Nicolás Alberto Masi es miembro de la Policía de Buenos Aires y lleva muchos años luchando por la legalización de su sindicato, SIPOBA. Mañana día 11 se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Buenos una vista en la que se puede decidir su legalización. Hace unos años estuvo allí Pepe Tejero, siendo secretario de organización del SUP, entrevistándose con autoridades y medios de comunicación abogando por la legalización de Sipoba, en un momento en que la represión era más dura y algunos promotores del sindicato recibían palizas de sus propios compañeros.
Nicolás Alberto quería que Pepe Tejero estuviese en Argentina el día 11 pero no se tuvo la fecha con antelación suficiente; después intento mi comparecencia desde España por videoconferencia pero a falta de 5 días no era posible. Finalmente el día 7 nos solicito un escrito a la mayor brevedad posible para disponer de él con tiempo que les permitiera estudiarlo, y de ahí salió un escrito como el que a continuación se expone.
José Manuel Sánchez Fornet, policía en activo del Cuerpo Nacional de Policía de España, con carné profesional 056596, y Documento Nacional de Identidad xxxxxxxx, cuyos datos profesionales son:
Ingresó en la Policía estatal de España en enero de 1980. Desde 1982 fue militante en la clandestinidad del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Entre 1987 y 2015 fue vocal del Consejo de Policía, órgano paritario de representación y conciliación en casos de conflicto colectivo que preside el ministro de Interior, quien designa a los miembros de la Administración, mientras los representantes de los policías son elegidos cada cuatro años en elecciones de todos sus miembros en cada una de las cuatro escalas existentes. Desde 1992 hasta 2013 fue secretario general del Sindicato SUP y entre 2013 y 2014 presidente de honor del mismo. Desde 2011 es presidente de la Fundación de Estudios de Seguridad y Policía, FESyPOL, que imparte cursos de capacitación en distintas áreas policiales a personal de los distintos cuerpos de seguridad (policías del Estado, policías autonómicas y policías locales, personal de protección civil y emergencias, bomberos y seguridad privada), y estudia los fenómenos delincuenciales y las políticas de seguridad pública que se aplican en España. Desde octubre de 2014 es también portavoz del Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción, donde se reciben y canalizan a los organismos pertinentes denuncias de prácticas corruptas en los cuerpos de seguridad, organismos públicos, actividades políticas y en cualquier otro ámbito en que se produzca.
EXPONE:
Que se ha recibido petición de nuestro colega argentino de la Policía de Buenos Aires Nicolás Alberto Masi, respecto a exponer por escrito a) la evolución de la policía de la dictadura a la democracia y los cambios producidos en ella; b) el encaje de la jerarquía, la disciplina y la eficacia de la policía civil y democrática tras renunciar a los procedimientos del pasado en la dictadura, y c) beneficios que ha obtenido la ciudadanía y la sociedad en general del proceso democratizador de la policía en España y la existencia de sindicatos en la misma.
Para responder a las cuestiones planteadas podría recurrirse a estudios existentes al efecto y noticias de prensa, pero dada la premura de tiempo se expondrán las líneas generales que considero merecen ser destacadas.
a a) Evolución de la Policía de la dictadura a la democracia y sus cambios.
LA REFORMA POLÍTICA EN ESPAÑA O TRANSICIÓN
El 15 de diciembre de 1976, jueves, se aprueba en referéndum la Ley para la Reforma Política que permitía iniciar los cambios legales que fueron conocidos como transición de la dictadura a la monarquía parlamentaria. Dos días después, el sábado 17 de diciembre, una manifestación de unos 400 miembros de la Policía Armada, la Guardia Civil (cuerpos militares) y algunos miembros del Cuerpo general de Policía (cuerpo civil que trabajaba sin uniforme) se manifestaron en la Plaza de Oriente de Madrid (donde comparecía habitualmente el dictador Franco) en demanda de mejoras profesionales. Desde allí caminaron hasta la Puerta del Sol donde un general (Chicharro) trató de disolver a los manifestantes con insultos y fue agredido con un bofetón. Numerosos participantes fueron encarcelados y expulsados, y aunque esta ha pasado como la primera manifestación de actividad sindical tras la dictadura lo cierto es que tuvo otras motivaciones ocultas.
