jueves, julio 2

UN BUEN POLICÍA

Ayer recibí una llamada de una compañera policía dándome la noticia de que, por fin, tras casi 10 años expulsado, su marido, Jorge M., ha sido admitido de nuevo en el Cuerpo, en un acto que viene a reconocer los errores que se cometieron con él.

Jorge estaba destinado en Madrid cuando una noche, junto con otros dos compañeros, tuvo una intervención en los bajos de Azca, en pleno núcleo de la movida nocturna madrileña. Allí había tres hombres que simulaban ser miembros de la Guardia Civil, que estaban identificando y sustrayendo dinero y otros efectos a personas que entraban o salían de una discoteca. Personados en el lugar los policías de servicio, los tres falsos guardias civiles se resisten, se enfrentan y a gritos reclaman apoyo de otras personas señalando que los policías los quieren detener sin razón; hay golpes, forcejeo y algunos jóvenes que se suman a la agresión contra los compañeros, y en esa situación de tensión, estando uno de los tres falsos guardias civiles con grilletes colocados y brazos a la espalda, sentado en el bordillo de la acera y Jorge M. tratando de calmar a unos y repeler la agresión de otros, como quiera que este falso guardia civil ya esposado no dejaba de pedir ayuda y alentar la agresión contra los legítimos agentes de la Autoridad, Jorge se volvió y le dio una bofetada. Una bofetada que como tuve ocasión de decirle al director general Velázquez, yo hubiera dado igual porque se trataba de controlar una situación que podía volverse muy peligrosa si los falsos guardias civiles consiguen que más personas se sumen a la agresión a los tres policías, a los que podían reducir y sustraer sus armas. Esa bofetada en comisaria sería inaceptable pero en ese momento y circunstancia era necesaria y legítima para controlar la situación, en ningún caso abuso de fuerza sino una actuación proporcional a los hechos que ocurrían.

Los detenidos fueron trasladados a comisaria, se realizaron diligencias y en sede judicial el asunto comenzó a complicarse tras una denuncia contra los compañeros que al final recayó sobre Jorge, por un presunto delito de maltrato a detenido. La defensa de Jorge no lo hizo bien y el sindicato al que estaba afiliado, UFP, tampoco. Aquí hay que apostillar que ninguno de los dirigentes que estaban en UFP en esa fecha (2005-2006) son hoy responsables en UFP y que estoy seguro que con los responsables de hoy de UFP esos errores no se habrían producido.

El caso es que Jorge fue injustamente condenado y expulsado y cuando ya expulsado llamó a UFP la respuesta recibida es que ya no era afiliado. En ese momento es cuando su mujer, Yolanda, afiliada al SUP, decide recurrir a nosotros. El asunto era muy complejo pero tras una lectura minuciosa del sumario aparecen errores como que se da por hecho en el mismo y en los documentos internos de la Dirección General de la Policía y la secretaría de Estado que la bofetada propinada por jorge al detenido se ha producido en comisaría y no en el fragor de una pelea callejera donde tres policías se defendían de agresiones de varias personas. En comisaría nada justifica ese golpe y es un caso evidente de maltrato, en la calle en una detención con resistencia violenta es uso legítimo de la fuerza y defensa propia, y la condena una grave injusticia que hay que intentar que se corrija.
  
En una reunión mantenida a principios de 2011 con el entonces director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Velázquez, tanto el entonces secretario general de UFP como yo expusimos el error cometido con Jorge. El director general (habíamos remitido previamente los asuntos a tratar) se manifestó molesto con la defensa de un policía ya expulsado que maltrató en comisaria a un detenido, y eso nos permitió echar el órdago de decir que si la bofetada había sido en la comisaria no solicitaríamos el informe favorable a su rehabilitación, pero si había sido en la calle, en el transcurso de una reyerta provocada con resistencia y agresión a los agentes, el informe seria favorable, porque el director general estaba seguro, y tenía varios informes que así lo aseguraban, que la bofetada había sido con el detenido en la comisaría. El director general decía no entender como podía yo defender un caso flagrante de malos tratos y yo le decía que él estaba equivocado, los informes internos también y que alguien se equivocó copiando argumentos del sumario, los ubicó en el escrito a la Dirección General donde no les correspondía y desde entonces, todos los informes señalaban la bofetada en la comisaría cuando había sido en la calle y en uso legítimo de la fuerza. Llegó a leernos un párrafo del informe que le habían pasado donde decía el leguleyo compañero burócrata que lo hizo que "estando detenido, sentado y con las manos sujetas en la espalda con grilletes, recibió una bofetada de Jorge M.", colocando este párrafo después de haber relatado la lectura de derechos en comisaría y otras vicisitudes, lo que indujo a error en todo el trámite posterior. 

