En agosto de 2011, una comunicación de Interpol-Francia
alerta de un vehículo con ciudadanos extranjeros (rusos) que posiblemente estén
traficando con drogas que se alojan en una urbanización de lujo entre Marbella
y Estepona, Alhambra del Golf. En la realización de dichas gestiones sobre
inquilinos y vehículos se tiene conocimiento de que existe un ático, se
desconoce si en propiedad o alquilado, del vicepresidente entonces de la
comunidad de Madrid Ignacio González.
Tramitada la información policial vía Interpol a Francia,
la minuta interna con el comentario sobre el ático llega al director adjunto
operativo, Miguel Ángel Fernández-Chico Díaz. Éste, enfrentado con el comisario
general de Policía Judicial, Juan Antonio González, decide que las pesquisas
previas se realicen sin conocimiento del mismo y llama a Madrid al comisario
Agapito Hermes, comisario de Marbella. Le ordena que realice una investigación
discreta para determinar la propiedad del ático que ocupa Ignacio González pero
no quiere que tenga conocimiento de ello el referido CGPJ.
Agapito Hermes no es policía afín al PSOE; sus
preferencias políticas están en el PP; siendo inspector de policía y estando
destinado en Moncloa estuvo un tiempo en excedencia en un negocio con Alejandro
Agag, yerno de Aznar, y sus relaciones con el PP de Madrid o de Estepona era
buenas, era un comisario como la mayoría, conservador, pero también como la
mayoría, profesional, que cumple órdenes sin atender a condicionantes
políticos. Por la discreción que le han pedido y para que no conozca las
indagaciones previas la comisaría general de policía judicial ordena que esas
investigaciones preliminares las realice un inspector de Información con
algunos policías de dicha especialidad.
Esas gestiones llegan a conocimiento del hoy presidente
de la comunidad de Madrid quien invita a tomar un café a dos comisarios de amplia
experiencia a los que pide ayuda para que cese la investigación, cosa que no
hacen, y además tramitan una minuta exponiendo el motivo del encuentro. Debe
tenerse en cuenta que estamos a finales del año 2011; la Sra. Aguirre era
presidenta y nadie podía conocer los acontecimientos que se producirían después,
por lo que es una nota policial ordinaria que se archiva directamente.
Llegado el nuevo Gobierno y con la desgraciada muerte del
director adjunto operativo Fernández-Chico, el vicepresidente de Madrid impone
sus tesis de que no debe investigarse la propiedad de su ático y que lo que se
ha hecho es ilegal. El ministro de Interior ratifica en el Senado esta posición
y el director general de la Policía, también. El ministro anuncia que los policías
serán expedientados y el sindicato al que están afiliados el inspector y un
policía, informados por estos de la amenaza de expediente, decide intervenir en
su defensa.
El comisario de Marbella es cesado y expedientado y la
consigna oficial es que ha sido una investigación ilegal y no hay nada más que
investigar. Pero resulta que el día que el DAO imparte la orden hay presente un
comisario, además de Hermes, y este comisario informa por escrito para la
defensa de Agapito en el expediente disciplinario que no era una investigación
ilegal sino una orden impartida por el máximo responsable policial y se remite
como prueba de que era conocida oficialmente la investigación a la minuta del
café con el entonces vicepresidente de la comunidad que fue entregada en la DAO
y archivada ordinariamente.
La dirección del SUP entonces (ahora hay otra estrategia
contra la corrupción que consiste en no denunciarla, según se aprobó en
asamblea nacional en junio de 2014), decidió que la defensa de los compañeros
era paralela y hasta complementaria de la denuncia de las sombras que existían
sobre la propiedad del ático y decidieron denunciarlo, a pesar de algún canto
de sirena de un mando de Málaga, luego ascendido, que insistía en que la mejor
forma de proteger a los compañeros era quedarse quieto (como hizo la CEP, por
cierto, sindicato del comisario Hermes). Los hechos se denunciaron a la fiscalía
anticorrupción, que rechazó la denuncia
alegando que había indicios pero no suficientes para una investigación judicial
y que debía seguir haciéndola la Policía (abril de 2012), confundiendo el
sindicato con una brigada de investigación. Tras esta negativa se remiten
algunos datos en una carta al comisario general de Policía Judicial, Enrique
Rodríguez Ulla, quien ordena abrir una investigación que dura 10 días, al cabo
de los cuales es cesado por Cosidó a los cinco meses de su nombramiento,
dejando en evidencia que es el Gobierno, el Ministerio del Interior y la
Dirección General de la Policía quienes protegen a Ignacio González y no
quieren que se investigue nada del ático. Una injerencia política en la
actividad policial propia de un país bananero se produce en España con luz y
taquígrafos y no pasa nada.
Mientras, el SUP de entonces sigue exponiendo, entre
otras razones, que no tenía sentido que alguien que ha hecho una inversión de
un millón de euros alquilara a un precio tan bajo, porque sería más rentable dejar
el dinero en el banco del paraíso fiscal donde estaba, siendo incoherente que se
invirtiera ese dinero aquí en un bien inmobiliario para no obtener prácticamente
ninguna rentabilidad, salvo que fuera en un bien de su propiedad.
Tras alguna
descalificación de la entonces presidenta Esperanza Aguirre hacia el SUP de
entonces -que combatía la corrupción- y puesto que la investigación del hecho
se ha bloqueado en la Policía y en la fiscalía, se decide presentar una
denuncia penal en el juzgado correspondiente a la ubicación del ático, un
juzgado de Estepona (aunque es conocido como el “caso ático de Marbella” la
urbanización está a caballo entre estos dos municipios y el ático en término de
Estepona), lo que se hace en noviembre de 2012, y ahí sigue. Desde hace más de
un año se han tramitado comisiones rogatorias a distintos países para
determinar el origen del dinero con el que se adquirió la vivienda, comisiones
que por errores burocráticos más o menos comprensibles siguen atascadas a fecha
de hoy.
