En 1986 nacía el Cuerpo Nacional de Policía. Fusionaba el
Cuerpo de Policía Nacional militar y uniformado con el Cuerpo Superior de
Policía, de carácter civil. Ambos Cuerpos habían sufrido otra reconversión en
nombre y uniformidad en 1978, con la Ley de Policía de Martín Villa, que cambió
el nombre del cuerpo civil (de Cuerpo General a Cuerpo Superior) y el de la
policía militar (de Policía Armada a Cuerpo de Policía Nacional), cambiando
también su uniformidad de gris a marrón, como luego en 1986 cambió del marrón
al azul. La Guardia Civil permaneció con su mismo nombre, uniformidad y
carácter militar y si la ley de 1978 le restaba muchas competencias y centraba
su actividad en la zona rural, la de 1986 le abría puertas para convertirse en
la Policía del Estado con el transcurso de los años, sin renegar de su pasado, cambiar
su uniformidad, modificar la falta de respeto a los derechos de sus miembros, ni
menos renunciar a su carácter y estructura, militar, un anacronismo para servir
los derechos de una ciudadanía civil con derechos inalienables.
La policía civil, El Cuerpo Nacional de Policía fruto de
la unificación de 1986 comenzó un proceso de modernización en coherencia con el
deseo de la mayoría de sus miembros, procedentes del Cuerpo militar, de
disfrutar de los derechos de los funcionarios civiles como cualquier policía en
cualquier país de la Europa occidental. Los policías eran durante la dictadura
y primeros años de la transición y la democracia soldados sin derechos
maltratados por los mandos, y obedecían cualquier orden por encima de cualquier
ley porque la obediencia ciega era su ley, extremo en el que hoy empezamos a
parecernos sospechosamente a la policía franquista. Trabajaban entre 72 y 96
horas semanales y muchos estaban pluriempleados porque el salario no les
permitía vivir dignamente. Este proceso de asunción de valores democráticos, de
civilidad, de comprensión de lo que es un servicio público esencial que
garantice derechos y libertades de la ciudadanía como eje central de su
actividad y de disponer de derechos como funcionarios civiles se mantuvo hasta
1992; a partir de esa fecha se ralentizó ese camino de democratización, después
se detuvo y pocos años más tarde se inició el camino hacia la sima por donde
hoy nos encontramos descendiendo.
Hubo avances con gobiernos socialistas y comenzó también
con ellos la ralentización y retroceso, y los gobiernos del PP no han variado
el rumbo, más allá de matices, hasta el pasado año 2012 en que el proceso de
involución que se venía observando tuvo una brutal aceleración, que hoy continúa.
Hoy ya estamos perdiendo sobre 2.000 policías de media
por año al tiempo que se produce un envejecimiento del personal, que ante las
negras perspectivas económicas alarga la edad de permanencia en activo prácticamente
hasta los 65 años, sin que se produzca la asignación de puestos de trabajo
específicos a partir de los 60 años como planteó en su momento el sindicato
SUP.
La falta de material empieza a ser preocupante. Medios técnicos
avanzados de los que carecemos, folios, papel higiénico, aire acondicionado,
reactivos de Policía Científica, medios de transmisiones, vehículos viejos y
peligrosos… no impiden que el director general de la Policía se gaste el dinero
en sus caprichos. Viaja habitualmente en uno de los aviones de la Policía; remite
cartas a todos los policías con el consiguiente gasto en sobres y folios (que las unidades
operativas no tienen para imprimir diligencias); adquiere chalecos de
protección sin superar los requisitos legales y técnicos (con riesgo para los
que lo lleven); cambia el museo policial de Ávila a Palencia (su tierra) con un
considerable coste; pretende comprar un camión de agua para disolver manifestaciones
que se dejó de usar en tiempos de la dictadura; se pretende cambiar las insignias
por razones estéticas con un coste millonario, o se decide crear masters para
mandos, designados a dedo, para premiar y colocar en la cúspide policial a los
más afines ideológicamente.
Aquel sueño de una policía del Estado con profesionales
que no obedezcan órdenes ilegales ni políticas, independientes del partido que
gobierna, que asciendan y ocupen cargos de responsabilidad por méritos
profesionales no pasó de ser eso, un sueño. Y si la politización y discrecionalidad
en los ascensos y nombramientos han existido siempre, el uso que de ello ha
hecho el PP que tanto lo denunció en la oposición en estos dos años ha sido insuperable.
