año 2008
Lourdes Cavero, Sra.
de Ignacio González, visita 2 veces el ático. Dice que busca algo para comprar
por un millón de € aproximadamente.
El 19 de marzo de
2008 se crea en Delaware la empresa off shore mercantil Coast Inverstor LLC. Su
representante es Rudy Valner, que actúa como testaferro de personas interesadas
en ocultar su identidad tras sus bienes. Ha sido tesorero de una empresa de
Enrique Cerezo en América para la gestión de los derechos de autor (EGEDA).
El 12 de mayo de
2008 (después de las visitas de la Sra. Cavero), desde Delaware y entregando un
primer pago de 100.000€, Rudy Valner concierta la compra del ático -sin verlo- por 750.000€ (el precio en esa zona en esa fecha era de 1 millón de €). Ni en el Banco de
España ni en el SEPBLANC consta esta operación económica.
2010
Esta empresa
propietaria del ático, Coast Inverstor, permanece inactiva hasta el 19-7-2010,
en que es dejada por su agente y permanece sin actividad económica,
funcionamiento y representante hasta el 22-3-2012 en que se activa (el mismo
día que Ignacio González reconoce que el ático era alquilado por él).
El alquiler
concertado era de 2.000€/mes (en esa zona es de 6.000€/mes) y el propietario
abonada 1.650€/trimestre de comunidad, cantidad que se ingresaba desde un banco
de Londres. Coast estaría obligada a abonar el impuesto de las rentas de no
residentes y gravamen especial sobre Bienes Inmuebles de entidades no
residentes (GEBI) que no fueron abonados.
2011
En julio de 2011 el
comisario de Marbella recibe la orden de llevar a cabo una investigación
discreta sobre el ático en cuestión. La orden se la imparte el DAO, que no
quiere que la conozca el comisario general de policía judicial por enfrentamientos
existentes entre ambos.
En noviembre 2011 se
produce una reunión de Ignacio González con dos comisarios, que le piden un
recibo del alquiler del ático, a lo que éste se niega ¿por alguna razón alguien
se niega a entregar un recibo de alquiler de su casa? ¿Puede derivarse algún
problema de ese hecho si la vivienda es verdaderamente alquilada? El comisario Villarejo
realiza una minuta de la reunión que es archivada en la DAO. El 22 de diciembre
toma posesión el nuevo Gobierno.
2012
En enero muere el
director adjunto operativo que había encargado la investigación.
El 22 de marzo
Ignacio González dice que es el inquilino en régimen de alquiler del ático y el
23 de marzo el diario EL MUNDO lo señala como propietario.
Se abre una
información reservada en la que son llamados a declarar el comisario, el
inspector que llevó la investigación y algún policía.
El día 11 de abril, EL
MUNDO informa que Interior considera ilegal la investigación y el día 12,
González acusa al Gobierno anterior de la investigación en el diario EL PAIS.
El 12 de abril, hay una comida del director general de Policía Ignacio Cosidó con el firmante,
entonces secretario general del SUP, y otro cargo institucional del PP amigo de
ambos que ha sido invitado por Cosidó por si puede ayudar a mejorar las
relaciones. El director general dice que la investigación es ilegal y que si no
se insiste mucho en que se investigue porque no hay nada que investigar no
pasará nada a los policías que amenaza con expedientar.
El 24 de abril el
SUP de entonces dirige escrito a la fiscalía anticorrupción.
El 10 de mayo la
fiscalía recoge que archiva la denuncia provisionalmente, sin perjuicio de que
policialmente se pueda seguir investigando (implícitamente reconoce lo que hace
la LEC respecto a la capacidad de la policía de llevar a cabo indagaciones
propias antes de judicializar el asunto).
El SUP de entonces remite
escritos al fiscal general del Estado, grupos parlamentarios de Andalucía, y
comisario general de Policía Judicial, entre otros. El comisario general ordena
que se inicie una investigación y unos diez días después, ante los primeros
resultados, José Enrique Rodríguez Ulla es cesado por el director general de la
Policía. Había sido nombrado como comisario general de Policía Judicial cinco meses antes.
El 22 de octubre,
con la información que se remitió a la fiscalía se presenta denuncia en el
juzgado nº 5 de Estepona.
El 12 de diciembre
Ignacio González adquiere el ático en propiedad.
