favor y en contra y decidí pronunciarme en el
sentido de que en mi opinión Feijóo se había equivocado por utilizar una lengua
que solo entienden en Galicia pero que tampoco tenía el asunto importancia como
para pedir la dimisión, que decían algunos, y se trataba de aprender del error
para no repetirlo.
La reacción fue fulminante, desproporcionada y numerosa, de quienes creían
que Feijóo había hecho bien al usar solo el gallego, y según iba avanzando el
debate algunos decían que había hecho bien pero habría hecho mejor si además
del gallego utiliza el inglés, mientras otros, desde Cataluña, decían que la
TV3 catalana estuvo conectada y aunque no entendieran nada lo respetan porque
hablaba en su lengua y que yo era un fascista tratando de imponer el uso de mi
lengua, el español, que algunos tanto odian. Eso de que las lenguas sirvan para
entenderse no parece que tenga importancia.
En mi
opinión esto solo puede pasar en un país y en una sociedad desnortada, donde
hay que revisar desde los cimientos una transición de la dictadura a la democracia
que, a pesar de ser tan alabada (cada día menos porque parece que pasamos no a
una democracia real sino a un sistema de corrupción con máscara democrática), parece
haber dejado algunos pozos negros donde se pierde el sentido común y abunda el
odio contra el semejante por actos tan ignominiosos como pedir que, en una
situación tan angustiosa como la vivida esa noche, te informen en una lengua
que entiendas si tu hijo, padre, esposa o familiar están vivos o muertos en el
accidente.
El
error, atendiendo a las circunstancias y la magnitud del accidente es
disculpable, de acuerdo, y quien pida por eso la dimisión de Feijóo es un
sectario, pero no reconocer el error me parece más grave que haberlo cometido. En
este caso hablamos de un accidente donde había ciudadanos de 10 nacionalidades
y muchos de fuera de Galicia que no conocían dicha lengua, ni ellos ni sus
familias, por lo que era un asunto de vital importancia, de elemental
sensibilidad, manifestarse en la lengua que todos conocían. Hay que impedir que
algo así vuelva a pasar. Hay que impedir que vuelva a estrellarse un tren por
ninguna razón y hay que impedir que ante esa o cualquier otra catástrofe en la
que pueda haber implicadas personas de otras regiones se les hable en una
lengua distinta a la lengua común del Estado que entiende toda la ciudadanía.
Imagínense
a las 12 de la noche del día 24, con un familiar que viaja en ese tren, sin que
los teléfonos de emergencia facilitados respondieran por saturación y sin tener
noticias de si está vivo o muerto; imagínese siendo ciudadano de Madrid, o
Cádiz o cualquier otra región con una lengua común, el castellano, escuchar (además
con un sonido telefónico deficiente), al representante del Estado en dicha
comunidad comentar durante minutos el accidente sin poder entender lo que
decía.
No hay derecho que valga a usar una
lengua ante el derecho de la ciudadanía a recibir información comprensible en
un asunto como este. Anteponer el derecho a hablar en una lengua despreciando
la que conocen todas las víctimas y sus familiares es mezquino y miserable. Hacerlo
por error, sobrepasado por la magnitud de la tragedia, es disculpable; defender
que prima el uso de la lengua a los derechos de las familias de las víctimas es
un acto de terrorismo intelectual es impropio de un razonamiento humano.
Los
derechos de las personas están por encima de todas las reivindicaciones
territoriales o lingüísticas; solo desde una sucia cueva maloliente donde hace
mucho tiempo que no entra aire ni luz, habitada por alimañas mononeuronales, se
puede anteponer el derecho a expresarse en una determinada lengua a que las familias
de las víctimas, padre, madre, hijo, hija, esposo o esposa… puedan ser
informados en la única lengua que conocen de si su familiar está vivo, muerto o
desaparecido.
Nada tiene
que ver esto con apoyar o no una u otra lengua. El Sr. Feijóo no es nada
sospechoso de usar la lengua como algunos partidos independentistas, o como los
nazis la raza, para dividir una sociedad y crear guetos donde poder imponer su
modelo de sociedad o sus prácticas corruptas; pero en este país hay que separar
los debates políticos, los debates sobre derechos territoriales, banderas y lenguas
de los derechos de las personas, que deben anteponerse a todos los demás. Sin
personas no hay derechos que valgan.
Sindicato Unificado de Policía
Presidente de honor.