A principios de 2012 salta a los medios de comunicación
una posible investigación ilegal sobre la propiedad de un ático en Marbella (en
realidad la urbanización Alhambra Golf está mitad en Marbella y mitad en Estepona
pero la vivienda en cuestión corresponde a este último municipio), alquilado
por el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (aunque
está a nombre de su esposa, Lourdes Cavero).
El comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios es
cesado y trasladado a Madrid; destinado a una comisaría del distrito donde vive
Ignacio González (Pozuelo) antes de tomar posesión es trasladado a otra (Usera)
y después a la de Cármenes (siempre como segundo jefe), que es casi el
escalón más bajo al que puede ser destinado un comisario.
Agapito Hermes es un hombre del PP. Visitaba Génova donde
tenía amigos en el PP de Madrid y estuvo destinado en Moncloa siendo presidente
Aznar; pidió excedencia para montar una empresa con el yerno de Aznar, Agag,
pero al año volvió a la Policía. El día que fue cesado en Estepona se despidió
del PP de la localidad con una cena. El SUP le restó puntos por su presunta
politización y compañeros y responsables de distintos lugares donde había
estado destinado (empezando por Moncloa y siguiendo por Marbella) hicieron
llegar al sindicato su malestar por una crítica que consideraban injusta pues
lo consideran un mando muy responsable, que apoyaba a sus subordinados. En el
siguiente carné x puntos recogimos este parecer y le devolvimos los puntos que
le habíamos restado. Sirva todo esto para entender que este comisario es lo más
alejado que pueda haber de un presunto “rojo” de Rubalcaba. Es un profesional que
como la inmensa mayoría de los mandos del CNP cumple órdenes y que por ello acaban
sufriendo represalias o menoscabo profesional por la cobardía y falta de ética de
muchos de nuestros políticos, acostumbrados a usar la carrera profesional de
los policías en sus disputas y por sus intereses espurios.
Estas relaciones no impidieron que fuera cesado y
expedientado. Según su versión, la de Agapito Hermes (afiliado a la CEP,
sindicato afín al PP y quizás por ello su deficiente defensa), el DAO
Fernández-Chico (subdirector operativo del gobierno socialista, fallecido poco
después de la llegada del PP) le pidió una investigación discreta porque no
quería filtraciones y no tenía confianza en el comisario general de Policía
Judicial (Juan Antonio González) ni en otras personas de la UDEF por sus
filtraciones del asunto de la Gurtel.
Según Agapito el encargo le fue hecho a mediados de 2011;
en enero de 2012 (ya gobernaba el PP) aprovechando una solicitud de Interpol
sobre un vehículo francés que podría ser utilizado por una banda de
narcotraficantes, se accedió a la zona de garajes de la urbanización con permiso del vigilante y se pudo
fotografiar un vehículo allí estacionado propiedad de Ignacio González. Dicha
fotografía se filtró al diario EL MUNDO y ahí se destapó el asunto. El nuevo
DAO (director adjunto operativo que corresponde al anterior subdirector
operativo) dijo no tener conocimiento del caso y el director general prohibió cualquier
investigación al respecto. Se abrió un expediente disciplinario al comisario y
fueron llamados a declarar el inspector jefe de Información (no era habitual
que Información investigue estos asuntos, más propios de judicial, pero el
comisario Agapito lo justificó en que le habían pedido absoluta reserva y que
no se enterara la CGPJ, por lo que decidió encargarlo a Información), algún
policía y entre ellos afiliados al SUP, lo que provocó que este sindicato
interviniera en el asunto en defensa de los mismos.
Agapito Hermes fue sancionado y trasladado y los
afiliados al SUP quedaron exentos de cualquier responsabilidad disciplinaria,
pero como en el conocimiento de los hechos obtenido para defender a
sus afiliados había indicios que efectivamente podían hacer pensar que
estábamos ante un hecho irregular o ilegal, la organización sindical decidió
informar de los datos de los que tenía conocimiento a la fiscalía
anticorrupción.
El ministro de Interior dijo en otoño de 2012 en sede
parlamentaria que habría expedientes y que la investigación era ilegal,
tratando de cerrar el asunto, sin plantearse que, si fuera así haría bien en
depurar responsabilidades pero eso no debería impedir que una investigación
legal tratase de averiguar si se había cometido algún delito, porque de lo
contrario se abría una puerta peligrosa para encubrir delitos, como era iniciar
una investigación sin grabarla en la base de datos correspondiente con lo que
se conseguiría anular la investigación posterior de cualquier delito de corrupción
que se quiera impedir.
La fiscalía anticorrupción rechazó el escrito denuncia
del SUP diciendo que, aunque había algún indicio, no eran suficientes para que abrieran
diligencias, pidiendo al sindicato que siguiera investigando como si fuésemos
una unidad policial. A la vista de ello, y más ya por una cuestión de defender
principios éticos que sindicales, porque ya parecía casi seguro que los
afiliados del sindicato no serían sancionados pues no se les había abierto
expediente, el sindicato decidió remitir la información que tenía del asunto,
junto con noticias aparecidas en diversos medios de comunicación (que también
se habían remitido a la fiscalía) al ministro de Interior, director general de
la Policía, grupos parlamentarios del congreso y del parlamento andaluz y al
comisario general de Policía Judicial. Sorprendentemente, este último, Rodríguez
Ulla, dispuso que se abriera una discreta investigación y en diez días los
investigadores parecían acumular datos que confirmaban la propiedad del ático
de González, y en ese momento, seis meses después de ser nombrado, el comisario
general de Policía Judicial fue fulminantemente cesado.