Los policías y guardias civiles recibían un pésimo trato de sus mandos, y en especial sus familias en la atención de la sanidad militar, donde la jerarquía se imponía a la gravedad del enfermo o a cualquier sistema de organización, de tal forma que si las mujeres y/o hijos de policías estaban esperando una consulta médica los familiares de los mandos podían llegar sin tener cita previa y pasar delante. Había otras razones objetivas que habían creado malestar, además de la expuesta, como el trato despótico de los mandos militares a los policías, a los que arrestaban durante días sin permitirles salir de los cuarteles por cualquier nimiedad, pero esa manifestación dos días después de aprobarse el inicio del cambio político y la implicación en la misma de miembros de la brigada político-social (la sección política de la Policía del régimen), hacen creer a historiadores que esa movilización fue un intento de frenar los cambios que se aproximaban y que los policías afines al régimen querían evitar a toda costa.
Unos meses después un grupo de cinco policías en Sevilla crea una célula clandestina para defender, bajo el lema “Policía civil al servicio del pueblo” la desmilitarización de la policía y el derecho de sus miembros a estar en sindicatos, como ya ocurría en todos los países del entorno europeo (Francia, Italia, Alemania, Suiza, Bélgica, Portugal, Noruega, Suecia…). Eran cinco miembros del Cuerpo de Policía Armada, (conocidos como los grises por el color de su uniforme), cuerpo que en 1978 pasó a denominarse Cuerpo de Policía Nacional y cambió su uniforme del gris al color marrón, y en 1986 pasó a ser Cuerpo Nacional de Policía, en este caso fusionándose con el cuerpo civil de Policía, llamado entonces Cuerpo Superior de Policía y antes Cuerpo General (de carácter civil que trabajaban sin uniforme). Unificados estos dos cuerpos policiales en un híbrido entre lo civil y lo militar, un instituto civil armado pero con legislación de funcionarios públicos civiles y algunas peculiaridades y recortes en sus derechos laborales y profesionales, ello mejoró la coordinación y eficacia policial. Siguió existiendo como cuerpo militar de seguridad con el mismo uniforme y nombre la Guardia Civil, reminiscencia de los modelos de seguridad napoleónicos que se impusieron en algunos países de Europa en su tiempo y que permanecen todavía en España, Italia y Francia (han desaparecido ya en Bélgica y Austria). La Guardia Civil estaba configurada como policía rural pero a partir de 1986 y de la ley de unificación de las dos policías que existían está en competencia con la Policía unificada, y aunque la ley orgánica de 1986 establece que las ciudades son competencias de la Policía Nacional, la Guardia Civil tiene miles de efectivos trabajando en todas las ciudades mientras en las zonas rurales los índices de criminalidad triplican a los de las ciudades porque están abandonadas por el Cuerpo que debería patrullarlas. Su estructura y funcionamiento militar lo hace un Cuerpo rígido, nada permeable y actúa con mucha autonomía respecto del poder político, como si fuera un Estado dentro del Estado, lo que permitió el intento de golpe de Estado del 23-F 1981.
Desde 1977 esos policías de Sevilla fueron contactando con otros policías en otras ciudades y con la llegada al Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en octubre de 1982, su trabajo en la clandestinidad vio un cauce de diálogo abierto que concluyó con la legalización, el 21 de noviembre de 1984, refrendado con la ley orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986. En 1978, a los que entonces eran policías civiles de investigación y sin uniforme ya les autorización a crear asociaciones profesionales, pero la Policía Armada, militar, que siguió siéndolo a pesar de cambiar de nombre y uniforme en 1978 a Cuerpo de Policía Nacional para cambiar el nombre y uniforme de la dictadura, fue militar hasta 1986, aunque con la legalización en 1984 de los sindicatos se dejó de aplicar el Código de Justicia Militar y se aplicó transitoriamente el régimen de los policías civiles ya referidos con anterioridad.
Aprobada la ley orgánica de 1986 que consagraba la unificación de los Cuerpos de Policía Nacional y Cuerpo Superior de Policía en uno de carácter civil, los miembros del Cuerpo Nacional de Policía se homologaban en parte con los derechos de los policías de la mayoría de países de la Unión Europea, si bien por las resistencias propias de poderes fácticos militares, monárquicos, franquistas y políticos de la época los policías de España solo pueden estar afiliados a sindicatos formados por policías de su mismo Cuerpo, y no pueden afiliarse a sindicatos de trabajadores como sí tienen legalmente autorizado policías de Alemania, Francia, Italia… y otros países europeos, y también los miembros de las policías de comunidades autónomas y ayuntamientos, las policías locales-municipales.