Según la señora Marisa Berry, agente inmobiliaria que
vendió el piso, la señora de Ignacio González había estado un par de veces
viendo el ático antes de que lo comprase Rudy Valner, y según el sr. Javier Villate que negoció la venta, Rudy
Valner, testaferro que lo adquirió en nombre de una empresa, negoció la compra
por teléfono y lo conoció en persona en el momento de firmar el Acta notarial. El
sr. Valner ha sido tesorero en una empresa, Egeda, que gestiona derechos de
autor en algunos países de América propiedad del sr. Enrique Cerezo, amigo del
sr. González. En medio de esta polémica e investigaciones cruzadas el sr. González
decide comprar el ático y lo hace el 18 de diciembre de 2013.
Paralelamente a estos hechos y dado que la investigación
no se ha detenido como pretendieron el sr. Ignacio González, el ministro de
Interior y el director general de la Policía, el ya propietario legal del ático
decide insistir en la denuncia contra el comisario de Marbella en el momento de
iniciarse las pesquisas, Agapito Hermes, presentándola en el juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, con la excusa de
que ahí se ha investigado un caso de espionaje en la comunidad producido hace varios años. El titular del
dicho juzgado es Adolfo Carretero, cuyo hermano Agustín es director de
seguridad en la comunidad de Madrid y recientemente ha sido noticias por unas
grabaciones del caso de espionaje que investiga su hermano en las que aparece intentando convencer a un implicado de que no preste declaración.
Agapito Hermes aporta documentos de su expediente
disciplinario en su defensa y entre estos, la minuta del encuentro de los dos
comisarios con el sr. González para acreditar que no hizo ninguna investigación
ilegal, y ese documento, difundido por EL MUNDO hoy es el que ha provocado una
rueda de prensa del presidente de la Comunidad de Madrid en la que, una vez más,
ha atacado a policías que cumplen con su deber, en este caso dos comisarios a
los que acusa de chantaje.
Dice el sr. Gonzalez que lo chantajearon porque le
pidieron un recibo del alquiler de la vivienda que justificara que era
alquilada, pero se negó. ¿Por qué se niega alguien a entregar un recibo de
alquiler de una vivienda si realmente la tiene alquilada? ¿En qué consistía el
chantaje con la petición de ese recibo? Pero peor es lo que insinúa después
respecto a que se trata de una maniobra para quitarle de la candidatura, cuando
el documento del que ahora se hace eco EL MUNDO está fechado antes de que él
fuera presidente y nadie imaginaba que pudiera llegar a ser ni siquiera
candidato.
El sr. Ignacio González, con el apoyo del ministro de
Interior y del director general de la Policía, consiguió el cese de un
comisario general, de un comisario local, de un jefe de grupo y a pesar de ello
no pudo parar la investigación de su ático. Porque esa investigación sigue en
marcha es por lo que el Sr. González pretende conseguir a toda costa una
condena del comisario Agapito Hermes como autor de una investigación ilegal, lo
que le permitiría aplicar la teoría de la “fruta del árbol envenenado”, según
la cual, si el origen de una investigación es ilegal todo lo demás es nulo de
pleno derecho, y es en el marco de esta pretensión del investigado (González) de condenar a quien lo investiga (policía) para anular el proceso del ático cuando
de nuevo vuelve a atacar a dos comisarios de policía a los que invitó a café
para intentar frenar la investigación.
Si Ignacio González consigue una condena contra el
comisario Hermes, aunque después se demostrara que mintió y el ático era de su
propiedad y comprado con comisiones ilegales nada de lo investigado tendría
valor y debería iniciarse un nuevo proceso, en el que posiblemente los delitos
a investigar ya habrían prescrito. Se juega mucho Ignacio González en este
asunto y de ahí su atrevimiento de denunciar a dos mandos policiales falsamente
en rueda de prensa. La prepotencia y arrogancia del poder.
He de decir que de ese café supe tiempo después de
celebrarse y que la prueba evidente de que ninguno de los dos comisarios
pretendía hacerle ningún chantaje es que ninguno se dirigió al SUP para
intentar que frenáramos las denuncias, siendo como éramos los únicos que la hemos
mantenido, y si hubo personas que se acercaron a nosotros fueron algún
periodista, algún mando de mayor graduación que los dos citados y algún político,
intentando hacernos ver la conveniencia de no insistir en la denuncia ni en la
investigación del ático. Sobra decir que no lo consiguieron y que la ejecutiva del
SUP anterior mantuvo las denuncias y su estrategia de combatir la corrupción y
a los corruptos hasta el final de su mandato.
Que un político que adquiere una vivienda que tenía
presuntamente alquilada a través de un testaferro profesional, que se anuncia
en internet como experto en ocultar fortunas y bienes, se permita aprovecharse
de su cargo para en rueda de prensa acusar a dos comisarios que por su estatuto
profesional no podrán responderle, debería tener una respuesta contundente, y
dado que el ministro y el director general de la Policía están de parte del político
investigado y contra los policías correspondería a los sindicatos policiales
poner los puntos sobre las íes.
Y a la dirección del PP le corresponde decidir si puede o
no descabalgar a Ignacio González de su candidatura o estamos ante el caso de
otro político que por el conocimiento que tiene de las cloacas del partido es
mejor que se mantenga en el cargo.