El SUP decidió trasladar los datos de que disponía al
juzgado de Estepona, se abrieron diligencias y se aceptó investigar, continuándose
la causa con distintas declaraciones y
habiéndose solicitado por la jueza una comisión rogatoria a Delaware (Estados
Unidos) sobre movimientos de cuentas de Rudy Valner (propietario de la empresa
dueña del ático) y se ha citado a este a declarar sin que haya comparecido de
momento. El último movimiento judicial es que la juez pregunta a la fiscalía si
procede trasladar el asunto a la Audiencia Nacional, suponemos que porque
dispone de datos de los que carecen las partes personadas (como el SUP, que ejerce
la acusación particular para intentar impulsar la investigación).
Rudy Valner es un testaferro profesional que se anuncia
así en internet, como experto en camuflar la propiedad de bienes materiales de
las personas. En 2007 era tesorero de la empresa EGEDA US, de Enrique Cerezo,
que gestiona derechos audiovisuales y mueve millones de euros en américa (hay
otra EGEDA de Cerezo en España).
Cerezo trabaja con el bufete de abogados
Suárez&Dehesa, sito en el paseo de Pintor Rosales, y es al que se dirigió
Rudy Valner en 2008 solicitando un notario de confianza porque tenía que
comprar una vivienda que le había pedido un cliente. En 2008 coincidieron en
Los Ángeles Valner, Cerezo e Ignacio González en unos premios cinematográficos.
La hipótesis que se baraja es que esa vivienda que quería comprar Valner es el
ático de González y que encubrieron el asunto como un alquiler. Si el precio
del ático era de un millón de euros y lo alquila a 2.000/mes, si solo de
comunidad se abonan 600€/mes, en dos siglos esa vivienda no sería rentable.
Una vez que la juez de Estepona avanza en las
investigaciones, en primavera del presente año, Ignacio González dice que ha
adquirido la vivienda en propiedad. Eleva a pública escritura de compra junto
con su esposa y eso, salvo que se pueda demostrar que el dinero para pagarlo es
ilegal, impide que se le pueda acusar de ningún delito.
Paralelamente a esta investigación en distintos medios de
comunicación se publican relaciones de Cerezo, Ignacio González, TeleMadrid y
Bankia, la antigua CajaMadrid, donde la opinión de los políticos de la
Comunidad era determinante pues su presidente, Miguel Blesa, fue nombrado a
instancia de Esperanza Aguirre. Un contrato de TeleMadrid y préstamo de Bankia
por más de 200 millones de euros al Atl. de Madrid que preside Cerezo, cuya
rentabilidad podría comenzar a los ocho año pero que sin embargo se suscribe solo
por cinco, es decir, asumiendo pérdidas. Otro contrato de publicidad por unos 24
millones de euros de Tele Madrid con el Atlético de Madrid que se abona pero
nunca se ejecuta. En definitiva relaciones de Cerezo y la Comunidad de Madrid
que hacen sospechar que el ático fuera el pago en negro a Ignacio González por
alguno de estos contratos, según distintas noticias en diversos medios de
comunicación.
El comité de empresa de TeleMadrid elabora un informe que
remite a la fiscalía denunciando que se han hecho negocios ruinosos para la
entidad y que favorecen a Cerezo. Este informe puede ser la punta del hilo que
conduzca a un ovillo donde puede haber comisiones ilegales y prácticas
defraudatorias de políticos y empresarios de la comunidad de Madrid sin que
todavía pueda ponerse nombre a los presuntos delincuentes. El PSOE se ha
personado recientemente en el sumario de Estepona actuando como siempre, tarde
y mal, y creo que en el SUP no hay ningún interés por coincidir con dicho
partido en nada, más bien al contrario, intentarán diferenciarse en todo lo
posible. En mi opinión, y creo que coincido con la del sindicato, un partido político
que se persona contra uno de otro partido y no contra los suyos está haciendo
un flaco favor a la política y no combatiendo la corrupción lealmente, sino utilizándola
para la disputa política.
El SUP no tiene, salvados sus afiliados, ningún interés
en el asunto, me consta, ha depositado una fianza de 6.000 euros que va a
recuperar y por lo tanto no va a dedicar más esfuerzos ni dinero en un asunto
que corresponde a la justicia, aunque no retirará su denuncia por un principio
elemental de responsabilidad ética policial y sindical que comparto
absolutamente.
Esperamos que la comisión rogatoria aporte datos que
permitan avanzar en esta maraña en que se convierte cualquier investigación de
cualquier responsable político que tiene cuentas o adquiere viene en el extranjero
usando para ello casualmente (o no), un testaferro profesional experto en
camuflar bienes de personas que no pueden justificar como han conseguido el
dinero para adquirirlas.