Desde 1987 se vienen celebrando elecciones al Consejo de Policía, a la que concurren los sindicatos presentando a sus candidatos y sobre el resultado se determina la mayor, menor o ninguna representatividad de quienes concurren; en ese órgano se debaten las normas legales de aplicación a los policías, los expedientes disciplinarios de carácter grave y se convoca en caso de que se produzca por algún sindicato una Declaración de Conflicto Colectivo que se resuelve en dicho órgano. A pesar de la existencia de este órgano los sindicatos han convocado medidas de presión cuando ha habido desacuerdo, con concentraciones o manifestaciones en distintas provincias o de ámbito nacional, habiéndose celebrado la última en Madrid en noviembre de 2012 con más de 10.000 policías. Los policías son un colectivo de funcionarios que en su tiempo libre tienen derecho a manifestarse como los trabajadores de cualquier empresa o los funcionarios. Los policías que asisten a manifestaciones están fuera de servicio y deben hacerlo sin armas, y legalmente tienen prohibido el derecho de huelga o cualquier medida sustitutiva de la misma.
La Policía uniformada militar que existió hasta 1984 tenía sometidos a sus hombres (las mujeres entraron en la academia en marzo de 1984 y la primera promoción juró el cargo en 1985) a sistemas de trabajo de 24 horas continuadas por 24 de descanso, lo que restaba mucho al rendimiento a partir de una jornada lógica, sin derechos, con muchas horas de estancia en cuarteles con bares dentro lo que fomentaba el alcoholismo, y el cambio a la policía civil fue una notable mejora del servicio que se prestaba (pasando de 24 horas continuadas a turnos de 8 horas) y se disparó la eficacia en cuanto a reducción de delitos, creciendo también de forma muy importante el número de delitos esclarecidos. También en esos años se produjo un crecimiento notable de las policías locales, dependientes de los ayuntamientos, que hoy son más de 3.000 Cuerpos y casi 70.000 policías, y cuyos miembros sí pueden estar afiliados a sindicatos de trabajadores sin que les afecte el recorte de ese derecho que solo es para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía (la Guardia Civil sigue con carácter militar y sus miembros no tienen derecho a constituir sindicatos). Los miembros de los Cuerpos de policía propios de comunidades autónomas (Ertzaintza en el País Vasco, Mossos d´Ésquadra en Cataluña, y Policía Foral en Navarra) tienen también derecho a estar afiliados a sindicatos propios o de trabajadores. Lo cierto es que quienes pensaban que al cambiar el Cuerpo de policía del Estado de militar a civil y que sus miembros tuvieran derechos sindicales iba a suponer un detrimento en la seguridad de la ciudadanía pronto comprobaron que ocurría justo todo lo contrario y que la policía funcionaba infinitamente mejor.
Respecto de la Guardia Civil, el cuerpo militar existente en España también hubo movimientos clandestinos que querían desmilitarizar y disfrutar de derechos sindicales (Sindicato Unificado de Guardias Civiles, Asociación Democrática de Guardias Civiles) que fueron cercenados con dureza por los gobiernos del PSOE y los mandos militares de la institución, resultando diversos dirigentes de dichos movimientos expulsados o jubilados tras internamiento en psiquiátricos. A pesar de ello, fue la justicia quien, en 1994, legalizó la primera asociación profesional (sin carácter reivindicativo y por lo tanto no sindicato) en la Guardia Civil, llamada “asociación 6 de julio”; a la vista de ello pocos meses después el Gobierno autorizó la inscripción legal de la Asociación Coordinadora Pro-perjudicados por la Gestión de Luis Roldán, COPROPER, llamada así por el célebre director general corrupto del Cuerpo, que pocos meses después se fusionó con la asociación 6 de Julio y es el origen de las actuales asociaciones profesionales en la Guardia Civil. En ese proceso de conseguir el derecho asociativo una sentencia de la Audiencia Nacional de 1998 dice que el derecho de asociación en la Guardia Civil es “altamente saludable”, sin cuestionar su carácter militar, y antes, en 1993, el Tribunal Constitucional ya había reconocido el derecho de los miembros de la Guardia Civil a constituir asociaciones profesionales. El Gobierno actual del PP como el anterior del PSOE (cuestionados ahora por un amplio espectro de la sociedad) no han dejado desde entonces de legislar contra esos derechos de los miembros de la Guardia Civil, a los que cada vez reconocen menos derechos y militarizan más, sin preocuparles que sea el colectivo de funcionarios y trabajadores con más alta tasa de suicidios del país.
b) el encaje de la jerarquía, la disciplina y la eficacia de la policía civil y democrática con sindicatos y asociaciones.
LAS POLICÍAS CIVILES SON TAN DISCIPLINADAS O MÁS QUE LAS MILITARES
Ya se ha dicho anteriormente que la eficacia y por lo tanto la mejor protección y seguridad a la ciudadanía desde la Policía mejoró considerablemente con su democratización y con la existencia de sindicatos. Incluso ahora, los parámetros de eficacia de la policía civil con sindicatos son muy superiores a los de la Guardia Civil militar y con asociaciones muy restringidas en su capacidad de influir en el funcionamiento interno del Cuerpo.
