viernes, agosto 21

ESTADÍSTICAS - MANIPULACIÓN

1.- Ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades.
2.- Estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común, para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos.

La estadística es esa "ciencia" que puede asegurar que cada español consume al año 300 gramos de caviar, cuando la realidad es que unos españoles consumen kilos y otros no lo consumen nunca.

Trasladada esta "ciencia" a los datos de criminalidad, identificaciones, delitos, etc. la manipulación que se produce sobre los parámetros aplicados, las interpretaciones y criterios sobre cómo elaborar la estadística producen resultados que nada tienen que ver con el fin de la estadística policial, que es saber qué, donde, como y cuando pasan hechos delictivos para poder prevenirlos y evitarlos, y cuántos se esclarecen para mantener o mejorar la eficacia policial, sino que se dirige a transmitir una realidad virtual a la opinión publica que demuestre una eficaz gestión política de la seguridad. Y no existe ningún partido político que gobernando el gobierno central, comunidades autónomas o ayuntamientos se sustraiga a esta forma de entender y usar la estadística.

Un claro ejemplo de ello es el dato respecto a que no hay denuncias falsas en casos de violencia de género porque solo el 0,10% de mujeres son condenadas por ello. Un dato interesado porque de cada millón de denuncias por violencia de género 800.000 aproximadamente son archivadas, lo que significa que a) hay 800.000 denuncias falsas, o b) hay 800.000 maltratadores impunes. 

Lo cierto es que los jueces archivan las denuncias sin que los denunciados puedan actuar contra la denunciante al no producirse el sobreseimiento y la declaración de inocencia, entre otras cosas por precaución del juez, que no quiere que su error quede en evidencia si alguien comete un crimen después de haber sido declarado inocente.

La ley de Violencia de Género es necesaria pero carece de los medios mínimos necesarios para su aplicación efectiva, no solo para la justificación de los responsables políticos; carece, por ejemplo, de una comisaría general de violencia de genero en la Policía que organice el trabajo, dedique los recursos humanos y materiales y garantice que se hace lo que dice la ley, que es investigar cada denuncia hablando con la denunciante, vecinos, conocidos, recabando pruebas... como se ha hecho por ejemplo en el caso del eurodiputado del PSOE López Aguilar, una investigación exhaustiva que no se hace salvo casos excepcionales como ha sido este, por razones que no procede comentar pero que tienen que ver con su condición de diputado socialista. Con investigaciones como esta seguro que muchos maltratadores que ahora quedan en libertad serian condenados, y que muchas mujeres que practican la denuncia preventiva para tomar ventaja en la separación, también.

En el caso de las estadísticas policiales, hace unos días el director general de la Policía, en su comparecencia de debate de los PGE de 2016 ha facilitado datos, como que desde la entrada en vigor de la ley "Mordaza" las identificaciones se han reducido un 30% y lo ha planteado como algo positivo, lo que resulta difícil de entender si ha mantenido durante tres años la política de práctica policial operativa de máxima intervención sobre la ciudadanía, impuesta progresivamente por el PSOE desde la aprobación de la "Ley Corcuera" o de "la patada en la puerta" de 1992, y que alcanzó el paroxismo en el año 2009 con más de 11 millones de personas identificadas en España.

Ha dicho el director general de la Policía que en el año 2012 se produjeron 45.567 identificaciones y el pasado año 2014 han sido 38.267. Y según qué se considere una identificación Cosidó es un mentiroso o dice la verdad. O dice una verdad a medias, que a veces es la peor mentira. Si se considera identificación solo las de aquellas personas que son trasladadas a la comisaría a tales efectos, Cosidó puede llevar razón; si consideramos identificación que un policía pida su documentación a un ciudadano en la calle, parque, estación de autobús o tren... para conocer su identidad, entonces miente. Si una identificación es solo cuando se traslada a un ciudadano a comisaría, ¿cuando un policía pide a un ciudadano en la calle su documento nacional de identidad, qué acto está llevando a cabo? Y desconozco si en esas cifras facilitadas por el DGP se cuentan los datos de españoles trasladados a comisaría o si se han incluido a extranjeros, que tienen un libro de registro distinto aunque a veces, cuando son identificados varias veces en una semana, unas se anotan en el libro de extranjería y otras en el de la ley 1/92 (ahora ha cambiado el sistema y la ley a raíz de la 4/2015 o "Mordaza") para que no sea tan escandaloso varias identificaciones en pocos días. Las personas identificadas en España el pasado año han sido varios millones y es un dato que se puede solicitar por cualquier parlamentario. Y además, Cosidó aportó los datos de identificaciones realizadas por la Policía Nacional, no por todos los Cuerpos de seguridad, estatales, autonómicos y locales.  