2013
Ignacio González
presenta denuncia en el juzgado de Instrucción 47 contra el comisario de Marbella.
En ese juzgado, que dirige Alfredo Carretero, hermano del director de seguridad
de la comunidad de Madrid (Agustín Carretero, noticia reciente por existir una
grabación en la que aconseja a uno de los implicados que no declare lo que
sabe), se está tramitando un asunto de espionaje que el sr. González vincula
con la investigación del ático, quizás pretendiendo que sea reclamada la
investigación del ático por este juzgado, o para conseguir condena contra el
comisario de Marbella, que le permita alegar después, si prospera la investigación del ático, solicitar la aplicación de la jurisprudencia de la “fruta del árbol contaminado”, según la cual toda investigación
que se produzca a partir de un acto ilegal es nula de pleno derecho. Esto
supondría, de prosperar la investigación de Estepona y acreditarse que el ático
era suyo, que todas las pruebas y el sumario serían nulos, la investigación se
vendría abajo y los posibles delitos podrían estar prescritos.
Los abogados de
Ignacio González piden en el juzgado 47 la remisión del expediente
disciplinario abierto al comisario de Marbella por la presunta investigación ilegal. En el mismo, para su defensa, el
comisario aportó la minuta realizada por el comisario José Villarejo de su entrevista con Ignacio González en noviembre de 2011, con el fin de demostrar que la investigación
no era ilegal y estaba respaldada por el DAO, porque de lo contrario al
comisario deberían haberle pedido explicaciones al entregar esa minuta
exponiendo la gestión profesional que realizaron con González sobre el ático.
2015
El dos de marzo el
presidente de la comunidad de Madrid Ignacio González responde a una noticia
del diario EL MUNDO acusando de chantaje a los dos mandos policiales con los
que se entrevistó en noviembre de 2011. En
la noticia el diario recoge la minuta antes citada que al solicitar los abogados de González que denuncian al comisario
en el juzgado de instrucción 47 copia del expediente disciplinario la nota ha
salido a la luz. La acusación de chantaje es insostenible porque dice que consiste en que él retire la denuncia contra el comisario de Marbella, pero se olvida de cuadrar las fechas, y es que su denuncia es de 2013 y la reunión dos años antes, con lo que es imposible que los comisarios pudieran plantearle lo que él dijo mintiendo en rueda de prensa. Lo que en nuestro rico refranero sería ir por lana y salir
trasquilado.
El seis de marzo se
anuncia desde el PP que Ignacio González no es candidato a la comunidad de
Madrid y lo sustituye la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes.
Hoy 7 de marzo de
2015 sigue sin saberse qué persona está detrás de la comercial Coast Inverstor
que se creó en marzo de 2008, adquirió un ático dos meses después por teléfono,
sin verlo, lo alquiló de inmediato a un precio muy por debajo de mercado, y lo
vendió cuatro años después al mismo precio obteniendo por esa inversión en
cuatro años nada. Una empresa que desde su creación en 2008 estuvo sin ninguna
actividad hasta que en marzo de 2010 tuvo que activarse para cobrar el alquiler cuando estalló la polémica,
desconociéndose entre 2008 y 2010 donde se ingresó el alquiler.
Pero que el sr. González no sea candidato no resuelve el
meollo del asunto, conocer qué persona realizó la compra del ático. Por eso
desde el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción vamos a
seguir con interés el desarrollo del sumario, estaremos informados gracias a la
personación de la asociación Transparencia y Justicia, y fijamos tres objetivos:
a) Que se conozca la identidad de la persona para quien el testaferro Rudy
Valner adquirió el ático en el año 2008.
b) Que se investiguen los errores producidos en las
comisiones rogatorias, con continuos retrasos en la traducción y envío por
cauces erróneos que han estancado el desarrollo del sumario, por si de la misma
se deriva alguna responsabilidad de algún policía que no haya cumplido con su
deber (el ministro del Interior y el director general de la Policía se han
pronunciado tildando de ilegal la investigación y cesando al CGPJ, y eso puede
haber influido en la diligencia de algún subordinado)
c) A expensas del resultado de la investigación judicial, no
descartar iniciar acciones penales contra los responsables políticos antes
citados, si se acredita que el ático era ya propiedad del sr. González, por
posible delito de obstrucción a la justicia, prevaricación… y otros que
pudieran resultar aplicables.