Lo primero que planteamos para iniciar un proceso de rehabilitación o suspensión de la ejecución de la condena fue hacer ver ese error de interpretación, que cambiaba sustancialmente el asunto, y lo segundo el apoyo de las demás organizaciones. Conseguido el informe favorable de la dirección general socialista, prosperó también la demanda de unidad, y en el primer pleno del Consejo de Policía con el actual gobierno, al que asistió el ministro Jorge Fernández Díaz, hicimos una exposición detallada del asunto que fue apoyada por todos los demás sindicatos. La dirección general popular también apoyó posteriormente el informe favorable a la rehabilitación, pero en el trámite burocrático alguien no debió hacer sus deberes, o simplemente porque en la burocracia ministerial estos procedimientos se rechazan prácticamente todos, la petición vino rechazada, con el agravante de que no podía volver a plantearse hasta pasados dos años. Un mazazo para todos pero en especial para Jorge y Yolanda.

Transcurridos los dos años y algo más, tras otro proceso de meses porque la burocracia no entiende de vidas y razones sino de trámites, por fin, tras casi 10 años fuera de la Policía se hace justicia y Jorge M. vuelve al Cuerpo. Si hay alguien a quien debe Jorge volver a ser policía es a su esposa, que si defiende los derechos de la ciudadanía como ha defendido a su marido ante la injusticia es una policía ejemplar. Y me consta que lo hace.

Esta rehabilitación, un procedimiento extraordinario y pocas veces conseguido, tiene como precedente en la Policía el caso de un agente destinado en Barcelona, que caminaba por las ramblas hacia su comisaría cuando vio a un barrendero caído entre las flores; se acercó a ayudarle (había sufrido una indisposición repentina) y otro barrendero que vio esa escena de su compañero caído y el policía agachado junto a él interpretó que había habido una agresión y sin preguntar agredió a empujones e insultó al compañero. Este hombre fue trasladado a comisaria y denunciado, el enfermo atendido, pero la denuncia por detención ilegal contra el compañero prosperó, fue expulsado y tardó 10 años en volver. Tras muchas gestiones se consiguió que volviera y unos meses después, en las elecciones sindicales en la Policía el compañero, ya destinado en su tierra, Galicia, no votó a su sindicato porque había tardado mucho tiempo en conseguir su vuelta. 

Así son las cosas, pero más allá de la mezquindad de este compañero gallego, el proceloso trámite de su expediente de reincorporación sirvió para que cuando llegó el caso de Jorge M. los mecanismos y despachos a los que acudir (aparte de hacer informes hay que ir a que los que deciden los lean y a convencerlos) ya fueran conocidos. 

Y hubo un comisario que como ya está jubilado merece y puede ser citado sin riesgo para su carrera profesional, porque en estos casos y en los de varios indultos a policías injustamente condenados (GEO, Madrid, Córdoba, Ciudad Real...) tuvo una labor fundamental para que los indultos salieran adelante desde su cargo de asesor en la secretaría de Estado de Seguridad, y es José Luís López Esteban.

Este post se escribió el 2 de julio, cuando era inminete la resolución, pero todavía el Gobierno no adoptó la decisión de la rehabilitación hasta el 18 de agosto, y el escrito de comunicación a Jorge no ha llegado hasta ayer. Vuelve a la Policía quien nunca debió salir de ella.