En la Guardia Civil se ha establecido el mismo sistema de elecciones cada cuatro años al Consejo de la Guardia Civil que en la Policía; este órgano también lo preside el ministro y tiene un funcionamiento similar al de la Policía.
En la Policía se regularon comisiones de seguridad y salud laboral, que se reúnen en las jefaturas superiores y con delegados en las provincias, que plantean la situación de los medios materiales, coches, dependencias, equipos de protección individual… y aunque los delegados no son estrictamente delegados sindicales sí es un avance en participación de los policías en sus condiciones de trabajo.
También se regularon reuniones trimestrales en las comisarías provinciales y jefaturas superiores entre los responsables de los sindicatos que han obtenido la condición de representativos y los mandos de las mismas, se debaten los problemas, se levanta Acta y se remiten al órgano central para su revisión. Y algunas veces, pocas, hasta se resuelven los problemas que se plantean.
En definitiva no ha habido ninguna merma de la disciplina, ni en la jerarquía, ni existe conflicto entre el ejercicio del mando en la actividad operativa y la existencia de sindicatos, porque estos plantean sus problemas ante los mandos competentes o las autoridades políticas según el ámbito y la importancia del asunto a tratar, pero en el trabajo diario no existe la mínima merma o incidencia negativa en la actividad. En la Policía española la tasa de afiliación es superior al 90%, y la mayoría de los mandos están afiliados también a los distintos sindicatos para que los proteja y defienda en caso necesario.
c) beneficios que ha obtenido la ciudadanía y la sociedad en general del proceso democratizador de la policía en España y la existencia de sindicatos en la misma.
POLICÍA CIVIL AL SERVICIO DEL PUEBLO, POLICÍA CON DERECHOS.
Una policía que trabaje en democracia tiene que respetar escrupulosamente los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Unos funcionarios que tengan esa misión ejercerán mucho mejor la misma si ellos en su trabajo tienen también esos mismos derechos.
Los policías que carecen de derechos como el de asociación o sindicación son más reacios a respetar y defender los derechos de la ciudadanía y suelen plantear prácticas de conducta poco compatibles con una policía plenamente democrática.
La eficacia de los Cuerpos de Seguridad contra el delito mejora si sus miembros disfrutan de derechos como los que garantizan, y al mismo tiempo al disponer de distintos sindicatos y asociaciones se crean cauces de denuncia de prácticas corruptas y abusos de policías que no cumplen con la debida profesionalidad con su misión.
La policía civil es más flexible, eficaz, centrada en el servicio a la ciudadanía, más permeable a la evolución que demanda la sociedad adaptándose a la misma, y la policía militar es más recia, inflexible, más impermeable y opaca frente a la ciudadanía.
En España los sindicatos y asociaciones profesionales, tras unos primeros años conflictivos han evolucionado (demasiado según muchos policías) y hoy son prácticamente sucursales de empresas de servicios que compiten por ofrecer el mejor seguro contra sanciones económicas o cursos de formación en especialidades y para ascenso.
Por lo antes expuesto podemos concluir que la participación de los funcionarios en los asuntos que le afectan en su trabajo, determinar las condiciones salariales del mismo, jornada laboral, estatuto profesional… suponen una evidente mejora del colectivo policial y una mayor eficacia y mejor atención a la ciudadanía, incrementando la seguridad y la reducción de los delitos a la vez que se produce un acercamiento entre la Policía y el pueblo.
Hoy en España, teniendo sus cuerpos de policía civil y militar sindicatos y asociaciones, y el ejército también asociaciones profesionales, son desde hace años los tres colectivos mejor valorados por la ciudadanía, y todavía queda, ya próximo a jubilarse, algún policía que recuerda que tenía que ocultar su uniforme gris por el rechazo de la ciudadanía y ocultar a sus vecinos su profesión, mientras hoy es conocido en su barrio, ser policía es como cualquier otra profesión incluso de prestigio, y aunque en los últimos años por la crisis y los conflictos sociales la imagen también se ha resentido, eso no ha supuesto que la Policía y la Guardia Civil se bajen del primer y segundo lugar como instituciones más valoradas del país. La aprobación ahora de la conocida como “Ley Mordaza” que sustrae al control judicial sanciones económicas muy elevadas y elimina faltas del Código Penal que pasan a sancionarse por la Policía y no por los jueces son un nuevo reto que los policías demócratas de todos los cuerpos policiales esperan superar sin merma en el respeto que han conseguido por parte de la mayoría de la ciudadanía.