Desde que llegaron el actual ministro y director general los criterios han
cambiado; ahora el principal y más necesario para alcanzar un cargo importante
es religioso, y después, de afinidad ideológica; y eso se nota en la decadencia
cada vez más rápida en la que se encuentra la Policía, sin rumbo, caótica,
donde lo más importante parece ser la carrera política de su director general al
que jalean la mayoría (no todos) de la Junta de Gobierno y otros altos mandos,
cada vez más acostumbrados al peloteo como herramienta de ascenso profesional.
Se investigan los casos de corrupción que afectan a
miembros del Gobierno o del PP por obligación, arrastrados por las denuncias, y
se llega a cesar al comisario general de policía judicial por investigar la propiedad
de un ático en Marbella del presidente de la comunidad de Madrid y al comisario
local, y si hoy se mantiene dicha investigación es porque entre los policías a
los que el ministro amenazó en sede parlamentaria con expedientar había algunos
afiliados al SUP. También los había afiliados a otras organizaciones pero
estas, constituidas como el tridente comparsa no parecen tener mucho o ningún
interés en cumplir con su obligación de defenderlos ante ataques políticos
injustos. Quizás si el dirigente de uno de ellos no estuviera en Brasil, con
10.000€/mes, el de otro no estuviera recibiendo un trato favorable del director,
y otro no consiguiera medalla roja para un liberado no estarían con las manos atadas
por su propia decisión.
Una policía donde a un policía de la escala básica le
niegan una comisión de servicio para estar los últimos días de vida junto a su
hijo nacido con tan graves problemas que murió poco después, mientras otros,
hijos o pelotas de mandos nadan en medallas, puestos de trabajo con dietas
durante años y en comisión de servicio en cualquier lugar del país. Una policía
donde el mando que llevó a cabo ese comportamiento (gobernaba el PSOE) tiene el
premio de ser mantenido en su puesto por Cosidó (que nombró algún superior del
mismo todavía de peor catadura moral) asumiendo así toda la podredumbre que
inundaba ya el mandato de Velázquez y Camacho (director general y ministro
respectivamente en los últimos meses socialistas).
Una policía donde se regula que cualquier baja, aunque
sea en acto de servicio, supone reducción salarial y que en todo caso,
transcurridos uno, dos o tres meses te devolverán si está acreditada la baja,
sin tener en cuenta que hay policías que viven de su exiguo salario y no tienen
ni fondos reservados ni todos los gastos pagados por el dinero de todos como
Cosidó y algún mando que le ha aconsejado esa medida tan injusta y salvaje.
Una policía donde siempre ha habido corrupción en la
concesión de condecoraciones pero que este año ha vuelto a superarse en este
asunto, concediendo un número de cruces rojas, pensionadas, escandaloso a la
escala superior cuando dicha condecoración exige como requisito que en una
actuación policial se ponga en riesgo la vida, la integridad física o haber
sufrido lesiones en acto de servicio. Entre 474 miembros de la escala superior,
que son el 0,69 del total de miembros de la Policía, se han repartido 27
medallas, lo que supone que el 5,69% de sus componente ha llevado a cabo una
acción heroica, con riesgo para su vida; entre 5.792 miembros de la escala
ejecutiva que son el 8,45 del colectivo se han repartido 73 medallas, lo que
supone que el 1,26% de sus miembros ha puesto en riesgo su vida o integridad física;
entre 4.828 subinspectores que son el 7,05% del colectivo se han repartido 11
medallas, suponiendo que el 0,22 de sus miembros ha hecho frente a una situación
de riesgo grave o resultado herido, y entre 57.378 miembros de la escala básica
que son el 83,79 del colectivo se han repartido 27 medallas pensionadas, lo que
supone que el 0,04% ha arriesgado su vida. Hay decenas de casos de policías que
han arriesgado su vida y resultado con heridas graves que no han recibido la
recompensa merecida. El SUP peguntará al Consejo de Policía por el número de
miembros de cada escala que tiene la medalla roja, además de que será un dato
que se pedirá como prueba por el servicio jurídico en el recurso anunciado por
el sindicato por prevaricación y malversación de fondos, porque sin tener los
datos ya sabemos todos los policías que el % resultante será tan elocuente que
no precisará ninguna explicación.
En este periodo de tiempo de Cosidó se han producido sospechosos
chivatazos a miembros de ETA que seguía la Policía en Francia sin que se hayan
investigado, con visitas de personas
sospechosas de ser miembros de las fuerzas de seguridad a quienes después
escapaban dejando la baliza en una cuneta. Cosidó no ha investigado nada de esto
y en cambio sí premia al dirigente de una asociación que ejerce la acusación
contra los policías del Faisán y que fue la única que recurrió la decisión del
pleno de la sala penal, por unanimidad, de considerar que no había indicios ni
siquiera para mantenerlos imputados (se ha celebrado el juicio sin una sola
prueba nueva pero con acusación no solo por revelación de secreto sino por
colaboración con banda armada por petición expresa del fiscal general del
Estado nombrado por el PP).
