El Consejo de
Policía es un órgano de mediación y arbitraje creado en la ley orgánica 2/86 de
fuerzas y cuerpos de seguridad, paritario, no vinculante, que en teoría sirve para
“compensar” la pérdida de otros derechos como el de huelga o el de afiliarse a sindicatos
de clase; su presidente nato es el ministro de Interior que delega en el
director general de la Policía. Formado por 16 miembros de la Administración y 16
miembros de la parte social, los policías, estos son elegidos entre miembros de
las cuatro escalas cada cuatro años. El SUP tiene cuatro de los 12 vocales de
la escala básica, el único de subinspección, y uno de los dos de la escala
ejecutiva, y hay también uno por la escala superior; en total seis de los 16
son del SUP repartíendose los 10 restantes entre CEP, UFP y SPP.
Siendo Rajoy ministro de Interior –nos consta que lo fue porque asistió a un pleno del Consejo durante media hora para no comprometerse en mantener los acuerdos alcanzados con su antecesor, que por nada más-, los sindicatos hicimos una declaración de conflicto y en contra de lo que dice la ley el pleno del Consejo no fue convocado para debatirlo. Recurrido por los sindicatos y perdido en primera instancia, solo el SUP decidió seguir recurriendo contra esa resolución judicial (mientras los demás sindicatos cedian a las “recomendaciones” de Interior), con lo que la sentencia defintiva de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de 2003 que obliga a convocar el pleno en caso de conflictos colectivos fue obtenida en solitario por los servicios jurídicos del SUP.
El actual director general de la Policía es de esos políticos capaz de cambiar de opinión sin el más mínimo rubor y decir en el Gobierno lo contrario que decía en la oposición. Si siendo portavoz de Interior del PP en el Congreso planteó unas enmiendas a la ley de Personal, siendo director general de la Policía no solo rechaza esas enmiendas suyas sino que incluso las enmienda él mismo en sentido contrario. Con este comportamiento cínico e inmoral política y personalmente las relaciones con el SUP no podían ser como él quería, buenas, de tomar café y asistir a nuestras asambleas y cursos de formación a que nos “rozáramos” con él pero eso sí, siempre que lo dejaramos actuar contra los derechos de los policías. Este es el cambio de cromos que ofreció Cosidó. En estos menos de dos años que lleva en el cargo, Cosidó ha asistido a numerosos actos de UFP-UGT (congresos, asambleas, cursos de formación…, como al que asistirá en Galicia el próximo 16 de septiembre), y a actos de SPP y CEP, sindicatos que han aceptado aplicar con Cosidó la estrategia del “rozamiento”. Es una decisión que respetamos pero el SUP decidió no aplicarla con la anterior ejecutiva y al parecer la actual mantiene la misma posición en esta materia.
Desde el primer momento le dijimos que nosotros no ibamos a ser visitadores habituales de su despacho y que queriamos soluciones a los problemas existentes, limitar los recortes y un proyecto para que los miembros del Cuerpo tuvieran seguridad jurídica y un clima laboral de confianza con un horizonte despejado. Cosidó estaba en otra película, en la suya, en la de usar a la Policía para mejorar su imagen política, en aparecer en los medios de comunicación y contentar a los de su partido, en cesar a mandos y amenazar a policías con expedientes si no miraban para otro lado en casos como el del ático de Marbella. Politización de la Policía, ataques a sus profesionales para proteger a presuntos corruptos y derroche sin cuento viajando en un avión policial a dar una rueda de prensa por una actuación policial mientras los que la protagonizaban, los que se jugaban la vida en ella, los GEOs, viajaban siete horas de ida y otras tantas de vuelta desde su sede en Guadalajara con asalto a barco en altamar entre viaje y viaje. Cualquier director que actue así en la Policia está condenado a confrontar con el SUP. Visto como actuaba y los recortes que se producian el SUP presentó una declaración de conflicto en mayo de 2012. Esa declaración se vio en el Consejo de Policía en junio y Cosidó contó para no atenderla con los votos de la administración y con 10 de los 16 vocales del Consejo elegidos por los policías. El avance sindical obtenido gracias a la justicia para obligar a debatir cuando se plantee conflicto colectivo en un pleno del Consejo quedaba desactivado por los propios sindicatos policiales nueve años después.
De haberse aceptado nuestra Declaración de conflicto y la creación de una Comisión del Consejo de Policía para aquello que afecta a las condiciones de trabajo hoy no habría compañeros que tienen lesiones en acto de servicio y pierden parte del salario por los días de baja. Seguramente tampoco estaría Cosidó empeñado en gastarse cientos de miles de euros en un camión de agua para manifestaciones, ni en llevar el museo policíal de Ávila a Palencia (su tierra), o millones de euros en el cambio de las hombreras de los uniformes, quizás tampoco habría malgastado un millón de euros en un sistema informatico hace un año que sigue sin funcionar y que pone en riesgo el funcionamiento interno policial incluyendo la expedición de DNIs y pasaportes a la ciudadanía, ni habría comprometido la adquisición de chalecos que no han pasado los preceptivos controles de calidad, como el sindicato pondrá en evidencia.
Tras la votación conjunta de Cosidó y otros sindicatos en el Consejo de Policía contra el conflicto colectivo vino una manifestación convocada por el SUP, el 17 de noviembre, la mas grande que se ha hecho nunca por policías, y unos días después, el 23 de noviembre, difundimos en rueda de prensa el informe borrador de UDEF sobre presuntos hechos delictivos de políticos catalanes. Cosidó ya estaba con sus cañones apuntando al SUP por la denuncia de sus ataques a los policías que investigaban el ático de Marbella, por nuestras críticas a su actuación, por la oposición a la ley de Personal, la Declaración de conflicto y la manifestación, y decidió que era hora de empezar a “disparar” en forma de expedientes y que sus sindicatos comparsa y algunos mandos lo hicieran presentando querellas. Se trataba de callar al SUP a cualquier precio.