En esta materia de Interior nunca los partidos políticos han prestado mucha atención a los derechos civiles de la ciudadanía, más centrados en aquellos casos polémicos que puedan utilizar en su beneficio político. Porque si tuvieran interés alguien habría preguntado a Cosidó cuantas personas en España han sido requeridos por un policía, les ha solicitado la identificación en la calle tomado nota de sus datos y pedido antecedentes, en un trámite que puede llevar entre 5 y 15 minutos.  Y no existe control alguno para saber cuantos de estos ciudadanos son cacheados ni el resultado de ello. El uso que se ha hecho de la ley "Corcuera" ha sido de abuso contra los derechos civiles de la ciudadanía, y el que se está haciendo de la ley "Mordaza" abunda en esa vulneración.  

Lo mismo ocurre con las estadísticas de criminalidad. Somos un país con la ratio de preso/habitantes más alta o de las más altas de Europa, y de los países con la ratio delitos/habitantes de las más bajas de Europa. ¿Cómo son posibles estos datos contradictorios? sencillamente porque las estadísticas están manipuladas. Y lo están por este Gobierno, el anterior y los anteriores, porque cada gobierno que llega introduce un nuevo criterio para que las estadísticas le sean favorables. Cambian la realidad virtual, los datos, pero no importa si mejoran o no los hechos. 

Lo del "delito continuado" se inventó hace unos  años para que si hay tres atracos a gasolinera en corto espacio de tiempo, o tres tirones de bolsos, o una estafa a 40 personas, o un robo en 50 coches de un garaje, o robos y daños a 20 coches en una calle, cada uno de dichos hechos no se computa como un hecho delictivo sino que se computan como un hecho cada grupo de ellos; los 50 coches del garaje son un delito, y los 20 coches otro, y los tres tirones otro y los tres atracos otro, y las 40 estafas otro, con lo que 116 hechos delictivos se convierten en cinco para la estadística. Esto explica las diferencias numéricas entre los datos en la memoria de Interior y las de la fiscalía general del Estado. 

Y sin entrar en si muchos hechos se califican como delitos o faltas (de hurto, por ejemplo los "tirones" si no hay heridas en la víctima hasta hace poco), "trampa" habitual en todos los centros estadísticos porque las faltas no se computan. Ahora el problema es que las faltas han desaparecido y pasan a ser delitos leves y los estadillos de grabación solo contemplan delitos, sin distinguir si graves, menos graves o leves, (por eso se pasaba todo lo que se podía de delito a falta, porque eso no computaba) con lo que si se incluyen los ahora delitos leves que antes eran faltas habrá un brutal crecimiento de la criminalidad pero solo a efectos estadísticos, por incluir como delitos (leves) todo lo que antes, como faltas, no se incluía. 

Ocurrió al revés, bajaron mucho los delitos de lesiones, y menos, pero también los de muertes, cuando se decidió que los partes médicos de heridos en reyertas, peleas, etc. en vez de a las comisarías se remitieran a los juzgados de guardia, con lo que se sustrajeron de la estadística policial. Sobra decir que el Gobierno de turno no explicó esto a la ciudadanía y "vendió" la mejora de la eficacia policial. 

También se aplica la técnica de exigir todo tipo de documentación o datos para presentar una denuncia, hasta el extremo de disuadir a los denunciantes, o de tener a pocos policías en las Oficinas de Denuncia para que no se hagan las denuncias de asuntos de menor importancia al tener que esperar mucho tiempo para formular la denuncia; o exigirle a una persona que va a denunciar que le han robado la batería que lleve el coche a la comisaría (se supone que con una grúa) para tomar las huellas antes de recoger la denuncia. El resultado es una denuncia que no se presenta y no existe a efectos de estadística policial.

Sería interesante ver los cambios en criterios para conocer los muertos en accidentes de tráfico o por homicidios o asesinatos, porque si se computan los que mueren en el acto de la agresión o el accidente el resultado es distinto a si se miden los fallecidos en el acto y 24 horas después, o a los fallecidos en el acto y como consecuencia del hecho aunque sea semanas o meses después. Los datos varían sustancialmente.

En Europa existe un registro donde los países deben aportar sus estadísticas, Eurostat, pero no existen parámetros comunes que obliguen a recoger los datos contenidos en las mismas con los mismos criterios. Y mientras eso no se haga así, mientras no haya transparencia en los criterios para elaborar las estadísticas en España seguirán apareciendo datos inexplicables como que en uno de los países presuntamente más seguros de Europa y donde menos delitos se cometen exista la tasa de presos más alta del continente. Las dos cosas a la vez no pueden ser verdad.