El SUP se ha convertido en el enemigo a batir porque
denuncia la deriva, la decadencia y la politización de la Policía hasta
extremos intolerables, y Cosidó responde pretendiendo o comprarnos, con concesión
de puestos en embajadas o condecoraciones que han sido rechazadas, o con
expedientes disciplinarios y querellas que abren e interponen sus mandos más fanáticos
y politizados, los talibanes que quieren devolvernos a las cavernas con el
beneplácito del tridente comparsa y con la única oposición del SUP.
La manipulación estadística no se ha resuelto sino que se
incrementa. Ahora no se aceptan denuncias por robos de móviles si no se lleva
el Imei y si pretendes denunciar que te han robado la batería del coche te
exigen que lleves el coche a la comisaría con una grúa, y ello sin modificar las
prácticas manipuladoras del pasado. En el caso más mediático en este momento,
el asesinato de la niña de origen chino en Santiago, se sabe que la madre fue a
comisaría a denunciar un supuesto ataque sospechoso a su hija y no le fue admitida
la denuncia. Conste que el SUP defenderá si hay algún compañero sobre el que se quiera descargar cualquier responsabilidad por esto; al parecer no fue el servicio de la Oficina de Denuncias sino que le informaron a la madre de la niña muerta de que precisaba un parte médico de algunas lesiones que presentaba, se le aconsejó que fuera a un centro médico y volviera, y no lo hizo. Lo que procede en un servicio policial de calidad digno de ser llamado servicio público y por lo que el SUP nació en la clandestinidad entre otras razones es recoger su denuncia y trasladarla con un vehículo al centro asistencial, pero que no se haga así no es responsabilidad de la Oficina de Denuncias o del policía de seguridad sino de los mandos que han organizado el servicio para crear todo tipo de trabas ante las denuncias.
Si hubiera que elegir una imagen del tiempo que estamos
viviendo en la Policía esta sería la del verano de 2012, con 12 GEOS viajando
en dos furgonetas más otra cargada de material, desde Guadalajara a Cádiz (siete
horas de viaje), para una vez allí embarcar, internarse en el mar, asaltar un barco,
conducirlo durante varias horas a puerto, entregar la droga y volver a su
cuartel, otras siete horas de vuelta, mientras Cosidó usa el avión policial
para ir desde Madrid a Cádiz, acompañado por periodistas, presentar el alijo de
droga como una gran operación (lo único grande fue la actuación del GEO porque
la información del 99% de los barcos con droga que detenemos nos la facilita la
DEA o el servicio británico de inteligencia antinarcóticos), y hacerse la foto
mientras los geos vuelven a casa cansados y habiendo arriesgado la vida en un
abordaje sin las mínimas condiciones de seguridad ni servicio médico que los apoye:
algún día una simple herida provocará que alguno de ellos se desangre y muera
por falta de asistencia. Esta es la Policía de Cosidó, que como la moral
franquista parte del principio de una brutal hipocresía social, manipulando la opinión
pública y atentando contra la libertad de expresión.
Una policía que ha desviado su rumbo y que está
impregnada de las mismas prácticas corruptas que la sociedad española y la
mayoría de sus instituciones y que nada tiene que ver con aquella que soñamos,
civil, con derechos, al servicio de la ciudadanía como eje vertebrador de
nuestra actividad.
No hay que perder la esperanza ni en la sociedad ni en la
Policía. Es posible cambiar el actual estado de cosas y adoptar prácticas
profesionales dignas, decentes, que seamos la policía que la sociedad merece. No
hay que cansarse de denunciar la podredumbre que ponen en evidencia las
condecoraciones concedidas para ser entregadas hoy, Día de la Policía, porque la
inmensa mayoría de los policías y la ciudadanía rechazan las prácticas
corruptas y a los corruptos.
Hoy Día de la Policía reafirmo mi decisión de seguir
denunciando y oponiéndome a cualquier acto de corrupción, corporativismo
rancio, desprecio a los derechos civiles que consagra la Constitución y
cualquier otra práctica indigna, y a seguir trabajando en y desde el SUP para
hacer una policía más democrática, civil, bien formada y garante de los
derechos y libertades de la ciudadanía.
Madrid, 2 de octubre de 2013.