En esta situación llegamos al congreso del pasado mes de junio y en coherencia con la mala relación mantenida con Cosidó este no fue invitado a pesar de enviar mensajeros diciendo que si lo invitamos acudiría. Él blandia el expediente disciplinario por haber difundido el borrador de la UDEF como espada de Damocles intentando hacer variar nuestra posición, y alguien muy cercano a él llegó a insinuar que si iba al congreso y hablaba quizás era el foro adecuado para anunciar que el expediente sería archivado. Queria aparecer como lo contrario de lo que es y después de haber cometido una felonia, intentar arreglarlo y quedar además como una buena persona. En su habitual comportamiento mezquino prohibió a los miembros de la Junta de Gobierno acudir y hizo gestiones con todas las autoridades invitadas del PP y de Interior para que no acudieran. Y fracasó. Otra vez.
La instrucción del expediente disciplinario por la difusión de los documentos de la UDEF está hecha por un inspector que cometió tantos errores en la misma que parecía ser un amigo, porque con esos errores se invalidará todo lo instruido. Un gañan que fue puesto ahí para imponer en el expediente la resolución que le dijeran, ya fuera el archivo o 10, 30 o 45 días, como obediente lameculos de esos que buscan todos los políticos sin escrúpulos en Interior para pasarse la legalidad por el forro de sus caprichos. Un informe de Asuntos Internos, que consta en el juzgado de Barcelona donde se instruyó querella contra periodistas de EL MUNDO, dice que es posible que el informe borrador de la UDEF existiera y señala que hacer borradores para presentar a los jefes es la forma habitual de trabajar, siendo normal que no lo reconozcan en la UDEF porque podrían incurrir en un delito los autores; además es evidente que era un acto sindical, no profesional, y que antes de a los periodistas el informe se entregó en el juzgado de Bacelona. Pero la legalidad, la justicia, la evidencia no sirven ante Cosidó; llegaron a plantearse en la secretaría de Estado –el anterior titular- la noche del 22 de noviembre (la rueda de prensa se convocó para el viernes 23) que si se entregaba el documento antes de llevarlo al juez procederían a mi detención. ¿Qué pretendian esconder? ¿tal vez que un informe muy similar fue entregado a los fiscales del “caso Palau” por dos mandos policiales un mes antes?
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dice a Cosidó que deje sin efecto la sanción impuesta y le obliga a rectificar hasta que se pronuncien en el recurso por la vía urgente de protección de derechos fundamentales, porque no es que Cosidó abuse de su cargo con la sanción impuesta sino que además aprovechó la misma para convocar un pleno del Consejo de Policía el 25 de julio al que no me convoca alegando que estoy suspendido. Los demás vocales del SUP tampoco asistieron y se ha recurrido por la vía de protección de derechos fundamentales porque existe jurisprudencia (sentencias del Tribunal Supremo) señalando que a los cargos electivos no puede impedirseles su tarea en el desmepeño de las funciones para las que han sido elegidos salvo por sentencia judicial firme. Porque si se permitiera lo que ha hecho Cosidó, con su falta de escrúpulos tendría un consejo de policía a su medida y no estarían alli frente a él los que hayan elegidos los policías para defender sus derechos (aunque en junio pasado 10 vocales de tres sindicatos votaron a favor de Cosidó y en contra de las propuestas del SUP). Cosidó no es ajeno a que la sanción no haya sido solo de 45 dias –del 28 de junio al 13 de agosto- sino que en agosto tampoco me han abonado el salario que me corresponde seguramente por cuestiones burocráticas. Pellizcos de monja de un director resentido, de alma negra, políticamente ináne y con una mentalidad propia de las cavernas más oscuras de la dictadura. Podría haber sido un ministro mediocre con Franco del cupo del Opus, pero que sea director general en democracia califica al PP, el presunto partido de centro instalado en la extrema derecha ultrareligiosa y radical.
Cosidó no se ha enterado que por muchos expedientes –tengo dos más- o querellas -3 o 4 pendientes- interpuestas por mandos obedientes que hagan no variará la posición del SUP ni un milímetro; nunca nadie, ni los militares con su Código de Justicia Militar lo consiguieron por la fuerza en el pasado. Y quizás por ello ahora, en otro intento de mancharnos y compararnos con "sus" sindicatos obedientes quiere recompensar que soy el vocal del Consejo de Policía más antigüo con una medalla, que ya le he dicho que se la cuelgue en salva sea la parte porque tengo muchas medallas (cuatro veces como objetivo en listas de ETA, 43 querellas y 11 expedientes disciplinarios) ganadas con merecimiento como para aceptar una que es un ejemplo de corrupción doblemente, por concederse como se conceden y por venir de quien viene. Casualmente (¿o no?) esto de premiar a sindicalistas con medallas lo propuso hace unos años en el Consejo de Policía el líder de UFP-UGT, fue bien recibido por la Administración (gobernaba el PSOE) y los vocales del SUP allí presentes se negaron y se acabó el debate.
Es creencia generalizada en la Policía que este es el peor director general de la Policia que tenemos en democracia. Su nefasta gestión, su derroche del dinero de todos con viajes habituales en el avión policial mientras quita el salario a policías por lesiones en acto de servicio, decisión de su exclusiva responsabilidad, le señalan como una persona sin escrúpulos, sin responsabilidad, sin respeto por aquellos que dirige y políticamente bastante mediocre. Y el SUP y la justicia lo está poniendo en su sitio.
